La iniciativa debe fiscalizarse y transparentarse, dice Iniciativa Sinaloa

El gobierno de Sinaloa y el ayuntamiento de Culiacán pondrán sobre la mesa 8 millones de pesos para la rehabilitación de parques de la capital y el cual estará administrado por la fundación del exalcalde Jesús Vizcarra Calderón.

El programa marcó la reaparición pública del dueño de SuKarne, quien dijo que decidió participar para responder al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el sector empresarial asumiera un papel más activo en la sociedad.

Hasta ese momento, la última ocasión en que el nombre de Vizcarra apareció en la agenda pública fue cuando trascendió que facilitó un avión a Rocha Moya para que viajara a Los Ángeles el 25 de julio de 2024, día en que ocurrieron la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda y la detención de Ismael el Mayo Zambada en Estados Unidos.

Además de los 8 millones de pesos que aportarán las autoridades estatales, el programa contempla una inversión de 8 millones de pesos del Fondo María e Isabel, propiedad de la familia Vizcarra, así como hasta 4 millones de pesos de Parques Alegres I.A.P., impulsada por la familia Coppel. En total, el fondo alcanzará los 20 millones de pesos, recursos que serán administrados y ejecutados por Fundación Vizcarra A.C.

El programa denominado “Parques Vivos 4×1”, consiste en el equipamiento de parques mediante un esquema de financiamiento compartido. A través de comités vecinales, los habitantes podrán elegir, de un catálogo de equipos, las obras o mobiliario que desean para su parque, desde señalética con un costo de 2 mil pesos o depósitos para basura de 4 mil pesos, hasta techumbres metálicas con iluminación de 275 mil pesos. Para acceder al beneficio, los vecinos deberán aportar el 20 por ciento del costo de la obra o mobiliario, mientras que el 80 por ciento restante será cubierto con el fondo.

El mecanismo de financiamiento es similar al modelo impulsado por Jesús Vizcarra durante su administración como alcalde de Culiacán para la pavimentación de calles y la ejecución de obras públicas. A través de la Comisión Municipal para el Desarrollo de Centros Poblados (COMUN), los comités vecinales contribuían con una parte del costo de las obras y el resto era cubierto por las autoridades.

Sin embargo, ese esquema también fue objeto de críticas. Vecinos denunciaron que las aportaciones que realizaron nunca les fueron devueltas, pese a que las obras no se ejecutaron o terminaron realizándose posteriormente con recursos públicos, sin que se les reembolsara el dinero.

El alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el gobernador con licencia, Rubén Rocha, llegaron a hacer referencia a esa situación durante la entrega de calles pavimentadas en su administración. En esos eventos sostenían que, en gobiernos anteriores, a los vecinos se les cobraba por la pavimentación de calles aunque las obras nunca se concretaban, mientras que en su administración esos trabajos se realizaban sin costo para los habitantes.

El convenio establece que las autoridades fiscalizadoras y los órganos internos de control mantendrán intactas sus facultades para intervenir en el programa.

El proyecto fue presentado el 16 de abril en un acto encabezado por Rubén Rocha Moya y por Juan de Dios Gámez Mendívil, apenas dos semanas antes de que se difundieran las acusaciones que los señalaban de presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con integrantes del proyecto, entre ellos, Lilia López, directora de Parques Alegres, la intención es terminar la bolsa de los 20 millones de pesos.

“Esta fue una iniciativa que fue primeramente planteada por las organizaciones de la sociedad civil y pues se llevó a cabo de manera conjunta con las autoridades del ayuntamiento y estatal que vieron con buen ojo hacer este proyecto”, dijo López.

Aclaró que las adquisiciones de materiales y la ejecución de las obras no estarán a cargo de autoridades de gobierno, sino de las organizaciones civiles que integran el comité del programa.

Integrantes de Parques Alegres aseguraron que las autoridades estatales y municipales continúan formando parte del proyecto. No obstante, hasta el cierre de esta edición ningún parque había sido intervenido. Explicaron que las solicitudes presentadas por los comités vecinales permanecen en la etapa de revisión.

Para Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, el programa debe transparentar el convenio de colaboración, las aportaciones de cada participante y publicar periódicamente el ejercicio de los recursos, incluyendo proveedores, criterios de contratación e informes sobre el destino del dinero público.

“Es importante conocer esa información de los parques que vayan a ser beneficiados para evitar discrecionalidad o favoritismo o bien conflictos de intereses, también es importante transparentar los informes de avances físico y financieros, con imágenes fotográficas, metas alcanzadas o indicadores de impacto, otro punto importante creo que tiene que ser la fiscalización”, mencionó

La confianza en estas fundaciones dijo, no sustituye la rendición de cuentas, ya que existen leyes que indican que, si personas morales reciben recursos, se debe de transparentar.

Consideró que las autoridades también deberían explicar públicamente por qué se eligió a Fundación Vizcarra A.C. María e Isabel y Parques Alegres I.A.P. para participar en el programa.

“Cada peso aportado por gobierno del estado y el ayuntamiento debe de poder rastrearse, auditarse y evaluarse, a eso deberíamos de apostarle con este proyecto, o sea sí lo vemos positivo, pero también queremos que gobierno le garantice a la ciudadanía que ese recurso se podrá rastrear, auditar y evaluarse”.

Artículo publicado el 05 de julio de 2026 en la edición 1223 del semanario Ríodoce.