El descaro

 

malova y procurador

 

El procurador estatal investigará si su jefe Malova y equipo estafaron más de mil millones de pesos a maestros

 

 

En la investigación de la denuncia penal por fraude, asociación delictuosa, destrucción y falsificación de documentos del Fideicomiso Sistema de Ahorro y Préstamo, que presentaron 750 trabajadores de la educación afiliados al SNTE 27, el gobierno estatal será juez y parte.

El recurso presentado el 26 de junio ante la PGR y que derivó en la averiguación previa AP/PGR/SIN/CLN/788/2015/MII, sólo estuvo dos semanas en la institución de procuración de justicia federal, debido a que fue enviada a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En la PGJE extraoficialmente se mencionó que el órgano estatal, que dirige el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, propuesto para el cargo por el gobernador Mario López Valdez, quien es uno de los demandados, será el responsable de iniciar la indagatoria para definir la competencia del caso.

“Ellos (maestros) alegan que a los Secretarios, al Gobernador les paga el gobierno federal, pero no, ellos son del estado, entonces dicen que investigue la Procuraduría (PGR)”, mencionó un funcionario.

“Procuraduría (PGJE) no pidió esa averiguación previa, y la Procuraduría tiene que empezar una averiguación previa, no puede devolvérsela así nomás, si en el transcurso dice no nos compete a nosotros, o sí nos compete, y fundarla”.

La denuncia penal fue presentada en contra del gobernador Mario López Valdez, el ex dirigente sindical Salomé Rodríguez; el delegado del SNTE 27, Jorge Cota Katzenstein; el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Armando Villarreal; el subsecretario de la SAF, Gildardo Amarillas; el jefe del Departamento de Prestaciones y Servicios Laborales, Salvador Viedas y el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Francisco Frías Castro.

El recurso se interpuso luego de las irregularidades en la disolución y reparto de 854 millones 90 mil 814 pesos del Fideicomiso SIAP, el 18 de diciembre de 2014, y donde se presume había un monto de más de 2 mil millones.

Atanacio Loza Bazán, miembro del Frente de Defensa del Magisterio Sinaloense, mencionó que el 2 de septiembre presentaron un amparo para que la PGR retome el caso.

“Nosotros presentamos la demanda el 26 de junio ante la PGR y cuando unos compañeros fueron para adherirse a la demanda hace unas semanas, les dijeron en la PGR ‘ya no está la demanda’, entonces le llega la notificación al abogado que está en la Procuraduría estatal”, mencionó.

“Mandamos un oficio a la Procuradora de la República, Arely Gómez, diciéndole que ella decidiera si se iba a la PGR o se iba al estado, y un abogado de Arely Gómez, que se llama Gilberto Higuera Bernal (subprocurador de Control Regional), que es de Sinaloa y fue Procurador, hizo el dictamen para mandarlo para acá, pero sin argumentar, así como llegó lo mandó para atrás”.

Los trabajadores inconformes también se reunieron con el procurador Marco Antonio Higuera Gómez.

“En México se anduvo escondiendo el expediente, y después muy escuetito dijeron que no estaba involucrado ningún funcionario federal y que por eso lo mandaron para acá, pero la Ley de Responsabilidades Públicas dice que es federal, nosotros vamos a la Junta de Conciliación Federal, los descuentos que nos hacían del Fideicomiso SIAP, eran del ISR, le enseñamos documentos al Procurador (Marco Antonio Higuera Gómez), y en ningún momento, teniendo los asesores ahí, contra argumentaron, y eso nos da la sospecha de que nosotros tenemos la razón”.

El 2 de septiembre, integrantes del Frente de Defensa del Magisterio Sinaloense tenían programada una reunión con el gobernador Mario López Valdez, quien ese día viajó a la Ciudad de México, por lo que los recibió Gustavo Zavala, jefe de la Oficina del Gobernador.

“Le dijimos a Zavala que habíamos metido el amparo y que íbamos a utilizar no solamente la cuestión penal, él dio a entender que no le gustó que hayamos demandado al Gobernador, que fue un error si había otras vías de conciliación, y tres veces mencionó el asunto de la demanda, por eso creemos que sí le molestó al Gobernador”, comentó.

“En la reunión también planteamos que se transparentara el fideicomiso, que nos dieran las minutas desde que se fundó, se cambió de nombre, cómo fue que se disolvió y los balances de los bancos, porque en los módulos no se dice cuánto se repartió, a quiénes y cómo”.

La disolución y reparto del Fideicomiso SIAP se caracterizó por la opacidad, debido a que hasta el momento la Secretaría de Administración y Finanzas, que administró el fondo, se ha negado a entregar vía Infomex el informe financiero del mismo, el total de recursos entregados, los criterios para su distribución, auditorías realizadas, el convenio firmado con el SNTE 27 para su implementación desde 1996, cuando se le conocía como CEBE o Plan Ibarrola.

Operado por un Comité Técnico integrado por la sección sindical y gobierno del estado, el Sistema de Ahorro y Préstamo se disolvió bajo el argumento de la centralización del pago de nómina, debido a que se integraba de descuentos del ISR que aportaban alrededor de 30 mil trabajadores de la educación pertenecientes al SNTE 27.

Ante la falta de claridad y la inconformidad del gremio, en mayo de este año el Sindicato a nivel nacional determinó que el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y el Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos del CEN iniciaran una investigación, y el 10 de agosto pasado el gobierno estatal accedió a instalar módulos de información para aclarar las dudas de los trabajadores.

Surgen primeros faltantes

A un mes de haberse instalado dichos módulos en las unidades estatales y regionales de Los Mochis, El Fuerte, Choix, Guasave, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa, 11 trabajadores y/o familiares de empleados que han fallecido, han reclamado el pago del Fideicomiso o faltantes en los montos.

Héctor Urías Castro, presidente del Comité seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas del SNTE 27, que participa como observador, dio a conocer que una maestra de Mazatlán constató que el 18 de diciembre pasado le entregaron 40 mil pesos menos, a lo reportado en el módulo.

“Tenía una diferencia de 40 mil pesos, recibió nada más 5 mil, le dijimos ‘necesitamos que nos traigas tu voucher (comprobante de pago), la credencial de elector, talón de cheque, comprueba cuanto recibiste, se cruza con el dato y se hace el depósito correspondiente”, dijo.

“Un compañero que tenía permiso, lógico en la base de datos, él no apareció en 2014 porque estaba de permiso, ahora que va al módulo de aclaración, reclama que es fundador (del Fideicomiso) desde 1996 hasta 2009, y estamos en los trámites para que se le entregue lo que le corresponde”.

Añadió que a quienes comprueben la falta de pago o haber recibido cantidades inferiores a las que oficialmente se encuentran en las bases de datos, se les entregará el monto correspondiente.

Hasta el momento, 11 mil 306 trabajadores han acudido a los módulos a solicitar la información, de los cuales 424 pidieron una solicitud de aclaración.

La principal inconformidad es que la información que se entrega es a partir de 2005, pese a que el Fideicomiso se creó en 1996.

 

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