El 24 de noviembre miles de productores agrícolas y transportistas de 26 estados del país, se movilizaron para concretar el paro nacional convocado por el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM), ante la tensión que fue sembrada desde julio del 2025, y abonada por precios que no cubren los costos de producción, apoyos pendientes y nuevas políticas del uso del agua.

Día 1

La toma de los puntos de peaje comenzó a las 8:00 de la mañana del pasado lunes; para los campesinos que atendieron el llamado del FNRCM, el emprender esa jornada representaba la última acción de lucha para lograr que se instalara una mesa de negociación con el gobierno federal.

Como parte de la manifestación, los productores terminaron estrangulando aduanas y carreteras, bloqueando totalmente el paso a vehículos de carga; en Sinaloa se tomaron tres casetas de cobro: Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, y Costa Rica y El Pisal, en Culiacán, así como las instalaciones de Minsa, las cuales se localizan en Los Mochis.

“Los productores optamos por el último recurso que es esta protesta por tiempo indefinido. Nosotros hemos tomado la determinación de hacer un paro total de tránsito, no nos queda otro recurso”, expresó Ramón Valenzuela, quien se instaló en El Pisal, convencido de que solo un paro total lograría que se escucharan las necesidades del campo.

Además de los bloqueos carreteros, una comitiva con 100 productores sinaloenses se dirigió a la aduana de Nogales, Sonora, conocida como La Mariposa, donde fueron agredidos por traileros.

Las demandas que mantenían a los productores en la resistencia

Los protestantes mantenían sus demandas agrupadas en siete puntos centrales:

1. Precio fijo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, dado que los costos de producción rondan los 6 mil 500 pesos.
2. Pago de apoyos pendientes de los ciclos 2023-2024 y 2024-2025: 750 pesos por tonelada y 200 pesos de cobertura.
3. Regreso al esquema de agricultura por contrato.
4. Frenar la entrada de maíz forrajero extranjero, por considerarlo competencia desleal.
5. Defender los términos del T-MEC, siempre que protejan al productor mexicano.
6. Retroceso a la Ley General de Aguas, que, dicen, limitaría su acceso al agua de riego.
7. Garantizar seguridad para transportistas.

En el transcurso de las primeras 24 horas del paro, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, declaró que no existían motivos legítimos para mantener las protestas y que los líderes del campo pertenecían a partidos de oposición como el PRI o el PAN.

Esta afirmación fue refutada por el productor Martín Lim, quien sostuvo que la lucha era legítima y necesaria, y acusó una “doble moralidad” en el discurso de soberanía alimentaria.

“Si dicen que Sinaloa es el granero de México y están dejando morir a sus productores, entonces hay una doble moral… Es el último momento de la lucha. Se consiga o no se consiga, ya se acabó”, apuntó.

Día 2

En el segundo día del paro nacional, optaron por cambiar el bloqueo total de las casetas, para realizarlo de manera intermitente para evitar confrontaciones con traileros y permitir que se diera un desahogo del tráfico.

Mientras los productores aligeraban la presión en las vías carreteras, a las 8:00 de la noche del 25 de noviembre, en la Ciudad de México se abrió una mesa de diálogo con autoridades federales, donde los líderes del FNRCM presentaron sus propuestas ante funcionarios de Agricultura, Gobernación y la Comisión Nacional del Agua.

Y aunque la apertura de ese espacio era la primera señal de avance después de horas de tensión, al filo de la medianoche, el diálogo fracasó, pues según Baltazar Valdez Armentía, presidente de la organización sinaloense de Campesinos Unidos y referente del FNRCM, la minuta presentada por los funcionarios no establecía ningún compromiso concreto.

“El resultado no representa nada. La minuta no decía nada; no hubo acuerdo. Es claro: no hay seriedad de parte del gobierno”, manifestó con molestia, la cual se extendió hacía quienes se mantenían en los puntos de presión alrededor del país y acataron la orden de radicalizar la protesta.

Tercer día: la tensión sube

Ante la falta de compromisos, Valdez Armentía pidió que todos los bloqueos fueran totales, ninguna vía alterna quedaría abierta, y solamente se permitiría el paso de ambulancias, enfermos, personas mayores y niños. En Cuatro Caminos, Guasave, el tumulto se engrosó con la suma de productores de Angostura.

