Por todos lados el Gobierno de Mario López Valdez hace agua. Señalada como una de las administraciones más corruptas de la historia, con observaciones sin precedentes por los manejos turbios del erario, ahora se enfrenta a la posibilidad de ser investigado por la presunta protección que sus policías, las estatales y las municipales, proporcionan a los líderes del cártel de Sinaloa, uno de ellos aprehendido en Mazatlán, a una cuadra de la Policía Ministerial. El más reciente eslabón de la cadena de sospechas, es el boletín que emitió el pasado jueves el Departamento del Tesoro, donde señala a una hija del subsecretario de Administración y Finanzas, Gildardo Amarillas, como socia de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul.
El gobernador Mario López Valdez se pasmó con la noticia. Se encontraba en el municipio de Angostura para llevar a cabo su programa “Gobierno en Movimiento”, anunciado desde el día anterior.
La Armada de México había estado realizando operativos en Culiacán con resultados insospechados, donde la captura de Jesús Peña González, el Veinte, uno de los hombres más cercanos de Ismael Zambada García, había sido hasta el jueves 20 de febrero el golpe más contundente al cártel de Sinaloa.
El viernes había transcurrido en relativa calma, pero desde el sábado muy temprano empezó a llegar, desde fuentes del gobierno de los Estados Unidos, la noticia de que habían detenido a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Malova acababa de llegar a La Reforma, Angostura, cuando recibió la noticia de que la captura del Chapo le estaba dando la vuelta al mundo como un hecho consumado. Hizo varias llamadas con el semblante aparentemente sereno y el evento inició con retraso. Estaba acompañado por Francisco Labastida Ochoa, exgobernador mochitense. El acto duró las tres horas programadas y después se trasladó a Culiacán para encerrarse en el tercer piso.
Para la una de la tarde la noticia fue confirmada por el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de tweeter.
Las felicitaciones al mandatario y a la Armada de México empezaron a llegar. La primera fue del gobernador de Veracruz —territorio de Los Zetas— Arturo Duarte, luego se reportaron los gobernadores de Hidalgo, Jalisco, Puebla, Estado de México, Tamaulipas y hasta del expresidente Felipe Calderón… pero no de Mario López Valdez.
El estigma de Malova
Fue el mismo día que detuvieron al Chapo Guzmán que en Sinaloa empezó a correr la demanda de que el siguiente paso del gobierno federal debía ser desmantelar las redes de protección del capo a través de las policías locales.
Hay datos duros para la desconfianza. De los 7 mil policías estatales y municipales de Sinaloa evaluados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3 mil 500 no pasaron el examen de control de confianza. La misma Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán aceptó que alrededor de mil 300 elementos con que contaba, el 47 por ciento fue encontrado no apto para desempeñar sus funciones.
El lunes a primera hora, el presidente estatal del PAN, Edgardo Burgos Marentes, demandó que las investigaciones continúen en Sinaloa y se desmantele toda la red de operaciones de Joaquín Guzmán Loera.
El dirigente panista consideró que podría haber funcionarios públicos inmiscuidos en la protección al capo: “Deberá darse una investigación más profunda de qué fue lo que sucedió, que no se quede ahí. Siempre habrá la posibilidad de la complicidad, tendrá que seguir la investigación en Sinaloa, llamar a cuentas a muchas autoridades”.
A esta exigencia se sumó el PRD. Los dos partidos fueron parte de la coalición que llevó al poder a Malova y “cogobiernan” con López Valdez.
Desde la ciudad de México, el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que la PGR investigará los vínculos empresariales y políticos de Joaquín el Chapo Guzmán en México y Estados Unidos, a partir de la información que aporte el capo.
“Vamos contra todo lo que aporte y que eventualmente señale complicidad de distintos, eventualmente, agentes del sector privado, agentes del ámbito público aquí y en Estados Unidos”, dijo Peña Nieto a la cadena de noticias Univisión.
El estigma de que Mario López Valdez había establecido una alianza con el cártel de Sinaloa nació durante la misma campaña por la gubernatura, cuando se hizo público y notorio que el candidato del PRI, Jesús Vizcarra Calderón, se había distanciado de Ismael Zambada García, su compadre.
