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Desaparecidos. El peregrinar desgarrado de las familias.
Desaparecidos. El peregrinar desgarrado de las familias.

Engaños y apatía del gobierno estatal ante reclamos por desaparecidos
Ya ni saben cuántas veces han estado paradas ahí, con sus lonas, sus fotografías, su exigencia, el clamor, la injusticia y la misma respuesta que las envía a casa justo como llegaron: sin resultados.
Alma Rosa lo ha sufrido por cuatro años, Eva lleva ocho meses en lucha y Sandra recién cumplió dos años.
Fue ese tormentoso aniversario, el del hijo de Sandra, desaparecido el 12 de febrero de 2012, el que originó una nueva manifestación en el patio del Palacio de Gobierno, ese mismo día de febrero pero de 2014.
Después de casi una hora de protestas, a los familiares de desaparecidos los recibieron los personajes de siempre: el director de Gobierno, Raúl Pérez Miranda; el director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez y el subprocurador General de Justicia, Martín Robles Armenta.
“El gobernador, como siempre, no puede atendernos”, reclaman las mujeres.
Pero en las oficinas de la Dirección de Gobierno no hubo noticias sobre el paradero, los resultados del ADN o algún un indicio de por qué esas madres y hermanas no han vuelto a ver a sus familiares.
Sandra Luz Hernández, mamá de Edgar García, recuerda que en abril de 2013, cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, visitó Sinaloa para socializar el nuevo sistema de justicia penal, los familiares de desaparecidos alzaron la voz ante la autoridad federal.
De inmediato, el gobernador Mario López Valdez les anunció la conformación de un equipo de investigadores especializados en la desaparición de sus familiares. Hoy, diez meses después, las mujeres aseguran que ese equipo especial no existe.
“No se ha conformado, ellos dicen que sí pero no es cierto. Estaba el director de la Ministerial, el de la PGR y estaba Malova y nos prometió ese grupo de investigadores pero fueron puras palabras”, critica Sandra.
“No se ha hecho una investigación bien, nunca han trabajado, la verdad los investigadores hemos sido nosotros, de todos los casos, siempre los familiares somos los que investigamos”, acusa Alma Rosa, hermana de Miguel Ángel, desaparecido el 4 de julio de 2009.
Y es que las mujeres realmente se convierten en investigadoras, visitan todos los días el Servicio Médico Forense (Semefo) y la Procuraduría, buscan en baldíos, en fosas comunes, entre los titulares que anuncian hallazgos de osamentas, hacen llamadas, tocan puertas, descubren nombres pero también, en algunos casos, las amenazas frustran su camino.
Alma Rosa lo admite: con el paso del tiempo, el nulo respaldo de la autoridad y las amenazas que los obligan a guardar silencio, algunos familiares de desaparecidos se han desistido de su lucha.
En el grupo de Alma Rosa, Sandra y Eva, antes eran diez, hoy sólo quedan cuatro.
“Ven que el gobierno no trabaja, se vuelven puras mentiras, puras promesas, ellos se desaniman, también hay amenazas, les da miedo, yo siempre les he dicho no hay que tener miedo, hay que seguir adelante”, expresa Alma Rosa.
El último compromiso que las autoridades hicieron con Alma Rosa fue entregarle el análisis de ADN realizado a un cuerpo que podría ser el de su hermano, le garantizaron los resultados a más tardar en 15 días; seis meses después el análisis aún no llega.
En la reunión que acaban de sostener con las autoridades, a Alma Rosa se le aseguró que llamarán a México para “apresurar” el análisis.
Así se los llevaron
Martín Camacho, el hijo de Eva, era arquitecto y tenía 25 años cuando desapareció.
El 6 de julio de 2013, Martín y Luis Armando estaban en la casa de Saúl, en la colonia Villa Verde. Esa noche a los tres jóvenes los sacaron de la casa y se los llevaron en contra de su voluntad.
Edgar, el hijo de Sandra, trabajaba como mensajero en la Procuraduría General de Justicia, tenía 24 años y un hijo de un año.
La noche del 12 de febrero de 2012, la casa de Edgar en la colonia Progreso fue baleada, minutos después, varios hombres armados entraron por él y lo levantaron.
Miguel Ángel había salido a comprar un garrafón con agua, cuando se encontraba en su casa del poblado Estación Obispo.
Después de la noche del 4 de julio del 2009, la familia sólo encontró su camioneta con las llaves puestas y las puertas abiertas; él ya no regresó jamás.
Cuadro infernal
Los tres hombres forman parte de una imprecisa e incompleta cifra de más de 26 mil personas desaparecidas en el país, tan sólo en el sexenio pasado.
Según cálculos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, de 2010 a la fecha, en el estado han ocurrido más de 280 desapariciones forzosas, otro dato que admiten también es inexacto.
Ya con sus lonas y cartulinas enrolladas, las mujeres que visten playeras blancas estampadas con la fotografía de Edgar, comienzan a planear la reunión de la próxima semana que ahora será en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ahí las han citado las autoridades, pues según les han garantizado, esta vez sí les presentarán avances en las investigaciones.
Aunque ninguna parece convencida, coinciden en que de una semana a otra no lograrán lo que no se ha hecho en años.
“Nos prometieron que iban a ponerle más ganas al asunto. Definitivamente no me convencen y yo se los hice saber muy claramente de que no, no me convencen, porque así lo hacen cada vez que uno viene”, reprocha Sandra.
Las mujeres se despiden y salen por los diferentes pasillos del Palacio de Gobierno, de pronto Eva se detiene y da la vuelta.
“Me faltó decir algo”, grita la mamá de Martín, preocupada de olvidar uno de los datos más relevantes en su historia, “A mi hijo se lo llevaron unos policías”.
 

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