Para combatir delitos cibernéticos, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal de Sinaloa.

En el dictamen, los diputados de la Comisión de Justicia expusieron que se busca otorgar al Estado las herramientas necesarias para enfrentar las amenazas y delitos del ciberespacio, y garantizar una mayor protección a la privacidad, la dignidad y los datos personales de las víctimas.

Entre las modificaciones se incluye aumentar las penas en caso de amenazas, hasta una mitad más, cuando se haga uso de materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico, imágenes, audios o videos del ofendido.

Las reformas incluye la tipificación del delito informático cuando se engañe a la víctima al identificarse como empleado de alguna institución financiera, empresa o dependencia de la administración pública del Estado o municipios.

Así mismo se incluyen como delito la sustracción o revelación de audio, video, fotografía digital o información personal o financiera, que provoque cualquier transacción económica que genere la afectación en la cuenta de la víctima en una institución financiera.

Se incluyen además sanciones de uno a cinco años a servidores públicos que de forma indebida difundan, entregue, revele, publique, distribuya, audios o videos, relacionados con hechos señalados como por la ley como delito.

Si se trata de audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de dos a seis años.

Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de cinco a ocho años.