A bordo de una panga, “Josué” ilumina con su lámpara el largo cuerpo de agua. Busca sigilosamente, en medio de la noche, los ojos del gran animal. Para localizar cocodrilos —explicó— es necesario trabajar con la ausencia de luz solar. Durante el día es casi imposible identificarlos; su dura coraza se camufla entre la vegetación y las aguas. En la oscuridad es más práctico: cuando la ráfaga de luz toca sus ojos, estos brillan intensamente; desde la distancia, se pueden ver flotando un par de esferas teñidas de rojo.

En una ocasión, él junto a otro equipo de biólogos, se encontraban realizando un monitoreo nocturno sobre una laguna en algún punto de Sinaloa. Mientras hacían su labor, otra panga se acercó: “¿Ustedes qué hacen aquí?, ¿qué son?, ¿a qué se dedican?”, irrumpió una hilera de interrogantes. “Somos biólogos”, contestaron. El interrogatorio terminó; la información fue trasladada por una frecuencia de radio: “¿Pueden pasar?”, preguntó el hombre al ras del aparato. Una voz contestó y les permitió acceder a la zona, pero el equipo decidió retirarse.

“Queda impotencia, sobre todo cuando estás ahí, pues porque, por ejemplo, ya hiciste la labor de ir hasta allá, de meter la panga, de llevar la panga —que no es precisamente fácil bajar una panga de una camioneta y meterla al cuerpo de agua con todos los tiliches— y de repente que te digan: ‘¿Sabes qué? No puedes avanzar”.

En Sinaloa, el desarrollo del crimen organizado ha tomado tanta posesión que, en los últimos años, sus actores han logrado obstaculizar la labor científica de biólogos, antropólogos, arqueólogos e incluso ambientalistas, impidiendo la libre investigación al restringir el acceso a sitios de estudio en diversas zonas del estado. Esto ha provocado retrocesos en la recopilación de información fundamental para el acervo científico.

En sus décadas como biólogo e investigador, “Eleazar” detalló que esta problemática tuvo un mayor impulso a partir del año 2021. En 2010, durante su doctorado en Sinaloa, se dedicó a recorrer las costas para realizar un mapeo de la especie Crocodylus acutus, que se distribuye en el Pacífico. En ese periodo, las investigaciones se realizaban con autonomía; es decir, podía andar por cualquier vereda, internarse en el monte e ingresar a los manglares y lagunas sin restricciones.

Tras un paréntesis en las salidas de campo entre 2015 y 2020, el regreso a las actividades en 2021 encontró un panorama distinto. De seis puntos de evaluación contemplados para un estudio nacional de la especie, el equipo perdió la mitad porque les informaron que no había permiso para entrar a las regiones.

“No, aquí no pueden pasar. Sí hay cocodrilos para allá, pero aquí no pueden pasar”, escuchó por primera vez en sus años como investigador. La experiencia se repitió: “¿Traen permiso?”, les cuestionó un joven desarmado, solo decorando su cintura con radios y teléfonos. “Eleazar”, aún “ingenuo” —recuerda entre risas— mostró el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para poder trabajar en la zona. “Ese no nos sirve a nosotros”, le respondió. Después de microfonear la presencia de los biólogos, otra voz cedió el acceso.

“Nos dice que sí, dice que sí, pero que solo a los cocodrilos, a eso venimos. Cuando ya andamos, cuando ya vamos casi a la mitad del trabajo. Ya en la noche se nos acerca una lancha y ya lleva gente armada, entonces nos dice que no, que nos tenemos que ir (…) entonces tú dices que entras y pasa algo ahí, cualquier cosa van a pensar que somos nosotros o cosas así”, relató.

“Josué” explicó que, para poder trabajar en ciertas regiones, los investigadores deben llegar a “acuerdos” con la gente del narco. Esto implica aceptar restricciones como no subir ciertos cerros, no acercarse a rejas específicas o evitar zonas donde se sospecha la existencia de laboratorios clandestinos. Existe una correlación directa entre las áreas de interés científico y las zonas de actividad ilícita; debido a que, los grupos delictivos utilizan los cuerpos de agua para desplazarse o instalar sus laboratorios, lo que convierte a estos ecosistemas en zonas de exclusión para la ciencia.

Tan solo a mediados de 2025, el Ejército mexicano aseguró 159 laboratorios clandestinos y 884 áreas de almacenamiento en Sinaloa. Los primeros eventos a gran escala de violencia, como los ocurridos en 2023 tras la recaptura de Ovidio Guzmán López, obligaron a la cancelación total de salidas de monitoreo en áreas como Angostura y La Reforma, debido a los riesgos a los que se exponían los investigadores.

En la sierra

“Carmen”, profesora de biología e investigadora, conoce desde hace décadas los caminos de Cosalá, San Ignacio y Concordia. En los últimos cinco años —detalló—, la presencia del narcotráfico en las comunidades tomó otro aspecto. Durante el Censo Nacional del Jaguar, realizado entre los meses de abril y julio de 2024, se instalaron cámaras trampa en un radio de 200 kilómetros cuadrados en selvas bajas caducifolias, comunidades y caseríos; en el proceso, la investigadora observó indicios de grupos criminales apostados en brechas y carreteras. En septiembre del mismo año, dos meses después del censo, el conflicto interno del Cártel de Sinaloa generó una fisura que, a la fecha, suma ya un año y medio desarrollándose en el estado.