Ese mismo día Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) colgó una manta en dicha caseta, advirtiendo que obstruir el servicio de peaje era un delito castigado hasta con siete años de prisión.

Durante la tercera jornada, los productores aseguraron que el hartazgo ya era absoluto, pues el gobierno federal condicionaba atender las demandas del campo mexicano, únicamente si liberaban las zonas tomadas, mientras que los productores pedían, como gesto de buena fe, que el gobierno anunciara el pago pendiente de los apoyos adeudados desde el 2023.

27 de noviembre: la cosecha de acuerdos

Cuando los productores agrícolas estaban a punto de acumular 96 horas de protesta, la Segob convocó al FNRCM a una nueva mesa de negociación, y en Sinaloa las casetas se liberaron alrededor del mediodía. Momentos después, Campesinos Unidos informó que el diálogo había entrado en su etapa final.

La mesa de negociación culminó después de 14 horas, con la firma de una minuta que promete lo siguiente:

• Instalación de tres mesas de trabajo, dos de ellas respecto a seguridad, y una para la Ley General de Aguas.
• Seguimiento a la problemática agrícola y del transporte.
• Pago de los apoyos pendientes de 200 y 750 pesos por tonelada.
• Avances en precios de garantía del trigo, acceso a crédito y regularización de importaciones.

Sobre el precio del maíz, la arista principal del paro, no hubo anuncio, pero se adelantó que ese tema se discutirá el 8 de diciembre.

Los acuerdos con el gobierno

1. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, se comprometió a que, en un plazo máximo de 15 días, a partir de esta fecha, se publicará la mecánica operativa-especificando que en días de inoperatividad del sistema se sumarán los días a las fechas de plazo, dando ampliación a los cierres de inscripción-, relativa a los ciclos Primavera-Verano 2024 y Otoño Invierno 2024-2025 de trigo. Al mismo tiempo se abrirán las ventanillas para el registro de las personas interesadas, utilizando la misma mecánica de operatividad antes mencionada.
2. La SADER abrirá un plazo de 21 días a partir de la publicación de la nota informativa, para que las personas que pudieran haber sido excluidas sin razón legal del pago de años anteriores en diferentes ciclos de maíz y trigo, puedan presentar su solicitud de revisión. La SADER revisará y resolverá estas solicitudes según corresponda en el marco de las normas aplicables a cada caso, se pagará y/o notificará en un periodo máximo de 45 días después de recibida la solicitud.
3. A partir del 8 de diciembre se instalará una mesa de diálogo para discutir las políticas públicas del modelo de desarrollo agroalimentario. Ello incluirá las políticas de comercialización de granos, oleaginosas, y otros productos principales del campo mexicano, invitando a participar a las secretarías de Hacienda, Economía, Alimentación para el Bienestar y otras instituciones involucradas en estos temas.
4. Respecto al tema de la Ley de Aguas Nacionales, se anexa documento con planteamientos y observaciones, así como las aclaraciones, adiciones y respuestas por ambas partes.
5. Sobre los acuerdos de seguridad en carreteras y atención al autotransporte, la Segob se compromete a realizar a partir de la fecha del presente documento las mesas correspondientes para atender las demandas específicas de la ANTAC, respecto a los cierres de accesos irregulares, el comercio informal para evitar zonas de riesgo. Así como las gestiones necesarias para que se reabran las citas médicas, la renovación de licencias y agilizar la tramitología para el reemplacamiento y certificados físico-mecánicos, así como sus costos.  También, solicitar a los congresos de los estados, en los casos que corresponda, la creación de fiscalías especializadas contra delitos del transporte, y que los estados no intervengan en los tramos carreteros federales con retenes, células móviles, inspecciones nocturnas en paraderos federales, a menos que estén coadyuvando en operativos con Guardia Nacional con los elementos de cualquier corporación de índole estatal; por último, convocar a una mesa de seguridad a la ANTAC con la GN y la SSPC para revisar los tramos en los que se denuncie mayor incidencia delictiva al autotransporte.

6. Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se comprometen a abrir los bloqueos en los puntos carreteros en el país instalados en diferentes carreteras del país, así como toma de instalaciones

Artículo publicado el 30 de noviembre de 2025 en la edición 1192 del semanario Ríodoce.