Ginebra, Suiza, 19 de mayo de 2015.-Una delegación del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) asistió a la 69 sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de la ONU, para denunciar las violaciones de los derechos de los niños yaquis en Sonora, causadas por el uso de plaguicidas prohibidos y altamente restringidos.

El CRC, órgano de vigilancia del Convenio sobre los Derechos del Niño de la ONU, examinó el cumplimiento de México como Estado parte de este organismo durante los pasados 19 y 20 de mayo, y emitirá sus observaciones finales y recomendaciones este mes de junio.

“Las violaciones presentadas por el CITI se centran en la importación y uso por México de plaguicidas y otros productos agroquímicos que han sido prohibidos, no registrados o altamente restringidos en los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países exportadores debido a sus conocidos efectos letales en la salud. Estos incluyen anormalidades reproductivas, cánceres infantiles y defectos de nacimiento graves”, señalaron los inconformes a través de un comunicado.

Desde el 2001, agregó, el CITI ha trabajado con miembros de la comunidad Yaqui y las autoridades tradicionales yaquis para recopilar más de 80 testimonios que documentan enfermedades, discapacidades, lesiones y más de 25 muertes vinculadas a la exposición a los plaguicidas.

El informe escrito del CITI al CRC incluye 39 testimonios específicos relacionados a niños y madres. El artículo 24 del Convenio exige el más alto nivel posible de salud para los niños, incluyendo “el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.

“La Observación General número 11 del CRC (2009) abordó los derechos de los niños indígenas en virtud del Convenio e insta a los Estados partes a que adopten criterios fundados en los derechos con respecto a los niños indígenas sobre la base de la Convención y de otras normas internacionales pertinentes, como el Convenio No 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

El documento de la CITI subraya el artículo 29 de la Declaración de la ONU que estipula que los Estados “adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”.

Además, asegurarán la aplicación de los “programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados”.

La delegación del CITI incluye a Andrea Carmen, Directora Ejecutiva; Francisco Villegas Paredes y la partera tradicional Aurelia Espinoza Buitimea, miembros de la organización comunitaria Jittoa Bat Nataka Weria basada en Vicam, Río Yaqui, una de las comunidades más afectadas de la región.

“Vemos un aumento en malformaciones congénitas, leucemia y otros tipos de cáncer en niños pequeños. Muchos bebés no sobreviven más de unas pocas horas o días. Los médicos, curanderos y parteras confirman que la causa es el almacenamiento y la aplicación de plaguicidas altamente tóxicos cerca de nuestros hogares, escuelas y comunidades; sabemos que el uso de muchos de ellos está prohibido en los Estados Unidos y otros países. Cuando los aviones fumigan por aire no hay control de quién está expuesto. A los trabajadores yaquis no se les proporciona equipo de protección, lugares para lavarse ni advertencias sobre los peligros, y ellos a su vez exponen a sus familias cuando su ropa se empapa de pesticidas”, explicó Villegas Paredes.

Al gobierno mexicano, agregó, se le informa por ley sobre los peligros cuando importan estos plaguicidas tóxicos, y “ellos tienen la obligación de proteger a nuestros niños de la exposición y proporcionar tratamiento, atención médica e indemnización a quienes ya se han visto afectados”.

El Consejo Internacional de Tratados Indios es una organización de Pueblos Indígenas de Norte, Centro, Sur América, el Ártico, el Pacífico y el Caribe, con Estatus Consultivo General ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.