Decenas de habitantes de comunidades rurales del norte de Mazatlán llegaron desde las ocho de la mañana de este lunes al Ayuntamiento para protestar contra el proyecto municipal de adquirir el predio conocido como “La Amapa” y construir ahí el nuevo relleno sanitario de la ciudad.

Habitantes de El Habal, Potrero de Carrasco, Puerta de Canoas, Los Limones, Los Zapotes, San Marcos, La Palma y El Limón.

La presión obligó a la alcaldesa Estrella Palacios a suspender la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se votaría la compra del terreno por 33 millones 718 mil 300 pesos.
Minutos después de que comenzó la protesta, Palacios bajó de su despacho para atenderlos.

En la sala de Cabildo presentó diapositivas sobre el estado actual del basurón, tiradero a cielo abierto en el Ejido de Urías que opera desde hace más de 50 años, las implicaciones del juicio de Acción Colectiva 16/2014 y la multa de más de 51 millones de pesos impuesta al municipio por incumplimiento ambiental, que la administración actual sigue pagando.

La alcaldesa sostuvo que ella los había convocado para informarles del proyecto, pero los vecinos lo negaron, dijeron haber llegado por iniciativa propia, a protestar.

Su rechazo se sustenta en el temor a la contaminación de los mantos freáticos que abastecen al menos ocho norias de las que dependen varias comunidades, al daño que un basurero causaría al desarrollo turístico y gastronómico de la zona , donde proliferan restaurantes de comida campirana que se surten de productores locales, y al riesgo de enfermedades derivadas de la contaminación.

Ante la presión, Palacios ofreció posponer la sesión de Cabildo hasta alcanzar un acuerdo con los vecinos o encontrar un sitio alternativo.

Al cierre de esta nota, decenas de manifestantes permanecían en los pasillos del Ayuntamiento esperando una copia del documento que acredite la cancelación formal de la sesión.

La alcaldesa: ‘se pone en pausa’

En entrevista, Palacios Domínguez explicó que lo sometido a votación no era una compra definitiva sino una promesa de compraventa condicionada a que el predio superara una batería de estudios técnicos.

Dijo que el municipio ha evaluado alrededor de 17 predios sin encontrar uno que cumpla todos los requisitos de la NOM-083-SEMARNAT-2003, y que “La Amapa” parecía cumplir por su distancia a poblaciones, al aeropuerto y a cuerpos de agua. Reconoció, sin embargo, que la socialización fue insuficiente, el secretario del Ayuntamiento se reunió con la síndica y algunos comisarios apenas el domingo anterior a la sesión.

Sobre la diferencia entre el presupuesto disponible de 20 millones de pesos en la partida de Terrenos del ejercicio 2026, y el precio del predio, la alcaldesa explicó que el contrato de promesa de venta no comprometía el pago total de inmediato, y que los pagos se escalonarían.

Señaló que esa fórmula fue discutida en una plenaria con todos los regidores no solo con la Comisión de Hacienda.

Confirmó que la sesión se cancelaría formalmente en la concertación de las 10:30 de la mañana, sujeta a que los regidores lo autoricen. “No es un no definitivo, solamente se pone en pausa”, dijo.

La alcaldesa anunció que el miércoles visitará el Habal con el programa Contigo Mazatlán, y que un vecino propuso recorrer físicamente el predio, propuesta que calificó de “muy inteligente”.

Las objeciones que ya tenía el dictamen

La suspensión de la sesión llegó cuando el proyecto ya cargaba fisuras internas.

La regidora Gladys Fabiola Torres Torres, integrante de la Comisión de Hacienda y militante de Morena —el mismo partido de la alcaldesa—, se negó a firmar el dictamen.

Su nombre figura en el documento, pero su rúbrica no.

En torno a este proyecto hay objeciones como el hecho de que el Cabildo estaría autorizando una operación de más de 33 millones de pesos sin contar aún con los estudios geológicos, geohidrológicos, hidrológicos, topográficos, geotécnicos, de generación de lixiviados, de biogás y de composición de residuos que exige la norma oficial.

Otra observación es que el dictamen analiza únicamente “La Amapa” sin presentar un estudio comparativo con otros predios, una matriz de evaluación técnica ni comparativos de costo, accesibilidad o impacto ambiental.

El precio de adquisición supera en más de 13 millones de pesos la partida presupuestal disponible, sin aclarar el origen de los recursos faltantes.

El documento no incluye análisis sobre los costos reales de operación futura como distancias de traslado, estado de los caminos de acceso, necesidad de estaciones de transferencia, consumo de combustible.

Si los estudios posteriores concluyen que el predio no es apto, el Ayuntamiento quedaría expuesto a señalamientos por planeación deficiente y uso ineficiente de recursos públicos.