La semana pasada el Congreso del Estado hizo reformas para que la Auditoría Superior de Sinaloa, ASE, no pueda ser fiscalizada. Por la naturaleza de la ASE, esto es una contradicción absurda que solo puede explicarse por la complicidad que hay entre los poderes y el sometimiento del Legislativo al Ejecutivo —peor que en los viejos tiempos del PRIAN y que llegamos a abominar desde la izquierda—, con la intención de encubrir el turbio manejo de los recursos del erario. Los diputados morenistas argumentaron que las reformas fortalecen la cultura de mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas, pero es exactamente al revés, porque la ASE podrá manejar un presupuesto de 200 millones de pesos sin rendirle cuentas a nadie y, en correspondencia, se hará de la vista gorda con el manejo de los dineros que haga el Congreso, el gobierno estatal, los municipios y las dependencias descentralizadas. La jugada es vulgar pero perfecta.
La ASE se creó en Sinaloa en 2008 (con Jesús Aguilar), nueve años después de que se constituyó la Auditoría Superior de la Federación, en 1999 (con Ernesto Zedillo). Se trataba de contar con un organismo independiente del Ejecutivo que fiscalizara el manejo de los recursos. Pero con el tiempo los organismos terminaron siendo capturados por los gobiernos. Tienen autonomía solo en el papel.
La actual presidenta de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, llegó al cargo durante la administración de Quirino Ordaz. Quirino ganó la elección en 2016 y forzó la renuncia de Antonio Vega Gaxiola por razones nunca explicadas. Félix Rivera quedó como encargada de despacho y en marzo de 2017 el congreso estatal le tomó protesta como titular. Desde ahí protegió los movimientos del mazatleco y recibió fuertes críticas de la oposición, principalmente de los diputados de Morena, que hicieron mayoría después de las elecciones de 2018, aquel tsunami. Y cuestionaron duramente su estadía en el cargo. Pero llegó Rubén Rocha al poder y la relación se empezó a suavizar. Y aquellos diputados que la cuestionaban terminaron por lanzar flores a su paso. Y se consumó el amasiato. Tanto, que durante todo este tiempo Ríodoce ha encontrado más anomalías en los contratos del gobierno estatal que la propia ASE. Y no somos auditores ni fiscales.
La forma en que defenestraron a la titular de la UTE, Unidad Técnica de Evaluación, Alejandra Pineda Prado, debería avergonzarlos. Se atrevió a auditar a la ASE y Emma Guadalupe se quejó. Entonces el gobernador le ordenó a Teresa Guerra que le pidiera su renuncia. Y renunció, pero también denunció públicamente que la estaban corriendo porque les estorbaba. “Es triste, pero pues yo elegí no ser cómplice de la corrupción”, dijo al despedirse.
Otra de las felonías de nuestro congreso estatal “de izquierda” es haberse plegado sin chistar a la decisión lopezobradorista de eliminar los organismos autónomos que consideraron un estorbo. Por esa razón eliminaron el Instituto de Transparencia y llamaron a los congresos locales a que hicieran lo mismo en sus entidades. Por eso el congreso de Sinaloa aprobó ya la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, la CEAIP, lo cual es un golpe brutal al derecho de los ciudadanos a estar informados y que está plasmado en nuestras constituciones de forma incontrovertible.
México se abrió formalmente a la transparencia en 2002. Sinaloa y Jalisco fueron las primeras entidades que crearon una ley de acceso a la información pública. En Sinaloa fue con Juan Millán y en México con Vicente Fox. Estas leyes no nacieron porque los gobiernos fueran muy democráticos, sino por la presión de la sociedad civil, de periodistas, académicos, defensores de derechos humanos, que aprovecharon que un partido distinto al PRI había llegado al poder, para impulsar reformas democráticas. El derecho a la información fue el eje central de sus esfuerzos. Se creó la Ley y luego el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de esta ley, que en nuestros días terminó siendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (INAI), ahora desaparecido por iniciativa de AMLO.
Bola y cadena
LO QUE ESTAMOS VIVIENDO AHORA es una regresión y es hasta doloroso que este retroceso provenga de un gobierno que se dice de izquierda. La transparencia de las acciones del sector público es un derecho y la máxima publicidad de las acciones del gobierno una condición de la transparencia en cualquier democracia. Los gobiernos autoritarios no conocen estas premisas y las sociedades que los padecen muchas veces tampoco. Pero nosotros sí.
Sentido contrario
HACE ALGUNOS DÍAS LA CEAIP, pronta a desaparecer, declaró en rebeldía al ayuntamiento de Guasave porque se ha negado una y otra vez a entregar información que Ríodoce le ha estado solicitando sobre el ejercicio de un crédito de 60 millones que contrató en septiembre de 2025. Solo queremos hacer público en qué se gastó. Nada más. Pero la alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya, morenista, humanista y revolucionaria, se niega a transparentar sus gastos. La pregunta es por qué, qué esconde.
Humo negro
SI NIÑAS Y NIÑOS ESCRIBEN SOBRE la paz, no todo está perdido. Si un plebe de 17 años, como Gilberto Mora, le da esperanzas a México de jugar un partido más y hasta de soñar con la copa, no todo está perdido. En Sinaloa hemos visto morir a decenas y decenas de jóvenes acribillados, muchos de ellos —seguramente no todos—porque creyeron que la vida era así, violenta y terminal a los 15, 16 años. Esto no es una fatalidad y tiene solución. Que la esperanza, en el futbol y en medio de la narcoguerra, se mantenga viva. México 2- Inglaterra 0.
Artículo publicado el 05 de julio de 2026 en la edición 1223 del semanario Ríodoce.
