domingo, enero 23, 2022
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  • Dias de Impunidad

El estado ladrón

malova en paradox
Malova. El escudero de Paradox.

La semana pasada un grupo de comuneros que tuvo su origen en el ejido Higueras de Sanalona, tomó las oficinas de la Semarnat para exigir el cumplimiento de un decreto presidencial expedido en 1948. Sí, en 1948, es decir, hace 65 años. Parece un chiste pero no lo es.
De acuerdo al decreto del entonces presidente Miguel Alemán Valdés, que buscaba crear las condiciones legales y sociales para la construcción de la presa Sanalona, los comuneros que resultarían afectados por la obra debían ser compensados con 862 hectáreas y la construcción de 43 casas habitación en el predio La Palma, de Navolato, además de servicios públicos básicos, el pago de bienes como árboles frutales, cercas etc.
Pero de acuerdo a los ejidatarios, la federación no les cumplió. Se construyeron y entregaron las casas, se les pagaron algunos bienes, pero no se les entregó la totalidad de las tierras con que serían compensados.
Al menos eso es lo que alegan y por lo cual sostienen una vieja lucha en los tribunales. En 2008 el asunto llegó a la cámara de Diputados y ésta emitió un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que saldara esta cuenta con los comuneros. Otro antecedente, ahora legal, es que el Juez Tercero de Distrito con sede en Culiacán, otorgó un amparo a los quejosos bajo el expediente 833-2009.
En eso está el litigio. La CONAGUA, según dijo a Ríodoce el delegado de Semarnat, alega haber cumplido a cabalidad los compromisos del decreto presidencial, pero los ejidatarios dicen que no. Lo cierto es que películas como esta estamos viendo siempre que una gran obra se hace sobre propiedades ejidales. Nunca el Estado deja conformes a los afectados porque nunca el espíritu de un decreto se cumple por aquellos que tienen la obligación de operar los mecanismos para hacerlo y, por el contrario, siempre estarán en primera fila aquellos que aprovecharán la situación —incluyendo a líderes vivales— para llevar dinero a sus bolsillos.
En Sinaloa sobran referencias en ese sentido, donde el despojo del patrimonio de los más jodidos es el sello de la casa. Picachos, la Carretera Mazatlán Durango, el Libramiento III de Mazatlán, son algunos de estos casos, casi todos salpicados por el abuso del poder a través de la fuerza pública, como fue el caso de los seis comuneros de Villa Unión, Chicuras y San Francisquito, pertenecientes a Mazatlán, que fueron detenidos por policías ministeriales de Culiacán el 6 de julio del año pasado, acusados de obstrucción de las vías de comunicación. Con el agravante de que la mayoría eran ancianos. No se diga más del caso de Picachos, donde los comuneros nunca fueron liquidados de acuerdo a lo pactado con el Gobierno, y encima de esto una y otra vez fueron reprimidos hasta porque pretendían hacer una parodia del gobernador en un Carnaval de Mazatlán.
Pero si se trata de una obra de la CFE es igual. Pasó con comuneros de San Miguel del Carrizal, Concordia, cuando protestaron por lo fraudes de que fueron víctimas por una red de corrupción que salía de la propia dependencia federal, pasaba por despachos de abogados y se internaba a los juzgados, afectando tanto el patrimonio de los ejidatarios como de la nación, pues la misma CFE fue esquilmada.
Un caso vivo —la mayoría de los casos están vigentes, véase si no con el de los ejidatarios de Sanalona después de 65 años— es el de los campesinos del ejido Potrero de Cancio, en Choix, donde 12 de los comuneros están presos por enfrentar a la compañía minera Paradox y el empeño del gobernador, Mario López Valdez, de defender hasta la ignominia la causa empresarial aunque sabe que legalmente no tiene la razón.
Todos los niveles de Gobierno, cuando se trata de obras “magnas”, de inversiones extranjeras o de vías de comunicación cuya necesidad nadie niega nunca, actúan con el mismo criterio de “defender” por encima de todo “el desarrollo” a costa, muchas veces, hasta de la vida de los afectados. Ejemplos sobran.
Bola y cadena
CÓMO CREER EN LA JUSTICIA si, por ejemplo, en el caso de Paradox, el despacho legal que defiende a la empresa es “Higuera Gómez y Asociados”, a través del abogado Jonathan Gutiérrez Palomares, quien forma parte del mismo. Sí, el despacho del procurador de justicia, ni más ni menos. O cuando un empresario denuncia al hijo del procurador y antes de una semana le queman el negocio.
Sentido contrario
BUENA LA DENUNCIA  de la Auditoría Superior de la Federación por el presunto desvío de recursos del Seguro Popular. Aunque por la descomunal corrupción que existe en la Secretaría de Salud que regentea a su antojo el doctor Ernesto Echeverría, esto debe ser solo el principio de una investigación que debiera poner a varios en la cárcel.
Humo negro
POR RAZONES MIL habíamos considerado a la LX legislatura como una de las peores en la historia moderna de Sinaloa, curiosamente bajo un “Gobierno del cambio” y cuando se esperaba que actuara como verdadero contrapeso del poder Ejecutivo. Pero lo que en las primeras semanas de su gestión ha mostrado la actual legislatura nos hace pensar que podría ser peor. Lástima por Sinaloa.
 

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