Pese a que la Conagua desmintió su defensa, desde el Ayuntamiento de Mazatlán afirman que no es cosa juzgada
A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contradice la defensa legal del Ayuntamiento de Mazatlán y desmiente la versión de la alcaldesa Estrella Palacios sobre el desvío del arroyo Jabalines, el secretario Moisés Ríos Pérez sostuvo que el litigio “sigue su curso” y evitó pronunciarse sobre el contenido del documento federal.
Mientras el expediente acumula dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) y una sentencia que podría llegar en menos de 60 días, Ríos Pérez sostuvo que el juicio de amparo 457/2025 por el desvío del arroyo Jabalines “sigue su curso” y que el municipio cuenta con una defensa propia sobre su actuar.
Cuestionado respecto a que si el documento de Conagua, en el que la dependencia federal declaró que no autorizó las obras que afectaron el predio de la familia López Somoza, complica la defensa del Ayuntamiento, Ríos Pérez respondió que no puede ahondar en el tema porque es un procedimiento que sigue su curso y que cualquier comentario podría tomarse como una afirmativa de alguna de las partes en el litigio.
El secretario confirmó que existen “dos o tres procesos” de amparo relacionados con el desvío del arroyo, promovidos por la parte afectada, de los cuales algunos ya finiquitaron mientras otros continúan su curso.
Aclaró que no se trata de un amparo promovido por el municipio, sino de procedimientos derivados de la denuncia del propietario afectado.
Sobre la responsabilidad de la alcaldesa en el caso, Ríos Pérez sostuvo que, aunque las denuncias señalan a distintos funcionarios, “no es un asunto directamente de la presidenta el procedimiento”, sin abordar que ella firmó el escrito ante el Juzgado Noveno, en el que el municipio negó haber realizado la afectación al arroyo.
El funcionario afirmó que el Ayuntamiento ha evitado el manejo mediático del caso.
“No es en los medios donde están los litigios, es en los juzgados y es ahí donde llevamos todo tipo de evidencia, defensa que tenemos nosotros para cualquier caso”, acotó.
Sobre el estado actual del cauce, dijo desconocer la situación específica del tramo modificado, aunque afirmó que el año pasado no se presentaron desbordamientos en esa zona durante la temporada de lluvias, a diferencia de otros puntos de la ciudad donde sí hubo desborde a causa del mismo cuerpo de agua, como el fraccionamiento Jacarandas.
Atribuyó la ausencia de inundación en ese tramo al desazolve de los canales y dijo que el riesgo real para Mazatlán no está en el arroyo en sí, sino en la posible coincidencia de marea alta con lluvia intensa, escenario ante el cual no hay poder humano que evite el estancamiento del agua.
En el contexto
El oficio B00.808.04.-220/2026, fechado el 11 de mayo de 2026 y firmado por Romero Arturo Montoya Moreno, director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, establece que los trabajos que afectaron el predio de la familia López Somoza no fueron realizados, ejecutados, autorizados ni consentidos por la dependencia federal.
El documento fue certificado el 28 de mayo de 2026 por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito, Saúl Humberto Grave Soto, y presentado como prueba por el abogado de los quejosos, Guillermo Quintana Pucheta.
Para la defensa de la familia afectada, el oficio destruye el argumento que la alcaldesa Estrella Palacios sostuvo públicamente desde el inicio, en el sentido de que las obras habían sido autorizadas por la Conagua.
Quintana Pucheta señaló además que Palacios firmó de forma directa un escrito ante el Juzgado Noveno en el que el municipio negó haber realizado la afectación, versión que el propio Ayuntamiento terminó reconociendo en otros expedientes, lo que a juicio de la defensa configura el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad jurisdiccional.
Dentro del juicio, Pedro Salazar Ayala, director de Maquinaria y Equipos del municipio, reconoció ante el juez haber ejecutado el desvío del arroyo en respuesta a la solicitud de un vecino.
Pero para la defensa esa justificación no lo exime, porque un funcionario público no puede prestar servicios municipales a un particular sin que eso configure desvío de recursos.
El caso acumula dos expedientes en la FGR: uno presentado por la propia Conagua en noviembre de 2025 por afectación a Bienes Nacionales, después de que la defensa de la familia López Somoza denunciara en septiembre a funcionarios del organismo federal por omisión; y otro presentado en octubre de 2025 contra Estrella Palacios por falsedad de declaraciones.
Tres peritajes, uno aportado por la familia, uno por el municipio y otro ordenado por el juzgado, coinciden en que la superficie afectada supera los mil 200 metros cuadrados, cifra que podría aumentar con la temporada de lluvias que se aproxima, ya que el arroyo mantiene la modificación al cauce ejecutada en mayo de 2025. Quintana Pucheta estima que la sentencia del amparo llegará en un plazo de 30 a 60 días.
Artículo publicado el 21 de junio de 2026 en la edición 1221 del semanario Ríodoce.
