Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica, precisó que Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios, sino una petición de detención provisional con fines de extradición.
Alcalde detalló la diferencia entre Solicitud Formal y detención provisional, la primera, dijo: requiere el envío por vía diplomática de la relación de hechos, documentos legales, datos de prueba de la comisión del delito y copia certificada de la orden de aprehensión; mientras que la detención provisional: se solicita únicamente en casos de urgencia, entendida como el riesgo de sustracción de la justicia u obstaculización del proceso. Si se concede, se abre un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal.
Al respecto, la funcionaria puntualizó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el país solicitante no entregó pruebas suficientes que acrediten la urgencia de la detención, como el riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
Debido a que la petición carece de fundamentos suficientes sobre dicha urgencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) requerirá información adicional a las autoridades estadounidenses antes de proceder ante un juez, añadió.
En caso de que se entreguen dichas pruebas, será un juez de control quien determine si procede la detención o cualquier otra medida cautelar, no la SRE ni la FGR.
La funcionaria señaló que se vulneró la confidencialidad del proceso, “provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”.
Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial, añadió, a fin de preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, lo cual “está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8”.
Finalmente aclaró que la FGR no ha emitido un juicio sobre si se cometió un delito o si la extradición es procedente; simplemente ha señalado la falta de evidencia respecto a la urgencia de la detención.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el miércoles 29 de abril una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presunta conspiración con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Según la investigación, el Rocha Moya habría recibido apoyo político para llegar a la gubernatura y, a cambio, habría brindado protección e información confidencial a la organización criminal para facilitar el tráfico de narcóticos como fentanilo y cocaína hacia territorio estadounidense.
El documento judicial señala que esta red de corrupción permitió al grupo delictivo operar con impunidad en la entidad a cambio de sobornos millonarios.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye, además del gobernador Rubén Rocha Moya, al exsecretario General de Gobierno y actual senador, Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal General del Estado.
Asimismo, el documento judicial señala a mandos y agentes de seguridad, como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Así como a los agentes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como el Cholo.
