El 88.7 por ciento de los habitantes de Culiacán tienen miedo, se sienten inseguros de vivir aquí. En Mazatlán, el 80.4 por ciento. Es información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

En diciembre de 2021, al inicio del gobierno de Rubén Rocha la percepción de inseguridad era de 56 por ciento en Culiacán y 46 por ciento en Mazatlán. Se ha deteriorado 32 y 34 puntos porcentuales respectivamente.

Según información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de personas asesinadas por cada 100 mil habitantes cuando empezó el actual gobierno, en 2021, fue de 36 en Culiacán y 9 en Mazatlán. Luego de cuatro años de la administración morenista, el problema en la capital del estado subió a 91 y en la ciudad porteña a 21. Empeoraron.

La tasa de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes en 2021 fue de 207 en Culiacán y 120 en Mazatlán. Luego de cuatro años de gobierno del Doctor Rocha, el problema en la capital del estado subió a 380 y en la ciudad porteña a 206.

La organización de la sociedad civil Iniciativa Sinaloa revisó la información de mil 100 obras en las cuales el gobierno del estado manejó un presupuesto total de 7 mil 056 millones. Entre las irregularidades encontradas está la alta concentración del gasto en beneficio de 14 empresas y 11 grupos empresariales, quienes acapararon el 57 por ciento del monto analizado, así como la práctica de “competencia colmena”, un esquema donde empresas relacionadas simulan competir en licitaciones públicas para aparentar un proceso transparente.

Para aplicar la justicia sobre los delitos que registran aumentos de 200 y 300 por ciento, el poder judicial recibió un aumento de 19 millones de pesos que, descontada la inflación, significa una disminución de -1.7 por ciento respecto de su presupuesto del 2025. En cambio, para hacer obra pública el gobierno del estado hizo el esfuerzo mayor que pudo realizar: pedir prestado.  Se endeudó con 2 mil 300 millones en 2025 y otros 2 mil 300 millones para 2026.

El gobierno decidió adquirir el crédito sin saber para qué, sin definir lo que va a construir.

En 2025, la tasa de robos a negocios por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 70, en Chiapas fue de 2.

Hay funcionarios que son parte del gobierno que contrata y también son parte de las empresas contratadas. Antelmo Enrique Ríos Núñez, actual Subsecretario de Obras Públicas, ha estado vinculado como socio o representante de empresas como Sokian P+I y Construcciones M.R.M., las cuales han obtenido contratos millonarios durante la presente administración. Es un documentado conflicto de interés.

En 2025, la tasa de homicidios dolosos y feminicidios por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 45, en Yucatán fue de 2.

En el análisis del préstamo solicitado en 2025 por el gobierno estatal, Iniciativa Sinaloa encontró que tres bloques de contratistas concentran más de 850 millones de pesos mediante contratos tramposamente fragmentados y de los cuales ocultan documentos clave, no cumplen la obligación legal de hacerlos públicos.

En 2025, la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 199, en Yucatán fue de 3.

El gobierno del estado no cumple la ley, no hace públicos los documentos que permiten detectar riesgos de corrupción, como los catálogos de conceptos, las bitácoras o la modificación de convenios. Los procesos de licitación pública registraron un cumplimiento promedio de apenas 49 por ciento, mientras que las adjudicaciones directas solo 39.

En 2025, la tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 0.35, en, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán fue de 0.

Se identificaron 57 obras que no cuentan con un contrato visible en el sistema oficial CompraNet Sinaloa. De estas, en 15 casos no existe ningún documento que permita conocer el monto asignado ni la empresa ganadora. Son proyectos importantes como la construcción del margen izquierdo del malecón de Culiacán.

El gobierno del estado no está en manos de un grupo de personas que impulsan un modelo de desarrollo de Sinaloa. No es un grupo político que, acertado o no, tiene un proyecto de sociedad; un conjunto de ideas que quiere llevar a cabo.

El poder político en Sinaloa lo tiene un grupo concentrado en extraerle las mayores riquezas o provechos personales posibles.

El parámetro de eficacia reside en si les reditúa negocios, recursos públicos, controlar la inconformidad y conservar y ampliar el poder.

Algunos ejemplos de su desapego de la eficiencia: Prometieron aumentar 5.1 puntos porcentuales la cobertura de educación secundaria y luego de cuatro años la han disminuido en una décima; prometieron 90 mil empleos formales, llevan 7 mil 486. Por no ejercer completo el presupuesto para prevenir el dengue en 2024, los enfermos subieron de 240 a 4 mil 927 y las muertes de tres a 34 según dictamen oficial de la Auditoría Superior del Estado.

Respecto a los ayuntamientos, hace cuatro años el 38 por ciento de los ciudadanos de Culiacán consideraba efectivo al gobierno de su ciudad para resolver los problemas que enfrenta, ahora solo el 27. En Mazatlán bajó de 26.7 a 20.1. nos informa INEGI.

No tienen logros de gobierno, nada que presumir. El Plan Estatal de Desarrollo tiene inscritas metas muy sencillas y, aún así, están lejos de conseguir la mayoría de ellas. Todo el trabajo de gobierno les es secundario, postergable.

Coinciden con el obradorismo en su ambición a ser hegemónicos y autoritarios, pero con un fin utilitario, no ideológico, como antes confluyeron con Aguilar Padilla y Quirino Ordaz.

Su prioridad les llevó a hacer pactos desde la campaña, alianzas que hoy les limitan para resolver el problema de la seguridad pública.

En medio de esta terrible realidad de robos, asesinatos, desapariciones, donde la violencia ha tomado las calles y todas las horas del día, ellos siguen dedicados a su prioridad de hacer dinero desde el poder político.

El pueblo con miedo, ellos con riquezas.

Artículo publicado el 25 de enero de 2026 en la edición 1200 del semanario Ríodoce.