La ley de las armas

Comuneros de Santa María tienen miedo de exigir pagos justos por sus bienes
“No podemos subir a Santa María a reclamar lo que es nuestro y de nuestros hijos, ni buscar un acercamiento con la gente que negoció nuestros terrenos para la construcción de la presa, porque si subimos nos matan”, coincidió en lamentar un comunero rosarense.
Desplazados no sólo por la construcción de presa, sino por las múltiples amenazas que han recibido por parte de grupos armados, sólo uno que otro se anima a subir de manera casi clandestina y pasar desapercibido, para quienes dominan el territorio en la sierra de El Rosario no se sientan amenazados y tomen represalias.
Son alrededor de 50 comuneros que sacaron a sus familias de manera gradual y en distintas fechas, quienes viven ahora en distintos poblados del sur de Sinaloa. Otros han llegado hasta la capital del estado, y quienes tuvieron recursos salieron de la entidad, describen.
Ante el anuncio de que Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estará de gira en el estado y supervisará el avance de la obra Santa María, los afectados, que prefieren omitir su nombre, buscan una reunión con el funcionario.
Sería arriesgado ir a buscar un encuentro con él a Santa María, pero si va a estar en Mazatlán o Culiacán, lo vamos a abordar, comentan.
Saben que hay por lo menos un grupo armado en la sierra y en la cabecera municipal de El Rosario, pero también niegan tener pláticas o acercamiento con ellos.
No suben ni con el gobierno ni con la seguridad que dicen está desplegada por la sierra rosarense, “porque nos pueden matar, hay mucho temor, ese sería el problema y eso nos limita a tener un acercamiento allá en el pueblo”.
En el contexto
El gobierno del estado se limitó a firmar un convenio con la llamada Mesa Negociadora, que presuntamente representa a todos los comuneros, comprometiendo para todos el pago de una renta mensual, que según reportan los afectados no es distribuida correctamente, además de que el acuerdo de ocupación previa tampoco se les ha dado a conocer para saber a detalle sus alcances.
Quieren presionar al gobierno federal y del estado para que se les tome en cuenta pero tienen la limitante de que la presencia de grupos armados les impide llegar a Santa María para entrevistarse con las autoridades.
El pasado miércoles 27 de abril, el gobierno del estado anunció que De la Parra Ramírez confirmó su presencia en la entidad para ver los avances de la obra en la sierra de El Rosario, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.
“Queremos, por algún medio que se le preguntara a Conagua qué hacemos, cómo le hacemos, que somos un grupo de comuneros que hemos solicitado la intervención del gobierno pero como no les conviene a gente como José Luis López Montiel, (titular) de la Unidad de Inversiones, él dijo que no, que iba a ver pero no veía posibilidades de tener un acercamiento con el gobierno”, explicaron.
Tampoco se les ha dado la oportunidad de intervenir en una  junta con integrantes de la Mesa Negociadora.
Y es que hay aspectos importantes y de valor económico que los comuneros que negociaron con el gobierno del estado habrían pasado por alto, como árboles maderables y terrenos que son tomados tal cual sin considerar el valor agregado de las viviendas y de dichas especies.
Este grupo aclaró que no ha recibido ni piensa recibir dinero que por concepto de la renta ha otorgado el gobierno del estado, “creemos y queremos que el amparo se resuelva a nuestro favor para que se dé a conocer toda la información que estamos solicitando y a la que tenemos derecho, porque la Mesa Negociadora puso a disposición del gobierno el patrimonio de nuestros hijos”.
El saqueo
De los avalúos que se hicieron  a sus viviendas para determinar el monto con el que serían indemnizados, no hay claridad ni están conformes.
“Porque el lote describe la casa y superficie, tipo de construcción, pero queremos pelear porque solo ofrecen pagar la construcción, pero no el terreno y los árboles frutales y de madera que son parte del patrimonio”.
Lamentan que se haya destruido sus casas y con eso se reduzca el valor.
Casas viejas, construidas con ladrillo y pegadas con una mezcla de arcilla, han sido prácticamente desmanteladas, denunciaron.
Gente que baja de la sierra, vecinos y el propio avalúo confirmaron que el robo y destrucción de sus viviendas bajó drásticamente su valor.
“Se los llevaron para construir en otro lugar, pero no hay manera de demostrarlo”.
Y es que nadie, antes de abandonar el pueblo, hizo registro fotográfico de lo que dejaban atrás, y dudan que alguien se anime a ofrecer su testimonio en una tierra donde la ley del más fuerte es la que domina.
Fuera del presupuesto
En uno de los viajes que hicieron a Culiacán, un grupo de comuneros constató que en el presupuesto del gobierno del estado no existe un monto para que se les pague por la indemnización.
No faltaron las sugerencias para que se manifestaran públicamente y consiguieran unos 400 millones de pesos por parte de las autoridades a cuenta de la indemnización a la que tienen derecho, pero aún no se define nada.
 
“No queremos gastar los huaraches yendo de El Rosario a Culiacán y de Culiacán para acá; queremos que el gobernador nos cumpla lo que nos prometió”, advirtió uno de los comuneros, aquél 10 de junio de 2014 un habitante de Santa María, minutos antes de que su representante, Ángel Toledo Medrano, presidente de la Mesa Negociadora para la construcción de la presa, recibiera el cheque por 381 mil pesos de manos de López Montiel.
A casi dos años de distancia de aquella advertencia que el comunero hiciera al gobernador Mario López Valdez a través del funcionario, el grupo disidente reveló su identidad.
Se trataba de Hilario Alvarado Oronia, quien era integrante de la Mesa Negociadora y quien murió sin ver terminada la obra por la que recibió una parte proporcional del pago que se hizo por la ocupación previa de sus terrenos.

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