López Valdez basó su discurso de campaña en la violencia que imperaba en Sinaloa, bajo el argumento de que “no se puede combatir a la delincuencia si se es parte de ella”. En un debate público, Malova le preguntó Vizcarra si era compadre del Mayo, pero el empresario evadió la respuesta.
Sin embargo, los apoyos del cártel de Sinaloa apuntaban hacia otro lado. En la casa de doña Rosario Niebla Cardoza, exesposa del Mayo, ubicada en la colonia Las Quintas, colgaba una gran manta de apoyo al candidato de la coalición “El cambio es ahora por Sinaloa”: Malova.
2010: el empujón del cártel
Desde mediados de abril de 2010 había corrido el rumor de que el cártel de Sinaloa se sentía traicionado por Jesús Vizcarra y que por ello había decidido apoyar a Malova. Parecía una contradicción en medio de la guerra mediática que se había desatado con la publicación de las fotografías en el diario nacional Reforma, donde el candidato del PRI aparecía en un bautizo en el rancho Puerto Rico, a un lado de Ismael Zambada.
La especie tomó fuerza cuando el ex diputado federal Jesús Manuel Patrón Montalvo y el entonces diputado federal Óscar Félix Ochoa anunciaron su adhesión al proyecto de Malova. Caciques en el valle de San Lorenzo, desde hace muchos años han sido ligados a los intereses del narco.
Al contarse los votos resultó que en zonas de dominio pleno del cártel de Sinaloa, como la sindicatura de El Salado, la mayoría de las casillas fueron ganadas por la alianza opositora, a pesar de que históricamente los votos habían sido para el PRI.
Igual ocurrió en Eldorado, bajo control pleno de las huestes de Joaquín Guzmán Loera.
Mario López Valdez fue entrevistado en septiembre por Ríodoce, dos meses después de la elección, ya como gobernador electo, y se le hizo ver que había indicios claros del apoyo del Mayo Zambada a su campaña.
—No, no creo que me haya apoyado, o si me apoyó no me enteré…yo tuve apoyos que pude conseguir por mi gestión durante la campaña, y conseguí muchos apoyos por errores de ellos, que se peleaban ellos con algunos y de rebote yo era el beneficiario, como fue el caso de El Debate, que se pelearon ellos con el periódico y se vinieron conmigo, respondió.
—¿Fue el caso del Mayo Zambada?
—No lo sé, no estoy enterado.
La influencia del “padre”
Mario López Valdez llegó al poder de la mano del exgobernador Juan Millán Lizárraga, al que llamó “padre político”. Desde la campaña, el mochitense se rodeó de personajes oscuros. Uno de ellos, Luis Domingo Pérez Hernández, acababa de salir de un arraigo de 60 días acusado por la PGR de lavado de dinero. Fue, durante los sexenios de Millán y de Jesús Aguilar Padilla, subsecretario de Gobierno, encargado de labores de espionaje y considerado siempre uno de los puentes del Gobierno con personeros del narcotráfico. Murió asesinado con saña en enero de 2011, después de que estuvo amenazando al gobernador con que si no le daba un alto cargo daría a conocer información “delicada”.
Otro de esos personajes que apoyaron a Malova, fue el actual diputado local Óscar Félix Ochoa. Tres de sus hermanos fueron detenidos en junio de 2008 en posesión de 23 kilogramos de cocaína y armas. Ese mismo mes un grupo de sicarios asesino a siete policías federales que fueron emboscados desde una casa de seguridad. Pero sorprendió que esa casa, propiedad de familias narcas, había sido utilizada por Óscar Félix como casa de campaña en 2003.
Pese a esos antecedentes, Félix Ochoa fue incorporado al gabinete del “cambio” como subsecretario de Agricultura, hasta que se fue a una diputación local por el PRI.
El sesgo de la guerra antinarco
Cuando llegó Malova al poder, el cártel de Sinaloa controlaba buena parte de la entidad, pero tenía problemas en las zonas norte y sur, donde las huestes de los hermanos Beltrán Leyva, aliadas con los Carrillo Fuentes y los Zetas se habían asentado. Al asumir el poder, López Valdez definió como prioritario en materia de seguridad combatir la violencia en esas dos zonas. Para ello, incorporó, primero como asesor y luego como director de la Policía Ministerial, a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, un hombre que había sido perseguido por la justicia y absuelto, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero. La justificación de Malova fue lapidaria: “No voy a combatir a la delincuencia con blancas palomas”.
