El acto despertó sospechas desde la misma entrega, súbita, furtiva, desconcertante, de los recursos del fideicomiso que, a decir verdad, la mayor parte de los maestros que integran la Sección 27 del SNTE, desconocían.
De pronto fueron vistas largas colas en las sucursales de Santander, de maestros que no sabían ni siquiera qué iban a cobrar ni cuánto. De lo que estaban seguros es que el Gobierno del Estado y el sindicato les darían un dinero que tenían en un fideicomiso pero la mayoría desconocía de qué se trataba y cuánto tiempo tenía funcionando. Sin cuentas de por medio ni reclamos de ninguna índole, en medio de la algarabía de las fiestas decembrinas, todos echaron más nueces y vinos a la canasta y que venga la fiesta.
Las preguntas vinieron después, ya curadas las crudas: ¿Qué es eso del Fideicomiso Sistema de Ahorro y Préstamo (SIAP)? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién, por quiénes? ¿Con qué propósito? ¿Por qué se canceló de pronto? ¿Quién tomó la decisión? ¿Cómo se repartió el recurso y con qué criterios?
La sección sindical había dado aviso a sus agremiados a través de un comunicado que subió a su página web el 18 de diciembre, donde les decía que “por cuestiones de centralización de la nómina”, se pagaría a los trabajadores los recursos del fideicomiso, “de acuerdo a la antigüedad”. El mismo comunicado fue subido a su cuenta de Facebook por el dirigente sindical, Jesús Salomé Rodríguez Manjarrez.
Escueto el anuncio, no dieron más razones.
Y, efectivamente, el gobierno federal había decretado la centralización de la nómina magisterial, y esta clase de fideicomisos existían en cuatro o cinco entidades más. Solo que en ninguna de ellas se repartió el dinero, porque los fondos se usaban (y se siguen usando en los otros casos) para resolver problemas de los agremiados, como préstamos, ayuda para gastos funerarios, etcétera. Fue solo en Sinaloa donde se puso fin al fideicomiso y se repartió el dinero, a pesar de que la recomendación del CEN del SNTE fue que se conservara el fideicomiso y se administrara por el sindicato.
Por eso el CEN del SNTE envió a su propia gente a investigar los pormenores de la disolución del fideicomiso, porque se sospechaba y se sospecha de que hubo un manejo turbio de los recursos en su entrega.
Lo primero que se encontraron es que nadie sabe dónde quedó el documento que se firmó en 1996 y que asienta las condiciones y cláusulas del fideicomiso. Hasta la fecha, este documento no aparece por ningún lado. Pero tampoco, en reuniones de los enviados del CEN del SNTE y funcionarios del gobierno estatal, se explicó el procedimiento para la entrega de los recursos. Por eso se abrieron módulos para que cada maestro pueda ir a pedir explicaciones y, en su caso, reclamar.
Más de 700 maestros acusan al gobernador por fraude, asociación delictuosa, destrucción y falsificación de documentos. Interpusieron denuncia ante la PGR por tratarse de recursos federales, pero debe estar muy caliente la papa para que esta dependencia se declarara incompetente en la averiguación previa abierta en junio pasado.
No sobra destacar, como lo hace la reportera Roxana Vivanco en un trabajo que se publica en esta misma edición, que la averiguación fue enviada por Gilberto Higuera Bernal a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, para que sea ésta la que realice la investigación, a pesar de que los dineros que alimentaron el fideicomiso durante casi 20 años, provenían del Impuesto Sobre la Renta, es decir, recursos federales. Sinaloense, Higuera Bernal es ahora subprocurador de control regional de la PGR y fue el primer procurador de justicia en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, hasta que en 2001 se integró al gobierno de Vicente Fox, como subprocurador de procedimientos penales de la PGR.
Si había elementos para que la PGR investigara el caso, hasta por un elemental conflicto de intereses debió hacerlo, pues ahora será el procurador Marco Antonio Higuera Osuna el encargado de “investigar” a su jefe, el gobernador, lo cual se antoja a burla, como esa de que Virgilio Andrade, ungido como titular de la Secretaría de la Función Pública por el presidente de la República, investigó y exoneró a Enrique Peña Nieto en el caso de la llamada “Casa Blanca”.
Bola y cadena
NO LO HAN DICHO ABIERTAMENTE, pero el CEN del SNTE sospecha que el dirigente de la sección 27, Salomé Rodríguez, llegó a un acuerdo con la administración estatal para finiquitar el fideicomiso, pues al hacerlo fue contra la recomendación de que se mantuviera como un patrimonio de los trabajadores organizados. Y piensan, claro, que no lo hizo gratis.
Sentido contrario
SEGÚN NOTA PUBLICADA POR ANABEL IBÁÑEZ, siete de los aspirantes a ser comisionados de la Ceaipes que pasaron por todo el procedimiento de evaluación hecho por el Congreso del Estado, no tendrían derecho a ello, unos porque tienen conflicto de intereses y otros porque no cumplieron algunos requisitos. Esto es así, como lo documenta la reportera. La pregunta es, si era claro que no cumplían los requisitos, ¿quién y por qué fueron puestos a evaluación?
Humo negro
LA JUSTICIA NORTEAMERICANA requiere ahora la presencia de Ismael Zambada Imperial en una corte del sur de California y un juez de distrito ya autorizó su extradición. Es la misma corte donde se juzga o dicen que se juzga a su hermano Serafín Zambada Ortiz y a Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Ántrax. De estos dos ya no se supo nada después de que se declararon culpables y se sospecha que pasaron a ser testigos protegidos. ¿También para eso quieren al Mayito Gordo?
