Empresas de telecomunicaciones denuncian ante la FGR al municipio del norte de Sinaloa
Empresas de telecomunicaciones denunciaron ante la Fiscalía General de la República al ayuntamiento de Salvador Alvarado por presunta extorsión, al solicitarles pagos de más 600 millones de pesos por el uso de infraestructura pública, que está bajo regulación federal, mientras que funcionarios municipales afirmaron que dichas compañías no contaban con permiso para las instalaciones, y además adeudaban el predial urbano.
Entre la lista de compañías de telecomunicaciones que han sido sancionadas por el ayuntamiento de Salvador Alvarado se encuentran Total Play, Megacable y Telmex.
El tesorero de la administración encabezada por Guadalupe López González, Daniel Parra Montoya, explicó que la empresa encargada de la cobranza es Comercializadora Integral Molca, SA de CV, a la cual se le renovó el contrato, que ya había firmado con la administración pasada de Armando Camacho Aguilar, esposo de la actual mandataria municipal.
Dicho despacho, dijo que cobra con base en un porcentaje de lo recaudado, cifra, que no puede mencionar.
“Inclusive fue de la administración pasada, solamente se renovó en esta administración el contrato, pero esta empresa nos ha ayudado en la cobranza desde la administración pasada… Es un porcentaje lo que cobra, de acuerdo a lo que se cobre, pues va la ganancia de la empresa”, indicó.
Daniel Parra añadió que, hasta el momento, sólo han sido sancionadas tres compañías de telecomunicaciones, estas multas han sido motivadas, principalmente porque no efectuaron el pago de la licencia para la instalación de cableado en la vía pública, el cual tenía que ser solicitado en la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Salvador Alvarado; el costo se establecía en Unidad de Medida de Actualización (UMA) y dependía de si el cableado era aéreo o subterráneo.
“Es mínimo una cuota, pero sí lleva su costo; depende, por ejemplo, por metro o si es subterráneo, es a diferente costo. Es mínimo el permiso, pues son permisos que, pues estamos hablando de UMA, estamos hablando muy poquito… La empresa está diciendo que nosotros somos los extorsionadores, pero pues lo único que estamos haciendo nosotros es multar a esas empresas que han puesto esos cableados, pues de manera irresponsable y sin pedir permiso”, detalló el funcionario.
De acuerdo con el tesorero, la multa de mayor cantidad sumaba alrededor de 610 millones de pesos, esta fue impuesta a Total Play, compañía que, según Parra, no buscó un acercamiento con el ayuntamiento para que este le aplicara un descuento a la sanción.
“En total, de la empresa de la que fue tan polémico, sumaban alrededor de 610 millones de pesos la multa. Lógico que, pues nunca se arrimaron a negociar para un acuerdo de pagar un monto mucho menor. Esa es la única empresa que yo tengo el monto, las otras van a un proceso, están empezándose a multar”, señaló.
El funcionario rechazó que el ayuntamiento haya creado un nuevo gravamen y sostuvo que los montos reclamados corresponden a sanciones administrativas.
También aseguró que las disposiciones que obligan a solicitar autorización municipal no son recientes y están contempladas desde reformas realizadas en años anteriores. Incluso, sostuvo que algunas empresas sí habían tramitado permisos y posteriormente ampliaron su infraestructura sin solicitar nuevas autorizaciones.
“No es un impuesto. Es una sanción derivada de infracciones cometidas al reglamento de construcción y al reglamento de ordenamiento territorial. Resulta incongruente que una empresa diga que no ocupa permiso cuando fueron ellos quienes lo tramitaron y posteriormente fueron ampliando su red sin contar con la debida autorización”, manifestó.
Sobre las afectaciones a usuarios que se quedaron sin servicio de internet tras el retiro de infraestructura por falta de pagos de permisos, el ayuntamiento ofreció disculpas, aunque insistió en que su obligación es aplicar la normativa vigente.
“No es nuestra intención privarlos del servicio; lamentablemente las empresas tienen esta conducta, la cual prácticamente no debe ser permitida por la autoridad porque sí lo marca la norma”, sostuvo.
Alcaldesa se deslinda de acusaciones
Guadalupe López González rechazó las acusaciones de presunta extorsión presentadas por empresas de telecomunicaciones ante la FGR y afirmó que las actuaciones de la autoridad municipal se encuentran sustentadas legalmente y que el caso es atendido por el área jurídica del municipio y atribuyó la controversia a la negativa de empresas foráneas de cumplir con obligaciones fiscales.
“Empresas foráneas no quieren cumplir con sus obligaciones, con el pago de sus impuestos. Nada se está haciendo que no esté apegado a la ley, tenemos una ley y sobre ella se está trabajando”, declaró.
La alcaldesa también precisó que hasta el momento no ha sido requerida por la fiscalía para rendir una declaración.
“No, para nada. Ese tema lo lleva el área jurídica. Ya tiene meses trabajándose en ello. Todo bien”, dijo.
De acuerdo con la alcaldesa, la controversia comenzó a principios de este año y ha sido atendida desde entonces por las áreas de Desarrollo Urbano y Jurídico del ayuntamiento, aunque evitó precisar desde cuándo existía el presunto adeudo de las empresas.
López González también desestimó los señalamientos de extorsión, reiterando que son difamaciones y se tendrá que esperar al término del litigio que está en curso.
“¿Qué puedo decir?, bueno, son difamaciones. Son difamaciones, pero bueno, lo repito, es un proceso legal que tendrá un término y pues es que hay que esperar, son meses de trabajo, y bueno, ya el área jurídica está trabajando en ella”, expresó.
Artículo publicado el 05 de julio de 2026 en la edición 1223 del semanario Ríodoce.
