Mientras en Sinaloa la facción a la que pertenecen los capos libra una batalla, ellos negocian con el gobierno de EU para reducir sus condenas

La guerra que mantienen antiguos integrantes de Los Chapitos con grupos enemigos, poco a poco se extiende a tribunales de Estados Unidos, luego que dos de sus principales operadores el Nini y el Güerito, maquilan acuerdos a puertas cerradas con fiscales estadounidenses, lo cual incluye no sólo ceder millones de dólares por tener penas menos severas, sino cooperar con las autoridades de ese país sobre cómo opera el trasiego de droga de ese grupo criminal.

Según fuentes familiarizadas con ese tipo de negociaciones, tanto José Ángel Canobbio Inzunza, conocido como el Güerito, como Néstor Isidro Pérez Salas el Nini, estarían cooperando con el gobierno de EU para la ubicación de laboratorios de fentanilo y metanfetaminas que aún hay en Culiacán y sus alrededores, además de negociar una lista de integrantes de ese grupo criminal.

Parte de la estrategia del Güerito ha incluido contratar a Jeffrey Litchman como su defensa, pues al tratarse del mismo abogado que defiende a Joaquín Guzmán Loera el Chapo, y los hijos de éste, Ovidio y Joaquín Guzmán López, antiguos socios suyos, las posibilidades de lograr un acuerdo que más lo favorezca, se vuelve más latente.

De lograr ambos capos esos acuerdos, echaría por tierra la retórica de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien antes de arrestar a ambos narcotraficantes, los acusó de narcoterroristas, y junto con el presidente Donald Trump, dijo que se les castigaría con todo el peso de la ley.

El discurso parece haber causado un fuerte efecto en ambos narcotraficantes, sin embargo, poco a poco éste temor parece disiparse, luego que las negociaciones entre los fiscales y ambos capos empiezan a tomar un rumbo diferente al planteado por Bondi.

El núcleo de esta defensa ha sido presentar diferentes mociones para extender las fechas de las audiencias preliminares, según se observa en el expediente 24-cr-00522, que pertenece a Canobbio Inzunza, luego que el pasado miércoles Litchman presentara una nueva moción para aplazar una vez más la fecha de la audiencia.

La magistrada Martha M. Pacold, aprobó la moción, y fijó para el 3 de febrero próximo como nueva fecha de la audiencia preliminar, lo cual otorgaría más tiempo al acusado para pensar mejor sobre sus negociaciones.

El acuerdo podría incluir acusar y, llegado el momento, carearse con los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar una vez que éstos sean arrestados y extraditados, aunque no tendría que señalar a los otros dos hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, que ya están en manos de EU y realizan acuerdos por su parte con la fiscalía estadounidense.

Otro de los integrantes de Los Chapitos que también parece haber dejado de sentir la presión de los fiscales, es Pérez Salas, el Nini, cuyo proceso por tráfico de fentanilo, asociación delictuosa, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego, ya no parece ser tan grave como lo señalaba la DEA y la propia Bondi, hasta antes de ser capturado.

Incluso, el proceso se encuentra detenido desde el pasado 21 de marzo, y apenas tuvo su último movimiento el martes de la semana pasada, cuando uno de los fiscales del caso, Joshua Katcher, fue remplazado por otro.

“Es claro que la defensa está negociando un acuerdo con los fiscales del caso, y por ello el proceso judicial no se mueve tan rápido como se quisiera, pero es normal que esas audiencias se aplacen”, explicó David S. Weinstein, ex fiscal federal de Estados Unidos.

La guerra y la paz

Mientras los antiguos capos enfrentan sus propias guerras en tribunales de EU, en Culiacán, el conflicto armado que sostienen Los Chapos y Mayos, parece no alcanzar tregua, toda vez que tras más de 15 meses de guerra en Sinaloa, 2 mil 280 personas han sido asesinadas, mientras que otras 2 mil 352 personas han sido “levantadas”, y al menos mil 489 siguen sin ser localizados, según datos de colectivos de personas desaparecidas.

Pero no sólo los Chapos buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense, sino que narcotraficantes como Dámaso López Serrano, el Minilic, acusado en México de mandar asesinar al periodista Javier Valdez Cárdenas el 15 de mayo de 2017, también negocia.

Su proceso, según se observa fue sellado de manera permanente, lo cual impedirá que el público conozca fechas, acuerdos, y la posible condena que pudiera recibir.

Esa postura ha indignado a amigos y familiares de Valdez Cárdenas, quienes han exigido al gobierno de México que insista en la extradición del Minilic, para que enfrente a la justicia mexicana por el homicidio del periodista de Ríodoce.

La fiscalía mexicana ha señalado por su parte que han solicitado la extradición de López Serrano en varias ocasiones, pero que debido a que se trata de un testigo protegido que coopera con Estados Unidos sobre actividades criminales, el vecino país del norte “se resiste a entregarlo a México”.

En opinión de Leonardo Silva, ex agente de la DEA en México, el motivo de que Estados Unidos se oponga radica en que el acusado está negociando, y que está prometiendo cooperar, incluyendo entregar a sus antiguos socios y otros miembros del crimen organizado con quien realizaba operaciones.

“Como ya he dicho, está dando información de interés para los Estados Unidos, y por eso no lo van a entregar, todo lo contrario, lo van a proteger”, explicó Silva.

Tanto el Güerito, como el Nini, y el Minilic, han sido acusados de traficar fentanilo, la sustancia que ha cobrado la muerte de cientos de miles de estadounidenses, sin embargo, ninguna muerte ha sido suficiente para que EU realmente castigue a ninguno de los acusados, sino todo lo contrario, los fiscales siguen negociando con traficantes de fentanilo.