La Suprema Corte analiza un nuevo proyecto que propone reinstalar al exalcalde de Ahome, por error en el proceso de desafuero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en jaque al Congreso local con el posible regreso de Gerardo Vargas Landeros a la alcaldía de Ahome, por error en el proceso de desafuero.

En un proyecto de sentencia un ministro propone reinstalar a Vargas Landeros, mientras que el Congreso y el gobernador aseguran que todo se hizo apegado a derecho y confían en que la corte validará la legalidad del proceso de desafuero.

Para la sesión del martes 3 de marzo, en la lista de asuntos para resolver de la SCJN estaba la controversia constitucional promovida por Vargas Landeros contra el acuerdo 80, con el que el Congreso local lo desaforó y separó del cargo de presidente municipal el 2 de mayo de 2025.

En el proyecto de sentencia, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, proponía reinstalar a Vargas Landeros en la presidencia municipal por un error de la mesa directiva del Congreso, presidida en ese entonces por Yeraldine Bonilla Valverde, hoy secretaria General de Gobierno.

Al inicio de la sesión el secretario General de Acuerdos de la SCJN, Alejandro Álvarez Toledo, dijo que la controversia constitucional quedaba en lista por lo que no fue debatida ese día.

Hasta el viernes 6 de marzo, el asunto todavía no aparecía enlistado para resolverse en las sesiones programadas hasta el 10 de marzo.

“Debe restituirse a Gerardo Octavio Vargas Landeros en el cargo de presidente Municipal del Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa”, señala el ministro Guerrero García en el proyecto de sentencia.

De acuerdo con el documento, el acuerdo 80 es inválido porque para la sesión del juicio de procedencia en el que Vargas Landeros fue desaforado y destituido, la mesa directiva del Congreso lo convocó a él para que defendiera sus intereses particulares y no al Ayuntamiento como órgano colegiado para que defendiera la esfera jurídica del municipio.

“Este Tribunal Pleno advierte que el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en su carácter de órgano colegiado, no fue notificado del procedimiento de declaración de procedencia en contra del presidente Municipal; y, por tanto, se le privó de la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada respecto de una medida que tenía incidencia directa en su integración al alterar el mandato conferido por la ciudadanía”, indica.

El ministro señala que la participación del Ayuntamiento en el procedimiento de declaración de procedencia contra alguno de sus integrantes, no es un mero formalismo procesal, sino que se trata de una condición constitucional de validez, destinada a proteger la integridad de un órgano, cuya conformación deriva directamente de la voluntad popular.

Establece que la declaración de procedencia debe llevarse a cabo siguiendo las exigencias constitucionales, pues de lo contrario corre el riesgo de utilizarse como una vía para incidir ilegítimamente en la integración de los órganos electos o en el ejercicio del mandato conferido por la voluntad popular.

Detalla que de no ser posible notificar al Ayuntamiento al encontrarse cuestionada la representación legítima del municipio, la persona que ostente el cargo de síndica procuradora también está facultada para representar jurídicamente al Ayuntamiento, por lo que existía al menos una vía institucional para emplazar al órgano municipal.

El ministro propone ordenar que “la Legislatura del Estado de Sinaloa deberá llevar a cabo todos los actos necesarios para garantizar dicha restitución en el cargo. Se vincula al Ayuntamiento de Ahome para que realice todos los actos necesarios para garantizar el ejercicio efectivo del cargo con motivo de la restitución ordenada en esta resolución; y, al Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento integral de la sentencia”.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo confiar en que el Congreso del Estado hizo las cosas bien y respaldó a su secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien era la presidenta de la mesa directiva del Congreso cuando se aprobó el desafuero y separación del cargo.

“Todo está hecho bien, perfectamente bien y va a salir bien”, aseguró.

El mandatario mencionó que los diputados “están yendo con los ministros, están entregando la documentación, estamos bien, no tenemos ningún problema por eso. Finalmente, pues, atender lo a que al buen juicio de los juristas, que son los de la Corte, pues se resuelva como debe resolverse”.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Teresa Guerra Ochoa, aseguró que el acuerdo 80 fue tomado con estricto apego a derecho.

En esencia lo que se plantea en la controversia es que más allá de la notificación que él (Gerardo Vargas) recibió, faltaba la notificación al cabildo, nosotros queremos decir que el 29 de abril se hizo la notificación, hay un documento oficial, ese documento oficial cuenta con el sello del municipio de Ahome, no fue recibido de manera directa, personal, ni en el domicilio particular de Gerardo Vargas, fue recibido en el Ayuntamiento, tiene el sello del Ayuntamiento y está firmado por personal del Ayuntamiento, de tal manera que no solamente fue notificado Gerardo Vargas sino que fue notificado él en su condición de autoridad y representante de cabildo”, dijo.

Mencionó que el ministro Guerrero García no tenía todos los documentos, porque estos fueron presentados a otra ministra que tenía a su cargo un recurso de reclamación contra la controversia constitucional que promovió Vargas Landeros.

“No tenemos absolutamente ninguna duda que al igual que los otros recursos legales, vamos a salir adelante como Congreso porque la legalidad del acuerdo 80, tomado el 2 de mayo del 2025, no está en duda”, expresó.

Aseguró que los documentos de notificación al Ayuntamiento ya fueron entregados al ministro Guerrero García para que los tome en cuenta en su proyecto de sentencia.

 Artículo publicado el 08 de marzo de 2026 en la edición 1206 del semanario Ríodoce.