Una operación de la Fiscalía General de la República terminó con el aseguramiento de siete estaciones de combustible, diésel y gasolinas, y de activos diversos en la ciudad de Los Mochis.
Las estaciones despachadoras de combustible cerradas y aseguradas estarían vinculadas al consorcio “La Pilarica”.
Las intervenciones que se mantuvieron en reserva mediante un operativo discreto ocurrieron durante el 17 y 18 de noviembre pasado. Los policías que se trasladaban en vehículos sin placas y con resguardo de la Secretaría de Marina decretaron el aseguramiento de dos gasolineras rotuladas como ARCO, ubicadas en Centenario y Chihuahua, Alameda y carretera Mochis-Ahome; una móvil en esquina poniente de Alameda y carretera Mochis-Ahome, La Pilarica y Viamigo, localizadas en norte y sur del cruce de la carretera México 15 y Libramiento Lateral 18, otra más en el bulevar Topolobampo y carretera México 15, y una más en la carretera al campo 35.
Los grupos de intervención trabajaron de día, noche y hasta madrugada, durante dos días.
En estos, no sólo se aseguraron las bombas expendedoras, sino también las oficinas administrativas, cuartos de máquina y se cerró la atención al público así como la facturación.
En ese lapso de 48 horas, se reportó la incautación de 871 mil 095 litros de combustible, 16 pipas, 15 equipos de cómputo, nueve cajas fuertes, 27 bombas expendedoras de diésel, 22 bombas expendedoras de gasolina, dinero en efectivo en moneda nacional y americana, así como 35 celulares.
De acuerdo con los avisos de inmovilización adheridos a las bombas con hule de emplayado, el aseguramiento de los inmuebles está relacionada con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-SIN/00395/2025.
Aunque el aviso señala que la carpeta se inició en Sinaloa, al gabinete de seguridad del municipio de Ahome, en donde se trazan las operaciones de seguridad relevantes, no informó del caso y los responsables de las áreas federales descontaron su intervención argumentando que la pesquisa fue desde la Ciudad de México.
Las actuaciones fueron encabezadas por agentes del Ministerio Público adscritos a las Fiscalías Especializadas en Materia de Delincuencia Organizada y la Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
Según la versión oficial, los inmuebles asegurados estaban bajo resguardo de autoridades, pero en un recorrido por las gasolineras inmovilizadas no se detectó vigilancia especial.
Hasta el viernes, la información era imprecisa.
Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron que la pesquisa federal comenzó con un incidente local, a las afueras de Los Mochis.
Este ocurrió el pasado 2 de octubre cuando en una yarda de camiones explotó una pipa de combustible muriendo un adolescente, y resultando, también, pérdidas económicas.
En las investigaciones preliminares de Protección Civil resultó que el origen del estallido y conflagración fue la utilización de una bomba eléctrica para sustraer combustibles de una cisterna móvil. La máquina eléctrica había encendido los vapores inflamables del combustible.
Posteriormente, la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado en Los Mochis inició indagatoria por el deceso del menor.
El fiscal regional, Arnoldo Serrano Castelo, parco, dejó entrever que de ese asunto tenía vista la Fiscalía General de la República por tratarse de una pipa de acarreo de combustibles.
Este no reveló el origen del combustible que ardió.
A partir de ese caso, según fuentes consultadas que hablaron a condición de anonimato, desde que el incendio de la pipa estalló, las dependencias estatales se hicieron de la vista gorda y las federales de Los Mochis intentaron minimizarlo.
Sin embargo, el caso se turnó a dependencias nacionales pues estaba sesgado el origen del combustible siniestrado, que podría ser de extracción ilegal de ducto o de importación simulada.
El abogado fiscalista nacional y ex asesor de la Cámara de Diputados, Luis Puente Pérez, dijo que el Gobierno Federal implementó una política de investigación de clientes de empresas factureras que facturan ventas de productos ilícitos a gasolineras acreditadas, por lo que afectan la tributación nacional.
Pérez explicó a reporteros que con el huachicol se afecta los ingresos del país, y por tanto ya se sabía que cuando las factureras desaparecen por una investigación, el sistema fiscal irá sobre los clientes, en el caso, las gasolineras.
Estas son las que blanquean el dinero, y ahora deben de comprobar el origen lícito de combustible y su venta al público.
El asunto del huachicol pasa de ser un caso penal a uno fiscal, y finalmente de afectación a las actividades comerciales del país.
Artículo publicado el 23 de noviembre de 2025 en la edición 1191 del semanario Ríodoce.
