Óscar Loza Ochoa señala que se debe transitar hacia un mando estrictamente civil

Tras el ataque en contra de los legisladores Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, Sinaloa requiere de una reestructuración profunda de la estrategia de seguridad pública que se ha ido implementando durante los últimos 16 meses de conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa. El objetivo debe ser transitar hacia un mando estrictamente civil, declaró Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Para Loza Ochoa es prudente alinearse con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la seguridad pública debe dejar de ser una tarea militar para convertirse en una responsabilidad de policías y autoridades civiles; por lo tanto, los mandos como las tropas a cargo de la seguridad interior, deben ser civiles.

En la documentación emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), se establece que para los organismos internacionales no es suficiente con que el mando o la dirección de una corporación de seguridad sea civil; la estructura completa de la institución debe estar desvinculada del ámbito militar para garantizar el respeto a los derechos humanos y la democracia.

“(El Comité de Derechos Humanos recomienda al Estado que se aleje) de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana. En este sentido, el Estado debe asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas”, dicta la recomendación.

El presidente de la Comisión anotó que el compromiso original al crear la Guardia Nacional —formar policías civiles para sustituir gradualmente a los soldados— no se cumplió.

“Todos los asuntos de seguridad deben estar en manos de policías y creo que nos salió debiendo allí AMLO (Andrés Manuel López Obrador) porque el compromiso cuando se creó lo de la Guardia Nacional era precisamente de formar policías precisamente para que fueran civiles, quienes fueran parte de la corporación que se formó originalmente con soldados. No se cumplió. Y bueno, yo sigo lamentando que no estemos formando policías civiles a nivel federal y local, precisamente para atender este problema tal y como la filosofía que plantea la ONU”, señaló.

El Comité de Derechos Humanos ha sugerido considerar “períodos de pausa” entre el servicio en las fuerzas armadas y la incorporación a la Guardia Nacional para asegurar una verdadera transición civil. Es decir, debe existir una división clara entre las tareas militares y las policiales en las funciones de orden público para que el personal que deja las fuerzas armadas tenga un espacio de desvinculación antes de integrarse a la seguridad pública.

“De igual forma, debe asegurar que se investiguen todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban una reparación integral. El Estado parte debe adoptar, de manera urgente, políticas con el fin de reducir efectivamente los homicidios y ejecuciones extrajudiciales”, se escribe en el documento.

El análisis ya había sido planteado durante la marcha por la paz y la justicia, realizada el pasado 25 de enero a raíz del atentado contra Fernando Alan Chaidez, quien murió durante un enfrentamiento entre civiles y militares en la colonia Tierra Blanca en Culiacán el pasado 13 de enero. Familiares del joven señalan que el Ejército lo confundió y le disparó al vehículo en el que viajaba junto a su novia,

“Debe haber presencia de la sociedad civil en las mesas donde se observa el cuándo se ven a diario los avances del problema de la seguridad. Porque tienen que atenderse dos aspectos. Por un lado, allí donde hay denuncias sobre abusos de autoridad que deben de atenderse de inmediato. Aquí en Sinaloa al menos tenemos cuatro casos en los que hay daños colaterales fatales y yo creo que no pueden pasar desapercibidos”, señaló.

Tres días después de la marcha, el miércoles 28, dos diputados que salían del Congreso del Estado fueron sorprendidos por sujetos armados, dejando a Sergio Torres y Elizabeth Montoya gravemente heridos.

Esto último obliga a reflexionar sobre la crisis de seguridad y pone en tela de juicio todas las estrategias aplicadas hasta el momento. El ataque demuestra que lo que se ha hecho hasta hoy en materia de seguridad es insuficiente y queda totalmente cuestionado.

“Tuvo muchas quejas el día siguiente (del atentado) de parte de la ciudadanía porque se colapsó y no solamente es el colapso de lo que es la circulación automovilística, eso tiene un efecto económico, es un golpe. Tardan más las compañías en llevar las mercancías, eleva los costos y por otro lado la impuntualidad con la que se llega a los trabajos y a los compromisos de carácter laboral, pues eso está implícito en ello. Entonces, de por sí la economía anda con problemas y lo que se hace colapsa”, añadió.

A pesar de la gravedad del atentado contra los legisladores, se rechaza la implementación de un estado de excepción. Argumentando que el dispositivo de seguridad debe respetar el estado de derecho y no limitar las libertades ciudadanas.

Artículo publicado el 01 de febrero de 2026 en la edición 1201 del semanario Ríodoce.