Exhumó y se llevó el cuerpo de su hijo, pero el expediente sigue sepultado
En el año 2010, Don Belisario Quintero decidió partirse la espalda en la sierra de Témoris, Chihuahua para darle los estudios profesionales de ingeniería civil a su hijo, Belisario Quintero Medina.
Cinco años después, Belisario junior retornó a la sierra, su tierra, pero convertido en huesos, luego que su padre y su madre terminaban ese jueves su siniestra estancia en Los Mochis, jurando no volver a pisarlo nunca más, ni enviar a sus retoños a estudiar, y mucho menos recomendar a la parentela vivir en una entidad en donde la vida no vale nada, y las instituciones son un calvario, mientras que la policía, verdugo de civiles.
Conteniendo el llanto, demostrando entereza y una indignación que en ocasiones le arranca maldiciones, don Belisario cuenta su historia, que a retazos fue atestiguada por reporteros.
Durante meses, el estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Sinaloa campus Los Mochis le había dicho a su padre que la policía municipal no lo dejaba en paz. Lo extorsionaban. El motivo, ser de la sierra y tener buena apariencia.
Eran los tiempos en que la policía municipal exhibía su lado oscuro, ocultando el rostro en capuchas negras y tapando con hule y cinta canela la matrícula de las patrullas, tácticas ambas de delincuentes para obtener impunidad, herencia del instructor de tiro metido por encargo del gobernador, Mario López Valdez como director de policía, Jesús Carrasco Ruiz y a quien le dio poderes plenipotenciarios para actuar en esa zona.
El alcalde Arturo Duarte García apenas tenía cinco meses en el cargo y a pecho abierto reconocía el esfuerzo de la policía por recobrar la tranquilidad de las calles, pero no hablaba de la decenas de desaparecidos que la población civil le atribuía a la policía, su policía.
Los belisarios aguantaron el hostigamiento porque el joven estaba a meses de concluir su educación profesional y tenía en puerta ya un primer empleo como superintendente de obra, luego de años de trabajar de albañil. Además, ellos nada debían por lo que nada temían.
Cuatro días después de concluir la carrera, el 20 de mayo del 2014, Belisario junior fue privado de la libertad por sujetos armados que viajaban en unos autos Jetta de color blanco. Esto ocurrió por el bulevar Pedro Anaya y Gabriel Leyva.
Tras desaparecer su hijo, don Belisario llegó a la ciudad. Rastreó calle por calle buscando a su hijo. Pegó avisos de búsqueda en postes y bardas, pero nadie respondía.
Dos meses después, cinco tumbas clandestinas fueron encontradas en las inmediaciones del panteón de Mochicahui. En la tercera estaba sepultado Belisario junior. Era el cuerpo “C” que fue exhumado.
Don Belisario reconoció a su hijo inmediatamente, por las prendas de vestir. La más característica, la camisa, que se la había prestado un hermano menor. La estatura, la complexión, el pelo, la forma del rostro, todo era coincidente.
Pero la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa no le creyó. Demandó pruebas genéticas, y le fueron rechazadas; exigió estudios forenses y le fueron negados. Por la insistencia, los peritos y el personal de la funeraria Moreh le mostraron un cráneo limpio servido en un plato. La calavera tenía un hueco en el hueso parietal, como un disparo a quemarropa. “A ver, identifíquelo”, recuerda don Belisario que le retaron aquel enterrador y un perito.
“Hijos de su chingada madre, ¡cómo voy a identificar un cráneo pelón en un plato ¡De veras, esos cabrones no tienen madre”.
Obrero actual, Don Belisario no se amilanó por el trato déspota, ruin y prepotentedel sepulturero y del funcionario público. Continuó su lucha y su trajinar, pese a que peritaje tras peritaje le negaban que el cuerpo “C” era su hijo.
En su cruel búsqueda permaneció más de un año. La hizo de detective, de investigador criminal, tomó el papel que la Policía Ministerial del Estado nunca quiso. En ese año obtuvo más información. Logró el nombre, descripción y lugar de trabajo de un sujeto que había pregonado que Belisario ya estaba muerto. Incluso, confundido como cliente lo tuvo frente a frente.
Entregó los datos para el expediente, y estos ahí continúan, intocables, muertos, sepultados en la deliberada ignorancia y arrogancia oficial.
