mayo 10, 2021 10:22 PM

ICA, protección e impunidad

IGNACIO DOMÍNGUEZ. De demandante a demandado por la constructora ICA.
IGNACIO DOMÍNGUEZ. De demandante a demandado por la constructora ICA.

Más de 20 años de un litigio contra la compañía constructora no fueron obstáculo para que la obra le fuera asignada. Pero no solo eso: de estar  demandada por un sinaloense al que se niega a pagar cientos de millones de pesos de material extraído para la construcción de un tramo de la Maxipista, pasó a demandante y ahora pretende meter a la cárcel al afectado. 

 

El ciudadano Ignacio Domínguez Parra denuncia que con la presunta complicidad del titular de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B”, de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en Mazatlán, el apoderado general de ICA, Javier Coello Trejo, quiere meterlo a la cárcel para no pagarle.

Ingenieros Civiles Asociados (ICA) S. A. de C.V., no solo construirá la presa Santa María, en la zona serrana del municipio de El Rosario, también pretende fabricar un preso en la persona de Ignacio Domínguez Parra, oriundo de la Sindicatura de Villa Unión, ubicada en las márgenes del río Presidio.

Mediante un proceso judicial que data desde 1992, Domínguez Parra le está cobrando al consorcio aproximadamente 400 mil metros cúbicos de material pétreo, que extrajo sin su consentimiento del banco de materiales ubicado en un predio rústico de doce hectáreas de su propiedad.

“Y conste que el contrato con documentos falsos que ICA hizo con testaferros que Antonio Toledo Corro tiene en la colonia agrícola y ganadera, Mesa de Cacaxtla, fue por 600 mil metros cúbicos”, agrega.

Como desde la década de los años 90, ICA no le ha querido pagar, según cuentas del damnificado, por daños y perjuicios y gastos y costos, hasta agosto de 2014 la cantidad ascendía aproximadamente a 948 millones de pesos.

BANCO DE MATERIALES. Extraídos por la empresa para la construcción de la Maxipista.
BANCO DE MATERIALES. Extraídos por la empresa para la construcción de la Maxipista.

Contexto

 

El  martes 13 de enero, ICA dijo que firmó un contrato por 3 mil 989 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para la construcción de la presa Santa María, en la zona serrana del municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con información de ICA, la presa que está ubicada en el río Baluarte tendrá una altura de 120 metros, por 784 metros de largo y tendrá una capacidad de almacenamiento de 980 millones de metros cúbicos.

Mientras la constructora se acomoda para iniciar la presa, Ignacio Domínguez Parra, a quien ICA quiere convertir en preso, muestra el Amparo en Revisión Civil 401/2013, donde se asegura que está demostrado que ICA S.A. de C.V., sustrajo material del cerro denominado “El Tasajal”, para la construcción de la autopista federal Mazatlán-Culiacán, tramo Mazatlán-La Cruz de Elota, en 1992.

El pasado lunes 26 de enero, el quejoso Ignacio Domínguez Parra, enarbolando el Amparo Indirecto Civil número 585/2014, acudió al Juzgado Décimo de Distrito, donde presenta los alegatos correspondientes, contra Bernardo Quintana Isaac y Alonso Quintana Kawage, presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de ICA, respectivamente.

En su querella, el inconforme menciona como presunto aliado de la plana mayor de ICA, al exgobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro y sus “testaferros”.

También endereza su denuncia contra Javier Coello Trejo,  apoderado general de Quintana Isaac, y Ricardo Coria Beristain, representante legal de ICA, respectivamente.

E igualmente contra Saúl Rodríguez Sanabria y Francisco Amaya Andrade, subdelegado y agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Mesa “B”, ambos funcionarios de la subdelegación de la PGR, en Mazatlán.

De las autoridades responsables antes mencionadas dice: “en sus informes previos y justificados de fecha 17 y 23 de julio de 2014, respectivamente, niegan la existencia del acto reclamado y argumentan que como consecuencia de lo anterior, legalmente no es necesaria la presentación del informe justificado”.

“Intentando (con ello) a la vez maliciosamente revocar mi acto reclamado, para que se sobresea, para posteriormente insistir en el acto que reclamo”, critica, y sostiene que “ambos incurren en violaciones procesales y delitos, pues afirman una falsedad o niegan una verdad” para evadir sus responsabilidades, mismas que se encuentran contempladas en los artículos 132, 149, 204 y 205 de la Ley de Amparo abrogada, señala.

“Y conseguir su ilegal propósito, añade, al mantener infundadamente su negativa acerca de la existencia del acto reclamado y en consecuencia la falta de elaboración del informe justificado correspondiente”.

