La crisis que sufre Sinaloa se ha convertido en el tema que los partidos abanderan para fortalecer sus discursos en el Congreso local

En el Congreso del Estado la bancada de Morena empuja una iniciativa en contra del reclutamiento de menores de edad por parte de la delincuencia organizada, en tanto que el Grupo Parlamentario del PRI, promueve en paralelo la exención de pagos a las víctimas de robo de vehículos.

En la iniciativa presentada por Morena, encabezada por Teresa Guerra Ochoa, se reconoce que el fenómeno del reclutamiento de menores tiene una situación compleja a partir de la confrontación de grupos criminales.

Precisa que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, al mes de noviembre de 2025, estaban recluidos 91 adolescentes en el Centro de Internamiento de Adolescentes de Aguaruto, de los cuales 60 ingresaron entre mayo y noviembre de 2025.

Los diputados de Morena afirman que el reclutamiento infantil se ha convertido en un mecanismo funcional para las estructuras delictivas, al considerar a los adolescentes como mano de obra disponible, fácilmente sustituible e incluso con menores consecuencias penales.

El reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales puede constituir una forma de explotación que vulnera de manera grave y estructural sus derechos humanos, al comprometer su desarrollo integral y dignidad, señala.

Los diputados toman como referencia los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, en donde se han modificado los códigos penales para tipificar el reclutamiento de menores. En el caso de Morelos y Oaxaca está tipificado el reclutamiento, pero no con referencia expresa a niños y adolescentes, solo como un agravante para aumentar las penas.

La propuesta plantea incluir en el Código Penal de Sinaloa un capítulo relativo al reclutamiento de personas menores de edad para realizar actividades delictivas.

De acuerdo con el texto que se propone incluir, se sancionaría a quien reclute, obligue, induzca, instruya, adiestre, incite o incorpore, por cualquier forma o medio, a una o varias personas menores de 18 años, para que participen, colaboren o sean empleadas en la comisión de uno o más delitos.

Como penas, se propone la imposición de 10 a 20 años de prisión, y de 800 a mil 600 días de multa.

A manera de agravante se establece que aumentará a la mitad la sanción en caso de que el delito fuera cometido por una persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima o por quien tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación.

La agravante se incluye también si la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad por situación de calle, de escolarización, migración, abandono familiar, desplazamiento forzado o sea adicto a cualquier droga, sea mujer o indígena.

No revictimizar las víctimas de robos de autos, propone el PRI

En paralelo, está también una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, para buscar la exención de pagos a las víctimas de robo de vehículo.

La propuesta firmada por Paola Gárate Valenzuela, Bernardino Antelo e Irma Moreno Valle, propone no revictimizar económicamente a quienes sufren el robo de vehículos, delito que se ha incrementado por las crisis de inseguridad.

En su iniciativa plantean que debería aplicarse la excepción o condonación de pagos relacionados con el arrastre, almacenamiento, pérdida de placas, tarjeta de circulación y otros trámites administrativos, que se convierten en un viacrucis para los propietarios de autos robados cuando son recuperados por las autoridades.

En sus argumentos señalan que en otras entidades se han realizado reformas legales para exonerar a las víctimas de robo de vehículos de los costos administrativos que implica recuperar un vehículo cuando es encontrado en contextos de violencia e inseguridad.

Por ejemplo, en Baja California se reformó el Código Penal para la exención de cobros por arrastre de vehículos y corralón, siempre y cuando la denuncia se presente en un plazo de 72 horas.

Entidades como Puebla, Veracruz, Jalisco y Morelos también han promovido reformas en la materia para exentar cobros a las víctimas de este delito.

La propuesta implicaría reformas específicas a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y al Código Penal, al tomar en cuenta que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos relativos a derechos de víctimas establecen la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a la justicia sin barreras económicas que prolonguen el daño sufrido.

Entre los instrumentos internacionales citan a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, así como el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre remover los obstáculos para las víctimas.

En la estadística de la Fiscalía del Estado de Sinaloa se registraron 6 mil 931 vehículos robados, en tanto que en los dos primeros meses de 2026 ya se contabilizan 915. Cantidades que contrastan con las de 2024 (4 mil 019) y 2023 (3 mil 759).

De acuerdo a cálculos, las víctimas de robo de vehículos deben asumir gastos de entre 2 mil y 5 mil pesos para recuperar sus unidades, sin son recuperadas por las autoridades, sin contar situaciones adversas como los daños y el desvalijamiento.

Los diputados del PRI reconocen que ha habido esfuerzos administrativos del gobierno estatal para compensar económicamente a las víctimas tras hechos de violencia de alto impacto, como el llamado Culiacanazo, cuando se aplicó un programa emergente de compensación de 200 mil pesos por auto robado.

Sin embargo, dicen los diputados del PRI, el apoyo fue de carácter extraordinario, y es necesario legislar para que se garantice de forma permanente la protección económica a las víctimas del robo vehicular.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2026 en la edición 1208 del semanario Ríodoce