Silvia Alejandra Pineda, titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) del Congreso del Estado de Sinaloa, denunció que desde hace semanas ha sido presuntamente objeto de presiones, hostigamiento político y medidas administrativas irregulares para obligarla a renunciar a su cargo. Según su testimonio, la incomodidad que genera su trabajo para la Auditoría Superior del Estado (ASE) derivó en un intento directo por desplazarla, culminando con la suspensión de su salario sin aviso previo ni resolución formal.
La funcionaria asegura que el 20 de octubre, al término de un evento público, supuestamente la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, la interceptó para pedirle la renuncia. Un encuentro que, por su forma y su origen, describe como abrupto y profundamente irregular.
“Yo a ella no la conozco, no trabajo directamente con ella, solo con la Comisión de Fiscalización. Ese día me pareció muy extraño que quisiera hablar conmigo y me dijo, de una manera fría y dura: Alejandra, necesitamos que presentes tu renuncia”.
Pineda afirma que la petición la dejó desconcertada. Preguntó si había alguna queja sobre su desempeño o alguna razón técnica que justificara la solicitud. La respuesta que recibió, asegura, fue incluso más inquietante.
“La diputada Tere me dijo: Es por hacer bien tu trabajo. No preguntes, la decisión está tomada. Es una orden que viene de arriba y nosotros la vamos a ejecutar. Quieras o no, vas a salir. Y lo que más te conviene es renunciar voluntariamente. Vamos a ver cómo no afectarte el sueldo y dónde te acomodamos”.
Ella señala que la directriz viene de la propia titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera.
“También me dijo que a la auditora le había molestado mi trabajo. Que había presentado una queja y que ellos no iban a objetarla”.
Pineda tiene más de 14 años de experiencia en el área, nueve de ellos dentro de la propia ASE. En 2021 fue electa por el Pleno como titular de la Unidad Técnica de Evaluación, y apenas en agosto de 2025 había sido ratificada por cuatro años más.
“Me siento totalmente violentada”, afirma. Y dice que el hostigamiento no quedó en presiones verbales. Agrega que recibió comentarios dirigidos a su situación familiar, usados como mecanismo de coerción.
“Me dijeron: Te conviene renunciar porque eres mamá soltera; ¿de qué vas a vivir? Tenemos mayoría y te vamos a correr. Eso me lo dijo el diputado Eligio López Portillo, presidente de la Comisión de Fiscalización. Él ha sido una de las personas más insistentes en pedirme la renuncia”.
El intento de doblegarla escaló hace unos días, cuando su salario no fue depositado. Al acudir a la Secretaría Administrativa del Congreso, asegura, la respuesta fue una confirmación tácita de que la presión era institucional.
“La secretaria me dijo que era una orden de arriba y que ella solo la estaba ejecutando. Me recalcó que no era personal, que era parte de su trabajo. Incluso dijo que le extrañaba de Tere Guerra, que toda su vida ha defendido los derechos que ahora está violentando conmigo”.
Alejandra Pineda insiste en que no renunciará, porque no solo se trata de su trabajo, sino de la función que le encomendaron y de lo que significa permitir que una decisión política sustituya un proceso legal.
“Obviamente necesito el dinero, como todos, pero no estoy aquí solo por eso. Siempre me he preparado para la fiscalización. ¿Cómo voy a renunciar? ¿Dónde queda mi fe? Tengo la esperanza de que reflexionen en la arbitrariedad que están cometiendo”, concluyó.
