El pasado 17 de enero, Abraham Hernández, padre buscador que luchó por encontrar a su hijo desaparecido en Las Quintas, falleció sin encontrarlo

Su mamá tenía poco de haberse integrado al colectivo de búsqueda; su hijo había desaparecido apenas unos días atrás. Tomó palas y picos e inició el rastreo en un predio áspero de la localidad Benito Juárez, en Navolato. Al paso sonaban las ramas secas, tostadas por el sol y la temporada invernal. Su primera búsqueda, su primer hallazgo: su hijo. Ahí lo encontró, semienterrado en una fosa junto a otro cuerpo; aún vestía su short y bóxer tinto.

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La escena desgarra, las demás madres tienen que ser fuertes, dar apoyo y sostenerse. Casos así son excepcionales: pese a la existencia de cerca de 31 colectivos de búsqueda en Sinaloa, no es común que las propias madres localicen a sus “tesoros”.

De acuerdo con el organismo Red Lupa, Culiacán concentra el mayor número de desaparecidos, con 2 mil 037 personas solo en 2025 con corte en mayo, seguido de Mazatlán con mil 479. En total: 5 mil 118 personas, de las cuales el 59 por ciento son personas de entre 20 y 39 años de edad; existen además 108 casos sin edad de referencia y 350 aún no cumplían los 18 años cuando fueron desaparecidos.

El fenómeno de la desaparición forzada no es nuevo. Viene ocurriendo desde la denominada “Guerra Sucia”, donde la participación del Estado influyó para desaparecer, asesinar y perseguir a estudiantes, maestros y familias que se oponían a los ideales políticos del momento. Madres, padres, hermanos y hermanas se han sumado a colectivos para obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos; muchos han muerto sin obtenerlas y los que continúan lo hacen con el peso de la edad y las enfermedades.

El pasado 17 de enero, Abraham Hernández, un padre buscador que luchó por encontrar a su hijo, falleció. “Ni él ni Norma, su esposa, pudieron ver a su hijo que en junio próximo cumplirá 30 años de desaparecido junto a sus primos Juan Emerio y Jorge”, escribió Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Abraham Hernández Picos, Jorge Cabada Hernández y Juan Emerio Hernández Argüelles desaparecieron en la colonia Las Quintas después de asistir a una fiesta en casa de la familia Andrade en 1996. Dado que algunos familiares de los jóvenes eran universitarios, la noticia movilizó de inmediato a la UAS y a sus autoridades, incluyendo al entonces rector Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa. Esto puso en boca de toda la ciudad el “Caso de Las Quintas” que, pese a la euforia y al impacto mediático, nunca se resolvió.

José Luis Zavala fue el primer fiscal responsable del caso y presentó su renuncia una vez que observó la imposibilidad de realizar el trabajo con la autonomía necesaria. Hay que recordar —señala Loza Ochoa— que la familia Andrade era la presunta responsable de la desaparición de los jóvenes; sin embargo, tenía influencia directa con el gobernador Renato Vega.

“Entonces, pues se obstruye mucho la investigación y con todo y que había no una, sino varias líneas de investigación, pues nunca nunca se pudo terminar ninguna de ellas, precisamente por la capacidad que tuvieron para impedir que se desarrollaran todas las líneas de investigación”.

Casos como el de Abraham, que murieron sin saber del paradero de sus hijos, continúan.

Pasan los años y más casos se acumulan

Ricardo Alexander Méndez Ayala, desaparecido el 31 de marzo de 2016, fue levantado presuntamente por elementos del Ejército Mexicano en El Salado, al sur de Culiacán. Desde ese momento, su madre no ha dejado de buscarlo; ha acudido y rodeado la Fiscalía General del Estado para encontrar respuestas sobre su paradero, pero no ha obtenido nada. Tengo fe y esperanza —dice—, pero no en la Fiscalía. Mientras su carpeta se llena de telarañas, ella insiste en acercarse al lugar de los hechos.

“En sí no he metido búsquedas para él porque en el lugar donde él fue desaparecido, que fue en El Salado, no hemos podido entrar y yo lo entiendo por el peligro que corremos cada una de nosotras,

pero yo siempre he pedido que me digan a dónde estuvo la base, porque mi hijo fue levantado por soldados y nunca y nunca he tenido nunca ese apoyo de que me digan, ‘vamos a investigar a dónde está la base’, simplemente lo único que me dicen es que pues no podemos entrar”, relata.

Tras una década de búsqueda, ella observa que cada año más madres se van uniendo a los colectivos. Da coraje —expresó— tener que organizar manifestaciones y partir desde la Catedral de Culiacán para exigir que sus carpetas se movilicen. “Yo miro a mis compañeras, me da mucha tristeza y ganas de llorar porque dices tú, ‘oye, si yo ya tengo 10 años, ¿por qué en un año ella ya tiene a su hijo y no lo puede encontrar? (…) ¿por qué esperar?”.

Loza Ochoa destacó que, pese a la insistencia de las familias por crear espacios de memoria —como el Jardín de la Memoria, murales e intervenciones en lugares públicos como la Catedral, donde cientos de rostros fueron expuestos en losas de cerámica—, si el Estado no asume un compromiso real para atender el fenómeno, todas esas acciones de memoria e investigación se quedan a medio camino.

En 2024 desapareció Luis Rubén Vega Zazueta. “Ahorita vengo, viejo”, le dijo a su papá, “ya regreso”. Desde entonces, su mamá lo busca. Nunca supieron a dónde se dirigió Luis; su madre recuerda bien cómo vestía ese día, todo un conjunto negro: tenis, pantalón, camiseta, cachucha y chamarra. Por su parte, la Fiscalía cumple con la gestión de los permisos para que ellas realicen las búsquedas que solicitan.

En relación con esto, Loza señaló que México cuenta con leyes, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, institutos de protección, laboratorios de genética e incluso binomios caninos, pero se carece de una política de Estado para detener la práctica de la desaparición forzada.

A diferencia de países como Argentina, Chile o Uruguay, que tras sus dictaduras establecieron compromisos sociales y estrategias para detener estas prácticas (logrando incluso encarcelar a responsables), México no ha hecho suyas esas lecciones de justicia y memoria.

La mamá de Luis expresó que muchas madres llegan a perder sus empleos debido al tiempo y esfuerzo que dedican a la lucha por encontrar a sus hijos. Y que sin la ayuda de la Comisión Estatal de Búsqueda, los gastos corren por cuenta propia de las familias. Tan solo una jornada de búsqueda puede representar un gasto de entre 3 mil y 4 mil 500 pesos por salida, considerando gasolina e insumos.

Cada vez que agarra las palas y varillas, se pregunta: ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es que, como madre, estoy buscando a mi hijo? Ante la incertidumbre de si él se encuentra o no en ese lugar, no sabe qué desear: ¿espera que esté o que no esté? Es un festín de emociones que la consume.

Aquel día —cuenta— en que su compañera encontró a su hijo, no tenían ninguna pista de que pudiera ser él; fue un golpe de suerte. Para ella fue fatal, y también para las demás madres. Ver a un hijo apagado, cerca de un estado de descomposición, destruye. Las palabras que se dicen no alcanzan, se agotan, no alientan; para eso no hay palabras, no hay ánimo.

Artículo publicado el 25 de enero de 2026 en la edición 1200 del semanario Ríodoce.