Representantes del sector empresarial realizaron este sábado un conversatorio social en el que plantearon la necesidad de implementar estretagias para impulsar la economía local ante la afectación derivada de la inseguridad.

Los ponentes coincidieron que la actual situación de violencia provoca una afectación económica diversa en diversos sectores y que deben impulsarse estrategias desde la opinión ciudadana.

La empresaria Annie Cuestas, propietaria de Kiwi, manifestó que los negocios que han cerrado desde hace un año y medio en la ciudad de Culiacán no son solo locales cerrados, sino familias sin empleos e ingresos y el cierre de oportunidades a personas a su primer empleo.

“No pedimos subsidios para sobrevivir. Pedimos condiciones para crecer”, enfatizó.

En ese sentido, propuso tres acciones concretas: estímulos fiscales dirigidos a la capacitación y adopción de tecnología.

Programas prácticos de formación digital para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La creación de un fondo de transformación para el comercio local, destinado a impulsar la innovación, modernización de procesos y fortalecimiento operativo.

El contador Gilberto Soto llamó a construir un plan integral de reactivación con la participación de los tres niveles de gobierno y el sector privado.

Entre sus principales propuestas planteó la creación de una Unidad Estatal de Inteligencia Económica, enfocada en combatir extorsión, cobro de piso y redes de lavado; la instalación de una mesa empresarial permanente de gestión de riesgos con protocolos de actuación inmediata; y la reactivación de vigilancia estratégica en corredores comerciales y rutas agrícolas.

También propuso un blindaje institucional, que incluya auditorías independientes en contratos públicos para evitar empresas fachada o vinculadas a grupos delictivos, así como un registro estatal obligatorio de beneficiarios controladores para proveedores gubernamentales y el fortalecimiento de la fiscalía especializada en delitos contra empresas con plazos máximos de respuesta.

En materia fiscal, sugirió incentivos temporales para empresas afectadas por la violencia, como el diferimiento del IVA, reducción de pagos provisionales del ISR, disminución del impuesto sobre nómina y apoyos en gravámenes municipales.

Planteó la creación de un fondo estatal de reemprendimiento para micro y pequeñas empresas que cerraron por inseguridad y un programa de seguro subsidiado contra robo en transporte en zonas de riesgo.

En infraestructura, propuso reforzar iluminación y videovigilancia en corredores estratégicos como Tres Ríos, el Centro y zonas industriales, además de ampliar el C4 con participación empresarial y ciudadana efectiva.

El empresario enfatizó que la solución requiere voluntad política y coordinación real entre autoridades y sociedad.

“No podemos esperar a que el problema concluya para empezar a planear; tenemos que salvar nuestra ciudad y nuestra economía desde ahora”.

El empresario Héctor Monárrez planteó que el comercio local debe evolucionar hacia un modelo más profesional y competitivo.

Subrayó que la competencia ya no es únicamente local, sino global y digital.

Propuso impulsar una capacitación empresarial real y permanente con la implementación de procesos internos, políticas claras y profesionalización de los negocios, con el objetivo de fortalecer su permanencia ante escenarios de crisis.

También destacó la necesidad de acelerar la digitalización del comercio, advirtiendo que los negocios que no se adapten a corren el riesgo de desaparecer.