El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este miércoles una acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de su gobierno, por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Chapitos, para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
En la acusación presentada por el fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y que forma parte de una serie de acusaciones que datan de 2023, se incluye al exsecretario de gobierno y actual senador Enrique Inzunza Cazarez, al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La acusación, que fue dada a conocer por el embajador de EU en México, Ronald Johnson, señala que Rocha supuestamente llegó a la gubernatura con apoyo de los Chapitos, y una vez que asumió el cargo se reunió con ellos y les “prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”.
“Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, (Dámaso Castro) ZAAVEDRA, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos”.
En la acusación también están incluidos Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez el Cholo, integrantes de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
“Los acusados en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”, señala el documento.
“Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
