El regidor Geovanny Gamaliel González Zataraín cuestionó la legalidad de la cancelación de la sesión extraordinaria de Cabildo convocada para votar la compra del predio “La Amapa” como sitio para el nuevo relleno sanitario de Mazatlán.
Advirtió que el dictamen presentado tenía inconsistencias graves, y anticipó que evalúa presentar una denuncia por la irregularidad.

González Zataraín aseveró que la Comisión de Concertación Política no tiene facultades para cancelar una sesión de Cabildo.

Mencionó que el artículo 76 del reglamento interno, el mismo que la presidenta municipal citó como fundamento del comunicado de cancelación, para señalar que esa norma establece precisamente lo contrario a lo que se ejecutó.

“Los acuerdos de concertación tienen que salir al pleno, quien es el máximo órgano de autoridad en el ayuntamiento”, dijo.

“El reglamento no contempla en momento alguno suspensión o cancelación, si usted lee el reglamento, en ninguna parte de su contenido habla de que las sesiones de Cabildo deban de cancelarse”, reiteró.

Cuando la alcaldesa Estrella Palacios salió a leer el comunicado ante los manifestantes, él y otros regidores ya estaban dentro del salón esperando el inicio de la sesión, dijo, y nadie los consultó.

Rechazó la versión de que aseguró que todos estuvieron de acuerdo con la compra del terreno.

El procedimiento correcto, explicó, habría sido instalar la sesión, retirar el punto de acuerdo, único tema del orden del día, y cerrar formalmente.

“Como era el único punto a tratar, se cierra la sesión, no hay más temas que tratar”, expuso.

Dijo estar valorando si la vía es una sanción administrativa o una denuncia formal, y advirtió que circulan declaraciones de funcionarios que involucran a la mayoría en la decisión de cancelar.

El dictamen, con números que no cuadran

González Zataraín aclaró que su voto habría sido en contra del dictamen de la Comisión de Hacienda por razones de fondo.

La primera, dijo, es que el avalúo no cierra.

El documento de referencia valúa 225 mil metros cuadrados en 32 millones de pesos, mientras el dictamen cita 33 millones 718 mil pesos para la misma superficie.

La diferencia correspondería a una fracción adicional de aproximadamente 21 mil 886 metros cuadrados, posiblemente una servidumbre de paso, dado que el terreno no tiene acceso directo a carretera, pero ese elemento nunca fue explicado ni integrado formalmente.

“¿De dónde sale el otro millón? Sale de otra fracción de terreno que no se está considerando”, sostuvo.

Otra inconsistencia interna que señaló fue que, dentro del mismo avalúo, los 225 mil metros se cotizan a 145 pesos por metro cuadrado, mientras los 21 mil 886 restantes bajan a 50 pesos. “Cuando se supone que está en el mismo polígono del terreno, entonces hay una variación muy elevada”, apuntó.

A eso se suma que no hubo avalúos alternativos.

“Deberíamos de haber tenido otros avalúos para tener una opinión de diversos peritos y estimar la realidad del costo”, consideró.

La segunda razón de fondo, expuso , es que el terreno ya fue descartado.

En junio de 2023, ante una manifestación de habitantes de la zona norte y con el aval de sus sindicaturas, el Cabildo discutió ese mismo predio como opción y lo desechó. “Miente quien asegure que mi voto ya era en favor contradiciendo una acción que se había realizado en el 2023 donde se había descartado ese lugar”, aseguró.

La propuesta no fue socializada, dijo.

“Se presentó de manera urgente lo que se quería resolver desde jueves, miércoles se vino el fin de semana y por eso se pospuso para el lunes”, mencionó.

El regidor precisó que el dictamen de la Comisión de Hacienda fue firmado por las regidoras Claudia Luna Fernández, Alina Quintero Morales y My Lai Quintero Beltrán.

La regidora Fabiola Torres Torres, también integrante de la comisión, no lo firmó. Del resto del pleno, dijo, no había certeza sobre la dirección del voto porque la sesión nunca se instaló.

“¿Cómo se podía haber sabido? Bueno, pues en el pleno, si se hubiese llegado al extremo de someter la votación, pues ahí nos hubiéramos dado cuenta quién estaba a favor o quién estaba en contra”, acotó.

La cancelación no respondió a ningún gesto institucional, precisó, sino a la presión directa de los vecinos.

“A los únicos que hay que darles ese mérito es a la ciudadanía que vino y se manifestó”, sostuvo.

El municipio enfrenta una acción colectiva con sentencia firme que ordena clausurar el basurón actual y habilitar un relleno sanitario conforme a las normas oficiales.

El incumplimiento ya ha generado multas y requerimientos administrativos.

“Nos va a traer más consecuencias, tanto económicas como administrativas. Es un gran problema que se viene derivado de ese incumplimiento”, señaló.