Sinaloa, en crisis ambiental: Ecologistas

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Melissa Moraila
Sinaloa tiene un rezago de 18 años en materia ambiental. Y según los datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), estamos en el lugar 29 a nivel nacional en Protección de Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico.
Después de 14 años sin actualizaciones a la Ley Ambiental del Estado, la Alianza Ambientalista por Sinaloa presentó en el 2010 la propuesta Sinaloa Sustentable, ante la Comisión Ecológica del Congreso del Estado.
La propuesta contenía proyectos de reglamentos internos para las instituciones que son necesarias para que Sinaloa marche hacia el desarrollo sustentable: el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, Centro de Estudios para Desarrollo Sustentable, y el Fondo Estatal Ambiental.
El proceso de actualización de las leyes ambientales en el estado duró tres años más. Después de consultas, cabildeos y hasta jaloneos, el 23 de marzo de 2013 se aprobó por unanimidad la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
Sin embargo, luego de un año de haber sido decretada por gobierno del estado, no se ha hecho la legislación secundaria para que la ley entre en rigor, y no se ha concretado la creación de las instituciones destinadas al desarrollo sustentable en nuestro estado.
“Sinaloa necesita con urgencia la creación de políticas públicas y leyes que protejan los recursos naturales. No hay apertura para opinar del medio ambiente, investigaciones y desarrollo. Tampoco existe un presupuesto adecuado”, afirmó Joel Retamoza López, Coordinador General de Alianza Ambientalista.
Gobierno del estado delegó dicha responsabilidad a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales —que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano— y ésta a su vez, al Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN). Se obtuvo un presupuesto de 2 millones de pesos y junto con Fundación Etos llevaron a cabo una consultoría —que anteriormente había hecho Alianza Ambientalista— y entregaron la propuesta de Ley Ambientalista que no incluía la creación de las instituciones ambientalistas que proponía la alianza.
“Los funcionarios públicos desconocen la importancia de cuidar la naturaleza y el impacto ecológico que esta problemática causa; aprueban proyectos que benefician a los grandes empresarios a expensas de los recursos naturales”, puntualizó Retamoza López.
Dijo que un cambio cultural requiere tiempo, que es necesario el trabajo en programas que ayuden a concientizar a la población y el activismo social, además de crear una infraestructura legal para cuidar el medio ambiente: sancionar a quienes contaminen.
Alianza Ambientalista es un bloque de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a las actividades de la protección al ambiente. Fue conformada en 1998 debido a los problemas que se tenían en el Jardín Botánico y el Parque Las Riberas en Culiacán, ya que las autoridades querían privatizar dichos espacios públicos.
En aquel momento, la idea era convertir el interior de estos lugares en plazas comerciales y los integrantes de Alianza Ambientalista propusieron un proyecto alternativo que protegiera el espacio público y se preocupara por la conservación de los recursos naturales. Posteriormente lograron conseguir una declaratoria de área natural protegida de los espacios colindantes al río Tamazula, Humaya y Culiacán equivalentes a mil hectáreas de terreno.
Alianza Ambientalista por Sinaloa se integró con las distintas organizaciones que apoyaron estas causas: Operación Ambiente, Sociedad y Naturaleza en Armonía, Fundación Sinaloa: investigación y desarrollo, Atletas Máster, Grupo Tres 50, Exatec, Asociación de Biólogos, Fábricas de Agua y las facultades de Arquitectura, Ingeniería y Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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