Las obras construidas durante el gobierno de Rubén Rocha han tenido observaciones de la ASE y la STyRC; en el de Guasave se pidió el reintegro de 571 mil pesos por pagos en exceso
El gobierno de Rubén Rocha Moya presume la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres, pero éstos han tenido irregularidades que han sido señaladas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
En abril del año pasado la STyRC señaló que en la construcción del Centro de Justicia de Los Mochis dos constructoras obtuvieron información privilegiada para ganar la licitación; y ahora, por la construcción del Centro de Justicia de Guasave, inaugurado en diciembre, pidió a la Secretaría de Obras Públicas devolver 571 mil pesos por pagos en exceso.
El inmueble de Guasave fue inaugurado el 2 de diciembre de 2025 y ahí Rocha Moya presumió que Sinaloa era el único estado del noroeste del país en contar con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, con sedes en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave.
En una auditoría al programa “Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2024”, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas emitió dos observaciones.
Señala que la Secretaría de Obras Públicas presentó la documentación que acredita el ejercicio de los recursos federales a través de la contratación de obra pública por un importe de 21 millones 499 mil 779 pesos, incluyendo un convenio modificatorio con la empresa Edificaciones 3 Ríos.
“La auditoría se practicó con la información y documentación proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas del estado de Sinaloa, de cuya veracidad es responsable: fue planeada y desarrollada de acuerdo al objetivo y alcances establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron pertinentes, por lo anterior existe una base razonable para sustentar el presente dictamen”, indica.
Detalla que, en la revisión documental e inspección física, se constató la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres conforme a las características contratadas, incluyendo modificaciones al proyecto ejecutivo durante la etapa de ejecución del contrato, pero se observaron pagos en exceso y/o conceptos pagados no ejecutados por 760 mil 932 pesos.
La Secretaría de Obras, menciona, presentó documentación para atender el monto observado, pero la Secretaría de Transparencia determinó que la observación fue parcialmente atendida ya que no justificaron el monto total.
“Persistió un importe observado por $571,982.06 que deberá ser reintegrado ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) más los intereses correspondientes”, menciona el documento.
Establece que, en opinión de la STyRC, la Secretaría de Obras Públicas “acreditó, en lo general, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con excepción de los hechos observados durante la inspección física, del cual persiste un monto observado de $571,982.06”.
La obra también tuvo observaciones de la Auditoría Superior del Estado por volúmenes pagados en exceso y por la ampliación del contrato.
La ASE detalló que el monto original del contrato se aumentó 645 mil 432 pesos mediante un convenio modificatorio.
“Se autorizaron modificaciones sustanciales, en cuanto a los montos originalmente pactados, debido a que, en cada una de ellas, se realizaron variaciones en más del 25 por ciento. Por lo anterior, se observa que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas, presenta debilidades en la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de la obra pública”, señala.
La ASE señaló que además pagaron 582 mil pesos por conceptos de obra no ejecutados y 15 mil 884 pesos en exceso, en los conceptos de cableado, instalación eléctrica y cancelería.
Los auditories verificaron la obra en marzo de 2025 y presentaba un avance de 96 por ciento y de acuerdo con el contrato esta debía estar terminada el 31 de diciembre de 2024.
“No se dio cumplimiento al programa de obra aprobado, no integrándose documentación que justifique el atraso y un desfase por 118 días (3.93 meses) en relación a la fecha de inspección física realizada a la obra, ni de haber aplicado en su caso, las penas convencionales y fianzas establecidas”.
El gobierno de Rocha Moya ya había tenido observaciones por la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, pero por el de Los Mochis donde presuntamente filtraron información privilegiada a dos empresas para que elaboraran su propuesta en el concurso de licitación.
En 2024, la STyRC señaló que hasta el 89 por ciento del presupuesto base, los análisis de precios unitarios y la integración de los costos horarios de las empresas ganadoras, son idénticos y tenían los mismos errores que los documentos de la Secretaría de Obras.
La Secretaría presumió que las empresas ganadoras utilizaron información privilegiada para integrar la propuesta con la que ganaron la licitación.
Las empresas ganadoras de esa licitación realizada en 2023 fueron Constructora Marvines y Obras y Servicios del Río.
Las constructoras no fueron sancionadas y al año siguiente Constructora Marvines ganó un contrato por 7 millones de pesos para la construcción de la segunda etapa del mismo Centro de Justicia y en 2025 a Obras y Servicios del Río le adjudicaron un contrato para la construcción de la segunda etapa del malecón margen izquierda del río Culiacán, por 306 millones 52 mil 803 pesos.
Artículo publicado el 18 de enero de 2026 en la edición 1199 del semanario Ríodoce.