 

Coello Trejo

 

Domínguez Parra relata que desde el jueves 17 de julio de 2014, Coello Trejo, en su calidad de apoderado general de ICA, lo llamó vía telefónica en tono desesperado para platicar en su despacho ubicado en calle Los Juárez, número 33, colonia San José Insurgentes, el jueves 7 de agosto del mismo año, a las 10:00 horas, en México, Distrito Federal.

Coello Trejo aseguraba que el motivo de la conversación era detener la demanda penal derivada del juicio ordinario civil 1883/1992, radicado en Juzgado Segundo Civil, en Mazatlán, Sinaloa.

Domínguez Parra, vía telefónica le cuestionó a Coello Trejo cuál era su interés en ese asunto, pues el afectado no sabía en calidad de qué le pedía que fuera a su despacho.

“Me manifestó que porque él era apoderado general de ICA”, cuenta el quejoso.

“Me presenté acompañado del licenciado Ángel Scott López, sin imaginarme que su objetivo principal (de Coello Trejo) era intimidarme, manifestando que hemos intentado perjudicar a su representada en los hechos, mediante una ventaja procesal indebida”, recuerda.

Durante la conversación, Domínguez Parra insistió en cuestionar a Coello Trejo, sobre quién era el propietario de ICA y éste respondió que el ingeniero Bernardo Quintana Isaac.

Domínguez Parra replicó a Coello Trejo que no tenía sentido común en sus aseveraciones, puesto que era absurdo afirmar que un ciudadano de a pie intentara perjudicar a su representada que es un agente económico de peso en la construcción de obras de ingeniería, como son carreteras, vías y presas.

“Hay que agregar la falta de respeto de Coello Trejo pues en su perspectiva me trataba como delincuente o una persona de muy bajo  nivel en comparación al suyo”, comenta.

Terminada la reunión, Coello Trejo prometió al inconforme que revisaría sus expedientes sobre el asunto y que cuando concluyera, lo volvería a llamar para reunirse en sus oficinas el 14 de agosto, a las 10:00 horas.

El viernes 15 de agosto, Ignacio Domínguez Parra llamó a Coello Trejo, para preguntarle cuándo se reunirían, pero éste le respondió que no había nada que dialogar, porque aquél ya había perdido el litigio con ICA.

“Antes de concluir la llamada en un tono y sentido que interpreté como amenaza, me puntualizó que ya no promoviera nada, pero yo le repliqué que tenía una visión diferente al respecto”.

Desde el 9 de junio de 2014, asegura el quejoso, se había enterado de que Coello Trejo había ordenado a Ricardo Coria Beristain, representante legal de ICA, que interpusiera denuncia penal en su contra.

Asimismo, habría instruido al subdelegado de la PGR en Mazatlán, Saúl Rodríguez Sanabria, para que le diera curso legal a la Averiguación Previa AP/SIN/O75/2014/M-IV, para hundir al acreedor de ICA en la cárcel.

Domínguez Parra sostiene que la PGR lo está criminalizando para hacerlo desistir de sus derechos constitucionales y permitir que ICA evada su responsabilidad y se mantenga en la más absoluta impunidad.

“(Coello Trejo y Coria Beristain) nos acusan entre otras cosas que ‘hemos intentado obtener ventaja procesal indebida, basada en manifestaciones arbitrarias, ilegítimas e imprecisas en nuestras demandas de garantías, ocasionándole un perjuicio en agravio de su representada”, denuncia.

A partir de esto, la Policía Federal Ministerial, con sede en Mazatlán, Sinaloa, le anda pisando los talones al inconforme Ignacio Domínguez Parra, con miras a su localización y presentación con carácter de urgente ante la sección penal de la PGR.

javier coello

La cola de Coello Trejo

 

De acuerdo con archivos periodísticos Javier Coello Trejo ocupó el cargo de subprocurador de Lucha contra el Narcotráfico, en la primera fase del sexenio de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994, que se caracterizó por la impunidad.

El finado Enrique Álvarez del Castillo fungía como  titular de la PGR, cuando los guardaespaldas de Coello Trejo fueron acusados de ser responsables de una serie de violaciones a mujeres en el sur del DF.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó y difundió una serie de abusos y violaciones a las garantías individuales cometidas por personal de la desaparecida Policía Judicial Federal a cargo de Coello Trejo.

El 21 de mayo de 1990, la luchadora social de Sinaloa, Norma Corona Sapién, fue asesinada cuando investigaba la responsabilidad de Mario Humberto González Treviño y elementos de la PJF en los asesinatos del abogado José de Jesús Güémez Castro, y tres venezolanos.

Por el crimen de Norma Corona Sapién se culpó a González Treviño, uno de los comandantes más cercanos a Coello Trejo.

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