mayo 11, 2021 2:44 PM

Azúcar amarga: protestan trabajadores en Los Mochis

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Estaban hartos de tanto engaño patronal y de tanta patraña oficial que terminaron reventando y protestando en las calles. Eran al menos dos centenares de obreros y ex trabajadores de confianza de la Compañía Azucarera de Los Mochis (CALMSA) y de su filial, Agrícola Ohuira.

 

Lo menos que gritaron los inconformes fue llamar rateros a los empresarios Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, mientras que al gobernador Mario López Valdez le endilgaron el mote de represor y lo equipararon con un moderno Judas que vendió su dignidad por la aceptación de la socialité mochitense, que corrompió a las instituciones para dar impunidad laboral a las familias y al sospechoso capital que lo promovió en su carrera política.

 

No tener el dinero suficiente para comer durante 25 semanas, tiempo que estuvieron sin recibir el pago nominal, los había sacado de sus casas. Se armaron de valor y en masa se volvieron retadores: “Aquí estamos Malova, reprímenos ahora”, “No somos uno ni somos 10, pinche Malova cuéntanos bien”.

 

“¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!, fueron los cánticos que el contingente pregonó por las calles Gabriel Leyva, Álvaro Obregón, Francisco I. Madero, Ignacio Zaragoza y bulevar Rosendo G. Castro, y frente a la Subprocuraduría de Justicia. Ahí, la masa imponía su criterio, y sus puños al aire aparentaban una estampida hacia el interior del edificio.

 

Y es que en esos manifestantes estaban frescos los recuerdos del abuso de autoridad que un grupo de policías ministeriales, encapuchados y armados con fusiles, cometió en contra de dos empleados que el día anterior habían marchado en favor de sus líderes, citados a declarar por el supuesto despojo de melaza, en agravio de terceros.

 

Francisco Peña Reyes y Alejandro Peña López, padre e hijo, jubilado y obrero en activo, respectivamente, estaban camino a casa cuando los ministeriales los detuvieron. Como si fueran peligrosos delincuentes los llevaron en convoy ululante hacia la Subprocuraduría de Justicia, en donde declararon para una averiguación que nadie sabía que existía.

 

“El asunto policial fue ilegal. Fue un abuso de autoridad. Los obreros están siendo intimidados por un gobierno represor”, explicó más tarde la abogada de los obreros, Blanca León López.

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La arenga con megáfono sobre la traición del gobernador López Valdez a la clase popular arrancó aplausos de peatones, que detenían su transitar para alentar a los obreros a subirle de tono a la protesta, enfrentar al gobierno y reclamar lo que a su derecho correspondía.

 

“Los Mochis está quedando en manos de unos cuantos ricos, en complicidad con un gobernador insensible y apocado”, respondían los espectadores.

 

La protesta, que tuvo un incidente de provocación por parte de trabajadores del ingenio Mochis pero que no pasó a mayores, a excepción de decenas de saltos sobre lo vehículos de éstos, terminó en el auditorio José María Martínez Rodríguez.

 

Adentro, las críticas a Malova fueron más ácidas. Los puños izquierdos en alto, y el dedo medio erecto sobre los demás de la mano derecha, demostraban el coraje en contra del gobernador y su gabinete.

 

Jorge García, cuya esposa en silla de ruedas también protestó en la calle, dijo: “no le tememos a la represión. Aquí estamos y vamos a continuar. Tiene que llegar a los oídos sordos de las autoridades que no han querido escuchar el hambre de los obreros”.

 

Roberto Torres Soto, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ingenio Azucarero, afirmó que con la unidad demostrada, el gremio va a seguir en las calles, protestando: “No nos vamos a mover”.

 

Gabriel Lizárraga Morales, ex secretario general de la sección 12, afirmó que “…los obreros no nos vamos a rendir ni a morir de rodillas, sin haber luchado en contra de los muchos intereses políticos y económicos que se esconden atrás de los Elizondo y De la Vega.

 

“Los obreros estamos huérfanos de apoyo, sin el gobierno y sin el sindicato nacional. No debemos escuchar más a Malova ni a su gabinete, sino pedir al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que investigue al Gobernador y a sus cuates, ¡cárcel para los rateros! los obreros no necesitamos bule para nadar.”

 

Alberto Solorza manifestó que en todo el conflicto del ingenio azucarero con los obreros “se ve el interés de Malova por proteger a sus amigos incómodos, que le cobran la factura amarrándole las manos para ir en su contra. Se ve que los protege y les concede, todo con tal de que lo acepten en socialité”.

 

Tras las arengas y un enfrentamiento verbal, los obreros acordaron que volverán a salir a la calle, pero en una marcha con más gente, más prolongada y mucho más intensa. La llama de la protesta social en masa se había encendido.