A partir de esto, el hostigamiento de los hermanos Beltrán Leyva al gobierno estatal fue funesto. El 5 de marzo de 2011, dos meses después de que había llegado el “gobierno del cambio”, siete agentes policiacos y un civil resultaron muertos en una emboscada cometida por un grupo armado contra elementos de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión, a la altura de Guasave, cuando trasladaban a un detenido de Los Mochis a Culiacán.
El 3 de junio 2011, una cabeza y las dos manos de un hombre fueron colocadas en la escalinata del Palacio de Gobierno. Era la guerra. Las matanzas seguirían, pues el 15 de julio de ese mismo año, decenas de sicarios emboscaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el crucero de la carretera México 15 y la 19, dejando como saldo un civil y once policías muertos.
La mañana del lunes 30 de mayo de 2011, autoridades de cuatro municipios: Culiacán, Guasave, Ahome y Sinaloa, reportaron el hallazgo de al menos 19 narcomantas, todas con imputaciones directas al gobernador López Valdez sobre una presunta alianza con Joaquín el Chapo Guzmán.
Al año siguiente, en medio de una clara guerra de dos bandos del narcotráfico donde parecía que el Gobierno había tomado posición, fueron asesinados tres militares en pleno centro de Guasave. Fue el 29 de enero de 2012. Ese mismo año, el 4 de junio, los restos de siete hombres que fueron asesinados, y “descuartizados”, distribuidos en 13 bolsas negras de plástico, amanecieron tirados en una calle del sector Infonavit Humaya, de Culiacán. A espaldas del hallazgo hay un campo de beisbol y una preparatoria.
Junto a las bolsas que contenías los cuerpos descuartizados, se había colgado una manta con un mensaje dirigido al entonces presidente Felipe Calderón, donde le reclamaban que Malova hubiera puesto al frente de la Policía Ministerial, por órdenes del Chapo Guzmán, a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, “quien hace años era perseguido por la justicia por sus nexos con el narcotráfico…”.
En el mismo mensaje acusaban a los comandantes Martiniano Vizcarra Burgos, y Carlos Héctor Ochoa Polanco, subdirector de la Ministerial, y director de la policía municipal, respectivamente, de estar coludidos con Joaquín Guzmán.
Días después, el 10 de julio, un convoy de policías ministeriales fue emboscado en Tetamboca, municipio de El Fuerte, donde murieron siete agentes y cuatro de los atacantes, entre ellos Pablo Osuna Lizárraga, el Cien, líder del grupo de Los Mazatlecos en la zona norte de la entidad.
El expediente Frank Armenta
Dentro de esta reacción de la triada Beltrán Leyva-Carrillo-Zetas, contra objetivos policiacos, pero también propagandística, el escolta del gobernador, Frank Armenta Espinoza, fue levantado la tarde del 4 de junio de 2013, cuando llegaba a su casa, en Guasavito, municipio de Guasave.
Se realizaron operativos de todas las policías con el apoyo del Ejército, pero el agente de la SSP adscrito a la escolta del gobernador no apareció por ningún lado… Hasta que 18 días después de su secuestro, el 22 de junio por la tarde, llegó a la página web de Ríodoce un correo a través de la bandeja S.O.S, donde se anexa un link que soporta un video.
El propósito acusatorio del video es evidente. Desde su aparición en escena, Armenta Espinoza afirma que, junto con el gobernador asistió, al inicio de su gestión, a una “reunión de trabajo” en Quilá, donde también estuvieron Ismael Zambada García, el Mayo y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Armenta afirma que en esa reunión se habló de la necesidad de formar un grupo para la seguridad del mismo crimen organizado, que éste a su vez necesitaba el control absoluto del Estado y que para eso nombraron a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuytoño, a pesar de que había tenido en su contra órdenes de aprehensión.