Unido por el dolor a centenares de personas con familiares desaparecidos, Don Belisario se suma a la asociación civil “Desaparecidos de El Fuerte”. Apenas así comenzó a mover la insensibilidad y brutalidad oficial. Él era uno más en esos casi 220 casos de desaparecidos en el norte de Sinaloa.
De viva voz contó su historia a Ebber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, quien atrajo el caso. Una segunda prueba de análisis genético demostró finalmente que efectivamente el cuerpo “C” era Belisario junior.
Vencida en su propio juego macabro, la Procuraduría General de Justicia del Estado no tuvo más opción que la de exhumar por segunda ocasión el cuerpo del profesionista para entregarlo a sus padres, y que finalmente tuviera la tercera y definitiva sepultura, previa velación.
Ese día se exhuma la fosa “C”, pero adentro se encuentra el cuerpo “A”. Ese no era Belisario junior. Se equivocaron en las cruces, aceptan los dolientes. Exhuman la fosa “A” y adentro encuentran la bolsa con el cuerpo “C”. Don Belisario decide cerciorarse de que era su hijo, y se lleva una sorpresa… no hay cráneo.
La indignación estalla, y el papeleo aumenta. Culpas van y vienen entre los enterradores de la funeraria Moreh y los peritos de la Procuraduría de Justicia.
Exhuman los cuatro cuerpos restantes, en medio de una inusual algarabía y burla de los enterradores de la funeraria Moreh. Como barbajanes, éstos no muestran respeto ni dolor ni escrúpulo alguno; desprecian a Don Belisario. Es tal la repulsión hacia el padre adolorido que lanzan deliberadamente lodo impregnado con fluidos de los cadáveres a los pies de este. El padre no se inmuta. Quiere a su hijo, y ni siquiera repara en el nuevo agravio.
Las bolsas con los cuerpos se desfondan. Restos humanos quedan en el fondo. Huesos, carne putrefacta por doquier. Lo que sobra se envuelve en un plástico y va de nuevo a la fosa común.
El cráneo no aparece por ningún lado. Alguien decide llamar a un empleado de la funeraria Moreh y éste acude al anfiteatro privado, saca un envoltorio y entrega el cráneo limpio. Es el mismo que a Don Belisario, un año atrás, le fue servido en un plato para que lo identificara.
Completa la osamenta de Belisario junior, los deudos se reúnen a puerta cerrada con el Subprocurador Regional de Justicia en la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo. Éste se disculpa por las atrocidades cometidas, ofrece el traslado del cuerpo sin costo y ahondar en las investigaciones.
Don Belisario ya está cansado y harto. Acepta todo. Decide llevarse a su hijo, sepultarlo y darle vuelta a la macabra página de su vida que terminó con la historia de su hijo. “Estos cabrones que no tienen madre, de quitarle la vida a una persona que no le hacía mal a nadie, que se esforzó por tener una carrera universitaria para darle a su familia una mejor vida. Y estas fregadas instituciones que son insensibles, chingado”.
—¿Demandará a la funeraria o a la Procuraduría?
—No creo. Lo único, que mi experiencia sirva para que sean mejores, y para que las familias que pasan o pasarán por donde yo ya recorrí,estén alertas.
María Araceli Sepúlveda Sauceda, visitadora zona norte de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa afirmó que la experiencia de Don Belisario es atroz, y ejemplo de protocolos inconclusos en la custodia y destino final de evidencia. “Esto debe servir para mejorar las cadenas, pero lo sucedido no debe quedar sin sanción. Es evidente que alguien falló y debe ser sancionado. No se puede tratar así a las personas”.
Mirna Nereyda Medina, dirigente de la asociación “Desaparecidos de El Fuerte” aseguró que el caso de Don Belisario Quintero es dantesco y cualquier calificativo se quedaría corto. No hay explicación por dar. Ella sólo se pregunta ¿qué hicimos nosotros para sufrir tanto dolor?
ENGARZADA…
La ineptitud de la Procuraduría en casi dos años de espera
El drama de la búsqueda
Karen Magallanes
La mañana del 3 de marzo de 2014 no fue el inicio de un día cotidiano para Francisco Manuel Hernández Pérez. Ese día fue privado de su libertad justo cuando llegaba a la carnicería donde trabajaba.
