Un juez de control autorizó a la Fiscalía General del Estado extender la indagatoria por el arrendamiento irregular de patrullas que había cerrado el pasado 8 de enero

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reabrirá la investigación contra el ex alcalde Ahome, Gerardo Vargas Landeros; y el Comité de Adquisiciones por el arrendamiento de patrullas; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso presentado por el ex presidente municipal.

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La semana pasada la SCJN revolvió una controversia constitucional presentada por Vargas Landeros; y un juez de control autorizó a la Fiscalía extender dos meses más la investigación que ya había cerrado el 8 de enero.

Vargas Landeros y los ex integrantes del Comité, Marysol Morales, Judith Elena Luna Castro, Fausto Rubén Ibarra Celis, Humberto Vega Arellano, Héctor Adonai Beltrán, Gerardo Hervás Quindos, Julio César Romanillo Montoya y Genaro García Castro están imputados por el presunto arrendamiento irregular de 135 patrullas en 161 millones de pesos.

De acuerdo con la FGE el Ayuntamiento rentó las patrullas sin licitación a la empresa Grinleasing, pero ésta no es la propietaria de los vehículos, sino que los arrendaba a la empresa Casanova Vallejo.

En una audiencia celebrada la semana pasada el asesor victimal que representa al Ayuntamiento de Ahome pero depende de la FGE, pidió al juez reabrir la investigación que ya había cerrado el 8 de enero.

Los abogados defensores aseguraron que a los fiscales se les terminó el tiempo para investigar el 8 de enero y la investigación quedó cerrada y pusieron al asesor victimal a solicitar la reapertura porque ellos no pueden hacerlo.

El asesor victimal, Janer Guillermo Cedano, mencionó que requiere una entrevista con el representante legal de Casanova Vallejo; copia de dos contratos que firmó Casanova Vallejo, la empresa propietaria de las patrullas, con Grinleasing, la empresa que las rentó al Ayuntamiento; comprobantes fiscales e información que solicitaron a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Comentó que el 8 de enero envió un oficio al Ministerio Público en el que le pedía esa información, pero le respondieron que no tenían esa información, la investigación estaba cerrada y no podían reabrirla.

Aseguró que la solicitud estaba en tiempo debido a que fue hecha el día 8, el último del plazo legal para cerrar la investigación.

Pidió al juez que autorizara cuatro meses más para continuar con la investigación.

El defensor de Vargas Landeros, Alejandro Hernández, dijo que no estaba justificada la reapertura de la investigación ya que la Fiscalía tuvo seis meses para recabar esa información.

Detalló que la FGE fue omisa porque desde el día que inició la investigación pudo buscar la declaración del representante legal y el resto de la información.

El abogado de Humberto Vega, Luis Fernando Gómez Guevara, mencionó que se trata de una táctica dilatoria de la Fiscalía.

El defensor de Romanillo Montoya, Sergio Avendaño, mencionó que la Fiscalía solo muestra su incapacidad para allegarse de pruebas porque no pudo obtener esa información en los seis meses que duró la investigación.

Eduardo Armenta, abogado de García Castro, comentó que la solicitud del asesor está fuera de plazo porque fue presentada el 9 de enero y no el 8 que era el último día del plazo.

Aseguró que el oficio con la solicitud está fechado el 8 de enero, pero en el acuerdo que emitió la Fiscalía para rechazar la solicitud, menciona que el documento fue recibido el día 9, por lo que es improcedente reabrir la investigación.

El juez Carlos Alberto Herrera resolvió que era procedente reabrir la investigación y dio a la Fiscalía dos meses más.

Expresó que no advertía que hubiera negligencia o que se tratara de un acto dilatorio de la FGE.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros desecharon una demanda de controversia constitucional presentada por Vargas Landeros el año pasado.

Vargas Landeros demandó declarar la invalidez de la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado en su contra, la fiscalización de participaciones y fondos federales de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, 2022 y 2023; y el inicio de la carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Los ministros desecharon la demanda argumentando que una controversia constitucional pretende proteger los intereses del municipio y no de sus integrantes.

“La posible afectación personal que pudieran resentir quienes resulten sujetos a la investigación derivada de la fiscalización de la cuenta pública municipal relativa, con motivo de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes, en nada se relaciona con la competencia del municipio actor, sino con la situación jurídica individual de los servidores públicos involucrados”, indicó.

El pleno resolvió que Vargas Landeros no hizo valer violaciones a una competencia directamente reconocida en la Constitución Federal, sino violaciones de carácter secundario, relacionados con la actuación de autoridades locales.

Los ministros señalaron que además Vargas Landeros ya no es alcalde y reconocen a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez como presidente municipal sustituto.

Vargas Landeros y los ex integrantes del Comité también están involucrados en otra causa penal por presuntamente contratar sin licitación una consultora por 33 millones de pesos para que hiciera ante el SAT un trámite para el que no se requiere intermediarios y es gratuito.

Artículo publicado el 18 de enero de 2026 en la edición 1199 del semanario Ríodoce.