 

Al día siguiente, el miércoles, el secretario del Ayuntamiento, Álvaro Ruelas Echave se reunió con la dirigencia sindical azucarera.

 

Heriberto Armenta explicó que trató la derogación del gravamen del Impuesto Predial Urbano y el deslinde del estadio de béisbol de la colonia 12 de Octubre, a fin de venderlo y repartir el dinero entre los obreros.

 

La reunión fue adornada con el discurso de que los obreros agradecían a la comuna los apoyos en empleo temporal, cursos de capacitación, despensas y asesoría.

 

El alcalde Arturo Duarte García ordenó resolver las demandas de los obreros. Sin embargo, dijo que por no ser autoridad responsable de actuar, estaba impedido para ir más allá. De cualquier forma, dejó en claro que no desamparará a los trabajadores y ex trabajadores, pues los programas asistenciales les serán acercados para reducir el impacto de no tener dinero para subsistir.

 

Sorpresivamente, el jueves, el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros y el subsecretario de Normatividad, Bernardo Cárdenas Soto, encabezaron una encerrona con la dirigencia de los obreros y ex trabajadores de confianza del ingenio azucarero, en el palacio municipal de Ahome. Como anfitriones, el alcalde y su secretario. En ella, los políticos frenaron la protesta anunciada, con la promesa de que el viernes 30 de enero, los empresarios Elizondo y De la Vega dirían si liquidarán a los trabajadores o reabren el ingenio, debido a que están por concluir un financiamiento.

 

Vargas Landeros negó que se presionara a los obreros para abandonar las protestas y que la reunión convocada fuese una estrategia para que los empresarios evadieran su responsabilidad patronal.

 

“No hay ninguna protección. No somos blandos, estamos actuando, pero el caso es entre particulares y hay limitantes. Hay una esperanza de conseguir financiamiento”.

 

Armenta consideró que la reunión les incrementa la fe en que el ingenio no cerrará, y por ello decidieron dar una tregua. No respondió a las preguntas de que ésta era una treta para proteger a los industriales.

 

Pese al silencio del líder sindical, Francisco López Lugo, representante de los trabajadores de confianza despedidos del ingenio azucarero sin mediar liquidación, no calificó el resultado de la reunión, pues lo dicho y ofrecido en ella era “la misma mentira que han repetido una y otra vez los industriales y el gobierno”.

 

López Lugo —quien representa a 54 trabajadores que demandaron despido injustificado: 14 de Agrícola Ohuira y 41 de CALMSA—, señaló que “ya estamos hartos de tantas mentiras, lo que el gobierno debe de hacer es decretar el embargo precautorio, rematar los bienes y pagar las liquidaciones, y fin del conflicto”.

 

A todos ellos les mintieron con promesas de que serían apoyados con programas de empleo. Fueron obligados a invertir en proyectos que fueron aprobados en el papel, pero que al final no recibieron apoyos.

 

“Aquellos fue otra mentira más. Que dizque no hubo dinero. Y ahora nos salen que en este año sí nos apoyaran. Otra mentira más”.

 

MARCHA. Por la restitución de sus derechos laborales.
MARCHA. Por la restitución de sus derechos laborales.

Lento avance legal

 

Guadalupe Martínez, abogado de los ejidatarios rentadores de tierra a agrícola Ohuira, afirmó que sólo 25 demandas de las 90 interpuestas en el Tribunal Agrario han sido resueltas a favor de los campesinos. Consideró que el avance es lento.

 

Garantía de liquidación

 

Fausto Rubén Ibarra Celis, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, reveló que se tiene aprobado ya el embargo precautorio sobre bienes de la Compañía Azucarera de Los Mochis y de Agrícola Ohuira, para garantizar los 56 millones de pesos que se requieren para la liquidación de los trabajadores que demandaron el despido injustificado.

 

Además se tiene en análisis y en búsqueda de más activos de las empresas, para garantizar la indemnización a 256 trabajadores que aún tienen alguna relación laboral.

 

Ibarra Celis dijo que en la dependencia existen nueve procesos judiciales y cuatro convenios para arreglar el conflicto, pero éstos avanzan lentamente.

 

Para acelerarlos se abrió una mesa especial en la Junta de Conciliación y Arbitraje número dos.

 

“Es una mesa especial para atender únicamente a obreros, ex trabajadores o todo aquel individuo que crea que sus derechos laborales fueron vulnerados por Calmsa o Agrícola Ohuira.

 

Crucial, consideró, será la reunión de fin de mes.

 

Horas después, en la capital del estado, el gobernador Mario López Valdez dijo escuetamente que la reunión programada para el 30 de enero estaba suspendida hasta nueva fecha; que podría ser la primera semana de abril. Una vez más, la masa obrera es burlada.

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