La versión de los familiares indica que eran alrededor de las ocho de la mañana cuando el joven de 30 años, residente de la colonia Agustina Ramírez, ubicada al sector noroeste de la ciudad de Culiacán, fue sometido por sujetos armados y subido por la fuerza a un automóvil en el que huyeron.
Vecinos de una tortillería que se encuentra frente al establecimiento donde ocurrieron los hechos dieron aviso a las autoridades y familiares, quienes ese mismo día levantaron una denuncia por desaparición forzada y el caso fue absorbido por la Procuraduría General de Justicia.
Desde entonces comenzó la búsqueda incesable para encontrar al hijo, hermano, amigo, sobrino, esposo, al padre de un pequeño de cinco años, por hallar con vida a Francisco. Preguntando en calles, con amigos, e insistiendo en la procuraduría un avance, alguna pista que los llevara a él.
Se realizaron las pruebas de ADN en 2014 a los padres de Francisco para identificarlo con alguno de los cuerpos que permanecen en la fosa común.
“Veníamos a la procuraduría a preguntar y nada más nos decían que esperáramos y esperáramos, que era tardada la llegada de resultados”, dice en sus recuerdos Bertha Alicia Pérez, tía de Francisco.
Francisco fue privado de la libertad en la colonia Adolfo López Mateos en la zona suroeste de la ciudad.
Veintiún días después de que se perdiera el rastro de Francisco, fueron hallados los cuerpos de dos personas dentro de una de las piletas de filtrado en la Planta de tratamiento de aguas residuales de la JAPAC al sur del dique La Primavera, tan solo a quince minutos del lugar donde desapareció.
El hecho fue reportado a la policía por el personal, al percatarse de que uno de los brazos de uno de los cuerpos sobresalía del agua. La diligencia indicó que por su avanzado estado de putrefacción tenían más de 15 días de fallecidos.
Mientras la familia de Francisco insistía y persistía en su búsqueda con la esperanza de poder hallarlo vivo, uno de estos cuerpos fue identificado y entregado a sus familiares justo días después del hallazgo realizado.
Los familiares de la víctima aún en pie de lucha, no se conformaron con el poco o nulo avance que dicen, recibieron por parte de la procuraduría, siguieron buscando por más de una año a Francisco y no descansarían hasta lograrlo.
En septiembre del año en curso decidieron pedir el apoyo de Oscar Loza Ochoa, dirigente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos para que agilizaran el proceso de identificación ya que habían pasado casi dos años del suceso y no había respuesta de las autoridades.
La segunda semana de octubre, sus familiares recibieron noticias de Francisco.
“El lunes (12 de octubre) nos llamaron que estaban listas las pruebas de ADN y se nos citó hoy (14 de octubre) para recoger el cuerpo”, mencionó Bertha Alicia.
A las 11 horas de ese día, Rosa Nallely González acompañada de su hijo, acudieron al Servicio Médico Forense para recoger el cuerpo de su esposo y realizar los trámites correspondientes para poder darle sepultura. En el lugar también se encontraban las hermanas del joven y su tía materna.
El cuerpo de Francisco era el mismo cuerpo encontrado en JAPAC que no había podido ser identificado, pero no fue sino hasta octubre de este año cuando las pruebas de ADN estuvieron listas y se pudo precisar el dato.
Oscar Loza reprobó que la procuraduría no haya relacionado oportunamente el caso de Francisco con el de los cuerpos encontrados en las instalaciones de JAPAC y éste haya sido enviado a la fosa común.
La autopsia realizada indicó que el cadáver presentaba seis impactos de bala que le dieron muerte.
Bertha Alicia indicó que el expediente sigue abierto en la PGJE, “tenemos que encontrar a los culpables”, pronunció.
El caso seguirá abierto para esclarecer el motivo del asesinato y encontrar a los responsables de darle muerte a Francisco Manuel.
El coordinador del Departamento de Atención a Víctimas de la PGJE, Alfonso Salazar, mencionó que se le brindará el apoyo necesario a la familia del joven y comentó que lo mismo sucederá en el caso de la exhumación de cadáveres realizada esta semana en la ciudad de Los Mochis.
Ahora la interrogante es, por qué el cuerpo de Francisco fue entregado casi dos años después de su desaparición aun cuando existían pruebas de ADN de por medio. Y el por qué la procuraduría no integró los datos coincidentes al expediente.