Acusa en el video que Chuytoño a su vez nombró a Jesús Carrasco Ruiz como jefe de la Policía de Ahome para que combatiera a las células contrarias al cártel de Sinaloa.
Entre apariciones en escena del escolta, donde explica los contenidos, audios y resúmenes textuales, transcurren casi 55 minutos del video. Frank Armenta señala a comandantes de la policía municipal de Ahome como los autores de decenas de asesinatos y regentes de la venta de drogas al menudeo en la zona norte.
También aparece en escena el grupo de gatilleros del cártel de Sinaloa, autodenominado Los Ántrax —cuya cabeza era Rodrigo Aréchiga Gamboa, detenido recientemente en Holanda—, que opera en Culiacán, pues se anexa una conversación donde supuestamente Héctor Ochoa Polanco, jefe de la Policía Municipal de Culiacán, recibe una llamada del Monky Ántrax, quien le pide al policía apoyo para un detenido en un punto de revisión.
El 6 de mayo de 2013 había renunciado el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Carlos Ontiveros Salas, después de que la Policía detuvo a un grupo de gatilleros y que horas después fueron liberados sin su consentimiento a instancias de un jefe policiaco estatal.
Uno de los gatilleros, según fuentes de Ríodoce, era el Monky. Antes de renunciar, Ontiveros y dos altos jefes policiacos, entre ellos el subdirector de la Policía, Raúl Hernández Hipólito, tuvieron que esconderse en otro estado durante dos semanas, ante las amenazas de muerte recibidas.
Al final del video, Armenta Espinoza dice que hace estas revelaciones “para que el Gobierno federal mire lo que está pasando en Sinaloa y actúe”.
“Hasta donde sé —dijo el gobernador en respuesta al video—, no creo que ese señor ocupe protección mía ni de nadie…”.
Frank: segundo capítulo
En un segundo video que llegó por la misma vía a Ríodoce tres semanas después, Frank Armenta acusó de nuevo al gobernador de haberse reunido con Joaquín Guzmán, ahora en La Tuna, Badiraguato, donde habría asistido en varias ocasiones al principio de su mandato.
En un nuevo video que llegó al sitio web de Ríodoce, el escolta del gobernador muestra ante la cámara copias de lo que dice es la bitácora de vuelo de las aeronaves que usa el gobernador y donde, aparentemente, aparecen registrados vuelos del helicóptero matrícula XC-CUL, de Culiacán hacia La Tuna, Badiraguato.
De acuerdo con lo que Armenta Espinoza muestra a cuadro, la aeronave hizo al menos cuatro vuelos a La Tuna, uno el 28 de febrero de 2011 y tres entre el 18 y 20 de abril del mismo año.
El 28 de febrero de 2011, de acuerdo con los archivos consultados, el gobernador asistió por la mañana al evento denominado 2011, Año del Turismo en México, realizado en el Distrito Federal, encabezado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Los días 18, 19 y 20 de abril de 2011, correspondieron a los primeros días de la Semana Mayor de ese año y el gobernador no muestra ninguna actividad que, por lo menos, haya sido agendada.
El gobernador fue entrevistado sobre el segundo video en Mazatlán, durante el inicio a las actividades de la Policía Turística Bilingüe.
El tema lo llenó de sudor:
“La mejor manera de que los estamos afectando, de que les duele, es que estén haciendo videos”, dijo. Y añadió: “La verdad me gustaría que todos los días me mandaran un video”.
Cuestionado sobre el contenido del video, negó siquiera haberse subido a ese helicóptero:
“Yo jamás he volado en un 206, que ese es el helicóptero que ellos mencionan… Jamás me he subido a él, jamás he ido a La Tuna… El 28 (de febrero), yo ese día estuve con el presidente Calderón en un programa nacional de turismo y estuve en una entrevista con Paty Chapoy, precisamente promoviendo a Mazatlán para la Semana Santa del 2011 y ahí están”, dijo.
Desde un año antes, una fotografía del mismo helicóptero del Gobierno había sido incorporada a la cuenta de Facebook “Victorio´s”, donde se aprecia en el estribo un presunto gatillero con un fusil de asalto con cargador de disco y provisto de lanzagranadas. La nave luce en una de sus puertas el eslogan del gobierno malovista: “Sinaloa es tarea de todos”.
