En informes y reportes del Ejército se señala que el narcotráfico pelea plazas para tener el control de las minas

La Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido conocimiento que durante años las empresas mineras han sido víctimas de extorsiones y cobro de piso por parte de grupos del narcotráfico en Sinaloa y otros estados del país.

Diversos informes y reportes elaborados por las áreas de inteligencia hackeados de correos de la Sedena por el grupo Guacamaya Leaks, dan cuenta que el Ejército detectó que los cárteles de la droga encontraron en la minería una veta para obtener recursos a través de la extorsión y el cobro de piso, lo que incluso llevó a que, en 2020 en el municipio de El Rosario, en Sinaloa, grupos antagónicos se disputaran el control de las minas.

“En el municipio de El Rosario, Sin., la principal problemática que mantienen entre los grupos antagónicos de la delincuencia organizada se deriva de la disputa de las empresas mineras, ya que con el cobro de piso generan ganancias y se ven beneficiados”, señala un informe titulado “Panorama de activismo social y Delincuencial, municipio de El Rosario, sin., Noviembre 2020.”

En ese momento, en el municipio de Rosario, la Sedena señaló que tenía presencia Eduardo de la Rosa, el Pájaro, de la organización Beltrán Leyva en los poblados de los Brotos, la Rastra, Agua Fría, San Julián, las Cebollitas, San Miguel y la Tebaira, mientras que de la organización “Guzmán Loera” Gabriel Nicolás Martínez Larios, el Gabito y/o el 80, controlaba los poblados de Matatán, Cacalotán, las Guasimitas, los Brasiles, sitio Picachos, Palmarito, Santa María y Charco Hondo, así la cabecera municipal de El Rosario.

La violencia generada por los grupos del narcotráfico en esa zona serrana durante 2019 y 2020, menciona, llevó al desplazamiento de 296 personas.

En Concordia, —municipio vecino de San Ignacio y donde el 23 de enero pasado 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., fueron privados de su libertad, cinco de los cuales fueron hallados asesinados en una fosa clandestina en la localidad de El Verde—, un informe fechado también en noviembre de 2020 no hace alusión a extorsión a empresas mineras en el área, donde ya operaban tres plantas metalúrgicas, así como pequeñas minas.

Allí menciona que Diego Ramírez Pérez, el Pekín o el Pecas, bajo las órdenes de los Chapitos, mantenía el control en los poblados de Pánuco, Copala, Potrerillos, Batel, Santa Rita, Santa Lucía, La Petaca, Chirimoyos y El Palmito, mientras que la cabecera municipal y los poblados colindantes con Mazatlán y El Rosario, estaban controlados por Óscar Martínez Larios el Owen. Ambos bajo las órdenes de un individuo conocido como “el números” o el 40, siendo su principal actividad delincuencial el trasiego de estupefacientes y robo de ganado.

En otro documento elaborado en septiembre de 2020, denominado “Valuación Estratégica de la III Región Militar”, que incluye a Sinaloa y Durango, la Sedena afirmó que “la industria minera y metalúrgica, son una fuente de recursos económicos muy importante que disputan los diferentes grupos de la delincuencia organizada”.

En Sinaloa detalló que en 14 municipios, entre ellos Cosalá, Rosario, Concordia, Mazatlán y Mocorito, se extraía oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, calizas, coalines, puzolana y arcillas y otros minerales y compañías nacionales y extranjeras realizaban trabajos de exploración geológico-minera, mientras que en Durango la minería constituía la rama económica de mayor riqueza. Siendo la segunda entidad productora de oro y de plata en el país, después de Sonora, tercero en plomo, quinto en cobre y sexto en zinc.

Por los rumbos del sur

En otro informe de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el estado de Guerrero, celebrada el 27 de agosto de 2020, se menciona también que el grupo criminal Guerreros Unidos disputaba la plaza de Huitzuco de los Figueroa a Los Tlacos, originarios de Tlacotepec, que dirige Onésimo el Necho Marquina Chapa, por el cobro de extorsión de la empresa minera de oro Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold Resources, a la cual amenazaron con incendiarla por sus presuntos vínculos con Los Tlacos.

Un informe de ese mismo mes, añade que las regiones Norte, Tierra Caliente y Costa Grande, del estado de Guerrero, también eran utilizadas por grupos criminales para el trasiego de droga hacia el centro y norte del país, por lo que cárteles mejor constituidos buscaban dominar para controlar la siembra de amapola y la extorsión a empresas mineras. “Esto último es de creciente interés para los grupos criminales ante la disminución de la venta de amapola debido al ascenso en el consumo de fentanilo, un opioide sintético”.

“Tras la caída del precio y el tráfico de opio, sustituido en parte por el fentanilo, los grupos criminales como Guerreros Unidos, Los Tlacos y CJNG, se han derivado al delito de extorsión dirigida a los empresarios de minas polimetálicas y de oro asentadas en la zona norte de la entidad. Fred Stanford, Presidente de Torex Gold Resources Corporation emitió un comunicado para advertir que de continuar las condiciones de inseguridad en la región la firma pudiera suspender sus actividades”, añade el texto.

La extorsión a empresas mineras, la Sedena también dijo en mayo de 2019 que estaba presente en el Estado de México y Guerrero, donde operaba Johnny Hurtado Olascoaga, el Pez, líder de La Familia.

“Hurtado Olascoaga cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada y secuestro. Es el líder máximo de la organización delictiva, es uno de los principales generadores de violencia en la entidad, responsable de los secuestros y extorsiones a las mineras y otras empresas en la región, y fue quien ordenó los ataques a la Policía Estatal del Estado de México. Es el principal blanco de atención de las autoridades de Guerrero y Estado de México”.

En enero de 2021, un nuevo informe señala que la práctica de la extorsión contra mineras, continuaba en el Estado de México, y que incluso el Pez también realiza explotación ilegal de minas.

Ese mismo año, indica el reporte del Ejército, en los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y Chilpancingo Guerrero, el Cártel de la Sierra mantiene confrontaciones con el Cártel del Sur, por el cobro de cuotas a las mineras, control de las rutas de trasiego, así como el acopio de la droga que se produce en la Región Centro.

La mirada oficial

Luego de la desaparición de los 10 mineros de Concordia el pasado 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera del 17 de febrero, informó que un día antes se había reunido el gabinete de seguridad con la industria minera, y que no habían denunciado extorsiones.

“Hubo una reunión con la Cámara de la Industria minera donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país con el gabinete de seguridad para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo, no lo manifestaron en la reunión, es decir no plantearon que hubiera un tema de extorsión en la mina, eso fue en la reunión, eso no quiere decir que no haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar”, dijo.

Antes Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el principal móvil de la privación ilegal de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, es que habían sido confundidos por un grupo ligado a los Chapitos.

El sábado 14 de febrero, en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas, familiares y mineros realizaron movilizaciones. Y a gritos señalaron que la desaparición de los mineros fue por “extorsión, no confusión”.

Artículo publicado el 23 de febrero de 2026 en la edición 1204 del semanario Ríodoce.