La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó el 1 de julio de 2026 la clausura total y definitiva del sitio de disposición final de residuos del municipio de Mazatlán. El lugar, conocido como basurón y ubicado en el ejido Urías, fue cerrado para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Esta medida derivó de un procedimiento administrativo iniciado tras detectar incumplimientos a la legislación vigente. Asimismo, se constató la falta de estudios técnicos para determinar la peligrosidad de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos depositados en el sitio.

El proceso comenzó con una inspección en 2022, tras la cual se requirió al Ayuntamiento un plan de regularización. Aunque el municipio presentó un cronograma, una verificación en 2025 reveló que una celda seguía operando sin los mecanismos de impermeabilización necesarios para proteger el suelo.

Ante las irregularidades, la dependencia emitió en diciembre de 2025 una resolución imponiendo al Ayuntamiento una multa por 10 millones 444 mil 60 pesos. A la par de la clausura, ordenó la reducción gradual del ingreso de residuos hasta llegar a cero y monitoreos ambientales trimestrales.

El gobierno municipal promovió un juicio de nulidad contra la medida a principios de 2026. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad de la resolución, por lo que el personal procedió a la colocación de los sellos correspondientes.

La institución federal informó que mantiene comunicación permanente con el Ayuntamiento de Mazatlán. Reiteró su disposición para brindar el acompañamiento técnico e institucional necesario en la solución del manejo integral de los residuos del municipio.