En el estado, los dos bandos en disputa del Cártel de Sinaloa han incorporado el uso de drones para atacar personas y propiedades

 

 

 

Si en algo coinciden los testimonios de personas desplazadas y de quienes han sufrido los embates de la guerra entre cárteles en comunidades de Sinaloa, es en la implementación del uso de drones por parte del crimen organizado; ya sea para lanzar explosivos improvisados o para vigilancia, estos dispositivos se han convertido en una herramienta de bajo riesgo para los operadores criminales.

El sábado 14 de marzo, una persona falleció y otra resultó herida tras un ataque con disparos y el lanzamiento de explosivos desde drones en el poblado de Arroyo Grande, en la sindicatura de Sanalona, Culiacán. El hecho dejó vehículos incendiados y reportes de viviendas afectadas.

Los drones, como suele ocurrir con la tecnología, se han vuelto más útiles y eficientes para el crimen organizado, no solo para atacar y vigilar, sino también por su capacidad de sustituir la labor de las personas, señaló el doctor José Antonio Álvarez, profesor investigador en el departamento de Posgrado en Derecho y Política Criminal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, entre otras particularidades, los drones, señaló, brindan a los grupos criminales sigilo, velocidad, capacidad de reacción a distancia, precisión y la posibilidad de operar sin exposición física.

“Por ejemplo, hoy se habla del dron halcón, entonces, ya todos los chavitos que se ponían en las esquinas o en algunas ciertas manzanas para vigilar la entrada y salida de gente, se ha ido sustituyendo y lo hace más discreto”, expuso.

Álvarez León recordó que, desde 2017, cuando escribió sobre drones en el contexto del desarrollo de las Fuerzas Armadas mexicanas, ya existía información sobre ataques dirigidos con estos dispositivos. En un inicio, explicó, su uso consistía en realizar ataques a distancia mediante el sobrevuelo y la liberación de explosivos.

Los primeros cárteles en emplearlos, señaló, fueron el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

 

El mercado

Humberto Mejía Hernández, maestro en Dirección en Seguridad de Empresas, señaló que las capacidades son muy amplias: carga, autonomía de vuelo, tipo de cámaras (infrarrojas, térmicas, de alta definición), entre otras. Explicó que el avance constante de la tecnología aplicada a los drones ha permitido la incorporación de aditamentos para tareas de prevención, vigilancia y transporte.

El especialista señaló que la comercialización de drones es muy sencilla y presenta pocas restricciones, y en donde puede haber dificultades es para adquirir equipos con ciertas especificaciones, ya que no son tan fáciles de conseguir; sin embargo, existen empresas dedicadas a su comercialización que pueden poner en contacto a los compradores con fabricantes capaces de hacer adecuaciones y permitir su adquisición de manera legal.

“No es como pedirlo en una plataforma: ‘quiero un dron de estas capacidades para transportar un misil’, no se puede así tan fácil, pero con ciertas características permisibles sí las hay, y es fácil comprar un dron en México, tanto en mercados legales como ilegales”.

Mejía expuso lo complejo que sería prohibir la comercialización de drones. Mencionó que, mientras exista un mercado que consuma y un proveedor dispuesto a venderlos, el mercado seguirá existiendo. “Si tú no lo compras en el mercado legal, vas a comprarlo en el mercado negro, y si no lo compras en el mercado electrónico. Ese es uno de los riesgos latentes”, mencionó.

Mejía puso como ejemplo el caso de los “jammer” o inhibidores de rastreadores satelitales, que son utilizados por grupos criminales para robar camiones de carga. Explicó que el sector de la seguridad corporativa impulsó una ley para prohibir su uso y posesión; sin embargo, estos dispositivos continúan vendiéndose en plataformas.

 

 

Consideró que los sectores de seguridad y tecnología deben formular una propuesta que no prohíba, pero sí regule el uso de drones, estableciendo estándares para su comercialización y fabricación, como impedir que empresas que no vendan al gobierno produzcan drones con aditamentos militares, así como limitar el número de ventas.

Advirtió que la falta de regulación puede propiciar una comercialización indiscriminada de cualquier capacidad y en distintas plataformas. Además, que con el tiempo la tecnología se vuelve más accesible: un dron que hoy cuesta 10 mil pesos, en unos años podría costar entre 20 y 30 por ciento menos, lo que incrementará su atractivo y facilitará su adquisición.

