Organizaciones de la sociedad civil exigieron una investigación exhaustiva y sin consideraciones políticas tras la acusación presentada en la Corte de Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más.
En un posicionamiento firmado por diversas organizaciones entre ellas Iniciativa Sinaloa, Coparmex y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, señalan que estos hechos colocan en el centro del debate público una problemática estructural que ha sido reiteradamente señalada por organizaciones de la sociedad civil.
Menciona que en contextos como el de Sinaloa, la corrupción constituye un factor habilitante para la consolidación y expansión de redes criminales, incluidas aquellas vinculadas al narcotráfico.
“Cuando existen indicios de colusión entre autoridades y organizaciones delictivas, se compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de la población”, menciona.
Indica que la posible interrelación entre estructuras gubernamentales y redes de delincuencia organizada no solo debilita la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia, sino que erosiona la confianza ciudadana, profundiza la impunidad y perpetua ciclos de violencia.
Detalla que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, sin embargo, estos principios no deben ser utilizados como argumento para la inacción institucional ni para la opacidad.
“La gravedad de los señalamientos exige respuestas firmes, investigaciones exhaustivas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Las autoridades mexicanas tienen la obligación ineludible de investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar cualquier hecho relacionado con corrupción o vínculos con el crimen organizado, sin dilaciones ni consideraciones políticas”, indica.
Menciona que se deben implementar acciones concretas para prevenir la captura de las instituciones públicas por intereses criminales o redes de corrupción, ya que este caso evidencia, una vez más, la urgencia de consolidar un sistema institucional robusto que cuente con contrapesos efectivos, órganos autónomos fuertes y capacidades reales de investigación y sanción.
