El pasado 9 de octubre la presidenta Sheinbaum presentó una iniciativa de nueva Ley de General de Aguas, en la que se eliminan los principios rectores de los últimos 30 años. Se modifica la gestión del recurso, sobre todo el papel de las juntas de los usuarios agrícolas y otros usuarios privados, para dar preeminencia al Estado como gran gestor del agua, lo que sin lugar a dudas requiere mayor discusión y recursos económicos.

La concesión del agua y el papel de Conagua

En la nueva ley de aguas, se propone una modificación al papel de la CONAGUA como regulador. Éste se modifica para convertirse en un gestor, con mucha mayor autoridad. No obstante, su mayor capacidad de castigo para el mal manejo del agua, deberá ser críticamente analizado y de forma conjunta con los actuales concesionarios, ya que la administración del agua implica también inversiones significativas por parte de los usuarios, y ello exige dar certeza a los mismos.

Es bien sabido, su servidora incluso lo ha señalado, que la gestión del agua en México tiene importantes áreas de oportunidad, pero la expedición de una nueva ley y el mayor control del Estado, sin esfuerzos de inversión pública para mejorar la tecnificación, ni certeza jurídica de quienes utilizan el agua con fines de producción, ya sea en la industria o en la agricultura; tampoco mejora el panorama. El paquete económico 2026, debiera contener recursos destinados no solo a la mejora de infraestructura, sino al mantenimiento de la existente, caminos, pozos y otras infraestructuras.

Uso doméstico y urbano: Juntas municipales de agua en quiebra

Por otro lado, llama la atención que se desea priorizar, como ya lo es, el consumo humano por encima de los fines industriales, comerciales y agrícolas, pero se establece que el servicio de agua potable no pueda ser suspendido por falta de pago.

En ese sentido, requiere revisión la situación de los Organismos Operadores de Agua (OOA) en México, cuya operación se encuentra frecuentemente en problemas financieros. Según un estudio publicado por el INEGI, “Panorama censal de los organismos operadores de agua en México”, en promedio, el 44 por ciento de los gastos de los OOA es para electricidad. Es pues, común encontrarse con que las juntas municipales de agua no cuentan con recursos para hacer los pagos a CFE, o bien su operación se ve comprometida al no poder hacer frente a otros gastos de mantenimiento operativo y tratamiento de aguas.

Si bien, el uso de agua urbana y suministrado por las OOA no representa la mayor parte del agua en México, sí es crítico plantear esquemas claros de recursos económicos en los municipios, en el caso de que los usuarios se resistan a pagar, ya que la mejor forma de obligar a los usuarios a cumplir con su cuota es la suspensión del servicio, pero si esto se prohíbe deberán destinarse recursos adicionales para que las juntas puedan fortalecer sus finanzas, e incluso abatir rezagos en materia de infraestructura de extracción, operación y captación y garantizar el agua, aún sin pago.

¿Habrá más recursos?

La iniciativa ya fue evaluada en la Cámara de Diputados y se confirma que no requiere recursos adicionales para su implementación… pero es imperativo, desde mi punto de vista, más recursos y democratización si quiere lograr sus objetivos, pero esto no se refleja en el presupuesto, es decir, no hay.