En 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, los legisladores federales aprobaron reformas al código penal federal y a la ley de federal de armas de fuego y explosivos para sancionar su uso. La propuesta buscaba combatir el uso de aeronaves pilotadas a través de sancionar a quienes los usaban para cometer actividades delictivas como el trasiego de drogas, armas, lanzar explosivos o vigilancia. La ley se aprobó luego de que el titular de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reconociera el aumento del ataque con drones y explosivos contra el ejército en Michoacán por parte del CJNG.

 

Regulación de venta

José Antonio Álvarez León indicó que la regulación del control de drones en términos legales se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años.

En este sentido, enlistó tres aspectos que las autoridades deben atender. El primero es la creación de un marco regulatorio para la tecnología utilizada en los drones: no solo controlar los dispositivos que venden comercialmente ya ensamblados, sino establecer mecanismos de seguimiento sobre la tecnología avanzada que ingresa al país, quién la importa, distribuye, cómo se comercializa, quién puede acceder a ella y bajo qué condiciones se adquiere.

El segundo punto es el uso de tecnología por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para contrarrestar drones, detectar su ubicación y monitorear su operación. Consideró que estas herramientas deberían implementarse en campo abierto, como la sierra y zonas portuarias, donde, según dijo, su uso es limitado y suele restringirse a estrategias específicas.

En tercer lugar, señaló que, al atacar a una célula criminal, no solo se debe desarticular su estructura financiera y operativa, sino también identificar a sus operadores tecnológicos, responsables de desarrollar la diversificación de usos que actualmente tienen estos dispositivos.

“Esencialmente un dron aprenden a volarlo como aprende un niño, pero desarrollar la tecnología para espiar, oír, cortar señales, necesitan evidentemente de cerebros. ¿Quiénes son y dónde están? La inteligencia de este país tiene que empezar a buscar quiénes son y cómo operan, quién les vende esos servicios, si lo hacen solos, si lo hacen a través de organización. ¿Pero quiénes están dando esta tecnología?”.

Comentó que estas personas suelen provenir de universidades o de empresas tecnológicas, crean sus propias compañías y terminan vendiendo este tipo de soluciones a grupos criminales, por lo que las autoridades de inteligencia deben enfocarse en el rastreo y registro de quienes tengan la capacidad de desarrollar estas tecnologías.

Advirtió que, de no regularse el uso de drones, podría incrementarse la eficiencia operativa de los grupos criminales, volviéndolos más letales, con capacidad de operar de forma más precisa y a mayores distancias, mejorar sus rutas de escape, movilidad y labores de espionaje.

“Sí hay que tener mucho cuidado, porque hay drones que tienen 10 centímetros de tamaño y a veces no es atacar, sino poder entrar, observar, robar información, espiar; entonces ya se pueden hacer más sofisticados”.

En julio del 2025, elementos del ejército aseguraron en Culiacán un vehículo que tenía en su interior un inhibidor de drones, se trataba de un dispositivo Skyfend Hunter, diseñado para neutralizar drones sin dispararles.

 

El transporte de la droga 

Un informe de 2024 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo de la ONU, advirtió sobre el aumento en los últimos años del uso de drones para el tráfico de drogas.

De acuerdo con el documento, estos sistemas han sido utilizados para vigilar las actividades de las fuerzas del orden y evitar ser detectados en operaciones de tráfico de drogas, personas u otros tipos de contrabando, además de emplearse directamente para el transporte de sustancias ilícitas.

Sobre México, destacó que, junto con Estados Unidos y Colombia, es uno de los países que han reportado incidentes en los que se emplearon sistemas de aeronaves teledirigidas, principalmente en zonas cercanas a centros penitenciarios o fronteras.

Señaló que desde 2010 las autoridades comenzaron a alertar sobre el uso de drones por parte del narcotráfico para el traslado de drogas y que, entre 2012 y 2014, autoridades estadounidenses detectaron alrededor de 150 sistemas de aeronaves teledirigidas cruzando la frontera con México.

El informe precisó que EU había señalado que los primeros drones procedentes de México eran importados; sin embargo, posteriormente se detectó que los traficantes comenzaron a optar por sistemas de fabricación local y hechos a la medida, con capacidad de transportar hasta 100 kilogramos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró, durante la conferencia matutina del viernes 20 de marzo, que no tenían información relevante sobre el uso de drones para el transporte de drogas y que el principal trasiego se da por tierra o aire. “La capacidad que puede transportar un dron de droga es muy, muy bajo”, aseguró.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2026 en la edición 1208 del semanario Ríodoce.