El 9 de agosto de 2013 Frank Armenta Espinoza apareció muerto en Culiacán. Marco Antonio Higuera Gómez, procurador general de justicia del Estado, informó que la víctima tenía dos lesiones de bala calibre 9 milímetros en la cabeza y huellas de haber permanecido atado de manos y pies. No habló de huellas de tortura.
El eslabón más débil
Una de las grandes debilidades del gobierno de Mario López Valdez ante la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera son sus policías, las estatales y las municipales, pues con el pretexto del esquema de Policía Única derivado de los acuerdos nacionales, se apropió de todas y cada una de las corporaciones municipales, sobre todo aquellas que le parecían vitales en su estrategia contra el crimen organizado.
Por ello no fue casualidad que pusiera atención, primero, en los municipios donde los cárteles de la droga se disputaban las plazas: Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato…
Lo primero que hizo el gobernador fue poner al frente de la Policía Ministerial a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien había ocupado el mismo cargo en el sexenio de Juan Millán Lizárraga y salió huyendo en septiembre de 2004, dos días después de que asesinaron a Rodolfo Carrillo Fuentes en la Plaza Cinépolis.
Aguilar Íñiguez fue perseguido por la PGR acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero y a la vuelta de cuatro años absuelto. Junto con él fueron perseguidos también varios de sus comandantes, muchos de ellos reincorporados a las policías estatales en el presente gobierno.
Para controlar las policías municipales, en todas ellas fueron colocados al frente comandantes de la Policía Ministerial de todas las confianzas de Aguilar Íñiguez.
Uno de los casos más relevantes fue el de Jesús Carrasco Pérez, enviado a combatir a las fuerzas de Fausto Isidro Meza Flores, en Ahome, lo cual provocó de uno y otro lado decenas de ejecutados. Para ello fueron primero detenidos más de 20 agentes y el jefe de la policía, el mayor, León Horacio Reyes, aún preso en un penal de Veracruz.
En enero de 2012 vendría la toma de Guasave. Al mando de Aguilar Íñiguez, policías ministeriales detuvieron en aquella ciudad y trasladaron a Culiacán a 32 policías municipales, entre ellos al jefe de la corporación, Leocadio Cabrera Delgado, luego de que horas antes, la tarde noche del 29 de enero, murieron tres militares durante un enfrentamiento con sicarios.
Todos los policías fueron liberados días después pero el golpe estaba dado: el agente ministerial Iván Palazuelos Félix, gente cercana a Aguilar Íñiguez, asumió la dirección de la Policía Municipal de Guasave.
En Navolato la maniobra fue distinta. Al decretar el gobernador en enero de 2012 que la Policía Estatal Preventiva se hiciera cargo de la seguridad pública en ese municipio, inició una estrategia para desmantelar a la Policía Municipal, incluyendo la disolución de los mandos. La Policía Estatal Preventiva desplazó a los municipales y un comandante del Grupo Élite, Juan Diego Macías Castro, considerado parte del grupo afín a Chuytoño, fue designado jefe de la Policía Municipal.
En Mazatlán el operativo contra la Policía Municipal no incluyó a todos los agentes sino solo al jefe de la corporación, Víctor Manuel Zataráin Cedano, quien el 16 de mayo de 2013 se atrincheró en sus oficinas hasta que consiguió un amparo que le permitiera evitar la aprehensión por parte de la Policía Federal para luego convertirse en fugitivo de la justicia.
Días antes, Aguilar Íñiguez le había expresado al gobernador Mario López Valdez y al entonces alcalde, Alejandro Higuera Osuna, su inconformidad con el jefe de la Policía Municipal por su baja colaboración en la lucha por erradicar de Mazatlán a gatilleros del grupo de los Zetas.
En su lugar fue nombrado, con la presencia de Chuytoño, el comandante Jesús Alejandro García Madero. Un año después este comandante tuvo que abandonar la plaza, después de que agentes municipales masacraron a dos militares durante una persecución y después de que ya se habían rendido. La respuesta fue que los habían confundido con sicarios.