Esto provocó que, especialmente en San Ignacio, se pausaran las investigaciones de campo y se dejaran de instalar cámaras trampa para la observación de la vida silvestre, en particular la del jaguar. “Pues por seguridad, eso sí debo decirte y te lo recalco, nunca se han metido con nosotros”, señaló.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tomó acuerdos formales para parar absolutamente todas las actividades de campo con el fin de no exponer a maestros ni a estudiantes a situaciones de riesgo. Espacios de monitoreo y estaciones científicas permanecieron abandonados durante meses; sin embargo, al regresar, estos se mantuvieron intactos.

Durante un proyecto de monitoreo de carreteras, el equipo de investigación comenzó a resentir la obstaculización de sujetos del crimen: “Teníamos que poner las cámaras cerca de la carretera bajo ciertas condiciones resguardándolas, pero había lugares que estaban —como dice la gente— un poco peligrosos, porque son pasos de malandrines o de narcos o de grupos. Sin embargo, pues a lo que vamos nosotros, pusimos las cámaras”.

Inicialmente, las cámaras no eran robadas, sino movidas de lugar hacia otros árboles. Al ignorar esta señal y mantener el monitoreo, los equipos finalmente comenzaron a desaparecer, incluso después de ser repuestos: “Ese es uno de los incidentes que al final de cuentas dijimos, nos están diciendo, hay señales, váyanse. Y nos fuimos”.

El paso por comunidades

Durante años, una estrategia para la protección de la biodiversidad era la vigilancia comunitaria entre investigadores, sociedad civil y autoridades ambientales. Originalmente, era un proyecto basado en el respeto y el cobijo de los habitantes locales. Los investigadores y miembros de la comunidad contaban con credenciales de “vigilantes comunitarios” otorgadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esto promovía una defensa del patrimonio; con ello, las mismas comunidades protegían sus recursos frente a los traficantes de vida silvestre, como los “periqueros” o “guacamayeros”, quitándoles sus redes o pidiendo a líderes locales que los expulsaran de sus pueblos a fin de preservar las especies.

“Pero justamente hace un par de años después de la pandemia que retomábamos los trabajos. Sabíamos que empezaban a llegar los periqueros, los traficantes de guacamaya, sobre todo de guacamaya verde. Entonces, ya ahí voy yo a las comunidades. Pero esta vez me dijeron los señores, ‘No, ya no, profesora, usted ya no puede entrar aquí, mejor váyase, cuando haya condiciones, yo le hablo porque es peligroso para usted y es peligroso para mí que yo esté hablando’”, relató.

“Carmen” explicó que se dio una fusión agresiva entre el narcotráfico y los traficantes de vida silvestre. Los grupos criminales se apoderaron de los espacios, de los terrenos y de la libertad de las personas. Los vigilantes comunitarios quedaron totalmente rebasados; incluso la Profepa admitió su incapacidad para intervenir.

“Empezamos a decirle a Profepa atiende, pero Profepa asistió y lo que nos dijeron, ‘pues no podemos hacer nada’. Porque los inspectores pues van en su camioneta, ellos no llevan armas, pero los reciben allá con armas de alto poder y pues no pueden hacer nada. Entonces, ahorita realmente el tema del tráfico de vida silvestre no sé cómo esté ahorita en San Ignacio”, dijo.

A pesar de que en mayo de 2024 se intentó realizar una reunión de vigilantes voluntarios, la realidad en el campo es otra: se ha documentado un saqueo masivo de árboles semilleros pertenecientes a los bosques de San Ignacio. “Yo creo que en los últimos dos años pues dejaron también de tumbar madera. ¿Por qué? Porque los mismos que se apoderaron pues les dijeron a los señores de los alrededores o a los que llevaban: ‘nadie puede cortar nada’”.

“Carmen” reflexiona sobre cómo ha cambiado la convivencia con las comunidades en la sierra. Hace décadas, existía una relación respetuosa incluso con quienes sembraban amapola o mariguana, a quienes recuerda como seres tan humanos que, simplemente, no tenían otras opciones. Piensa en las comunidades que la recibieron con la idiosincrasia de aquellos pueblitos que hoy están abandonados; hogares de los que se ha apoderado el crimen.

“Saber de una comunidad que te recibió y que hoy es un pueblito fantasma, que mataron al señor, que sacaron a la señora. El platicar, por ejemplo, con doña ‘Laura’ que se salió y que perdió a todos sus hijos o sus nietos que los mataron porque no les quisieron pagar las jornadas, que hicieron de limpiar unas brechas. O sea, eso es bien feo, eso es bien doloroso, bien doloroso. Y pues sí, te digo, en sí es reflexionando, te digo, para mí es dolor y nostalgia. Dolor y nostalgia”.

La violencia y el narcotráfico se han convertido en elementos inherentes a la profesión de biólogo en regiones como Sinaloa; el avance de la ciencia está condicionado por los límites impuestos por grupos delictivos. Esto genera zonas de silencio o áreas geográficas —como El Palmito o ciertos manglares en El Verde Camacho— donde es complicado generar información biológica debido a la presencia de laboratorios clandestinos o conflictos armados, lo que entorpece el desarrollo de proyectos de monitoreo de especies como el cocodrilo.

Para “Josué”, no se prevé que el panorama de violencia cambie en el futuro cercano; sin embargo, la investigación científica no parece ir en declive, ya que quienes eligen esta carrera aceptan estas condiciones como parte del entorno laboral en México, adaptando sus métodos a la realidad de la inseguridad.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2026 en la edición 1208 del semanario Ríodoce