La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió un pronunciamiento institucional tras la acusación formal dada a conocer por el Gobierno de Estados Unidos, en la que señala al gobernador Rubén Rocha Moya y otros servidores públicos del estado, entre ellos al Vicefiscal General, Dámaso Castro Saavedra, de presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa.

La institución subrayó que, en el ámbito nacional, cualquier solicitud derivada de estos señalamientos debe sujetarse estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.

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En este sentido, aclaró que es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la procedencia legal de dichas solicitudes con base en datos de prueba.

Asimismo, la FGE enfatizó que en México rige el principio de presunción de inocencia, garantizando que “ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente.

Finalmente, la Fiscalía sinaloense refrendó su compromiso con la legalidad y el debido proceso, exigiendo que toda actuación en materia de procuración de justicia respete el marco constitucional.

En la acusación presentada por el fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York se incluye al exsecretario de gobierno y actual senador Enrique Inzunza Cazarez; al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Así como a Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez el Cholo, integrantes de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.