La forma en que se está procesando la nominación el candidato priista en Sinaloa, y  en los doce estados donde este año se elegirá gobernador o gobernadora,  es una muestra del regreso del viejo presidencialismo.
Sí, el viejo presidencialismo al estilo de Luis Echeverría o José López Portillo. O, ¿cómo se le puede llamar a un régimen de partidos, donde en la ley están previstos distintos métodos democráticos de elección interna, pero la decisión última la toma el Presidente de la República en su partido?
Sí, justificaran los priistas, pero luego de un proceso intenso de consultas. Como sea, es ir para atrás. Uno de los propósitos de las  reformas electorales, al menos en el papel, ha sido el fortalecimiento del sistema de partidos.
Ahí está la recién aprobada Ley de Partidos donde expresamente se señalan los mecanismos participativos de elección de dirigentes y candidatos.
Sin embargo, ante la dificultad de que los procesos de elección interna en el PRI salgan sin rupturas, lo cual siempre es un desafío en los partidos democráticos y que vale la pena transitar en beneficio del propio sistema, se reestablece la costumbre de que sea el Presidente quien decida por los militantes.
Es una anomalía considerando que los partidos tienen corrientes de opinión por lo tanto elegir candidatos es un ejercicio consustancial al debate público.
Pero, peor, es que el presidencialismo no se agota en el PRI, sus decisiones provocan las de los otros partidos. Al menos en Sinaloa. Véase que mientras el PRI tiene diez aspirantes a la nominación de gobernador y están en actividad rompiendo todas las reglas formales e informales para posicionar un nombre, una imagen, un discurso el resto de partidos no tiene uno con la misma voluntad de ser nominado candidato.
Y la explicación es sencilla, ni el PAN, ni el PRD o el PAS les alcanza para tener un candidato, ya no con posibilidades reales de ganar, sino de competir con cierta dignidad ofreciendo su programa de gobierno.
Entonces, la realpolitik recomienda esperar a que los tricolores decidan para que en función de ello plegarse o constituir una alianza de preferencia con el priista que no sea bendecido por la mano del Gran Tlatoani de traje, corbata y copete.
Y, es en esa doble lógica, donde lo alcanzado en varias reforma electorales se vuelve polvo. Me pregunto, ¿para qué tantas regulaciones en el sistema de partidos cuando todo termina siendo decisión de un hombre que tiene el privilegio del dedo?  Que cuando dice este aspirante es, es.
Nadie lo discute esto como antidemocrático sino se acepta dócilmente  con cierta dosis de humillación pública. Esperan solo que todo el afán de aspirar se traduzca en algún beneficio político propio y de su grupo. Es el momento del mercadeo de posiciones políticas y burocráticas de amplio espectro. La antesala de los gobiernos de cuotas y cuates que se han instalado como una realidad en nuestro escenario político con todo los efectos perniciosos que provoca en la vida pública.
Al llegar a este punto no puedo dejar de volver la vista al triunfo aplastante de Malova sobre Jesús Vizcarra en 2010. Aquellos 54 mil votos de diferencia que llevaron al poder a un hombre que renunció a administrar ese gran capital político para pensar que podía gobernar con desplantes mercadológicos para retrasados mentales.
Un día de luchador enmascarado, otro de carnicero, uno más de born to be wild  montado en un caballo de acero y así hasta el desfiguro total.
Se olvidó que la legitimidad política, si bien se obtiene por los votos obtenidos, se conserva a través de las acciones de gobierno. Del impacto social para las grandes mayorías. No repartiendo tajadas de gobierno entre los poderes fácticos y amigos. En ese momento se acabó el cambio prometido.
Hoy, esa experiencia amarga para todos  los sinaloenses, es la mayor amenaza que existe y en buena medida la que habrá de resolverse con la decisión que tome Peña Nieto en estos días. Un estado que sigue teniendo una economía primaria y terciaria. Que participa con menos del 2 por ciento al PIB. Con una gran deuda pública y donde están quebradas las finanzas estatales y municipales. Que cerrara con una cifra de violencia superior a la del gobierno de Aguilar Padilla.
En definitiva, si en está ocasión se reeditan los viejos mecanismos del presidencialismo en la selección del candidatos, quizá es la mejor solución que tienen los priistas para mantener el control del redil tricolor pero más allá de lo político se encuentran las necesidades de las mayorías.
Y, para ello, están las políticas económicas y fiscales peñistas que este año afectaran sensiblemente los ingresos de todos.
En fin, el presidencialismo resuelve el problema político, pero no lo social.