Mientras que Gerardo Vargas Landeros hizo llegar a los regidores de Ahome un documento que muestra la resolución donde un juez federal de Zacatecas ordena que sea de inmediato restituido en su cargo de alcalde de Ahome, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, declaró que la actuación del juez tenía evidentes irregularidades que pudiesen conducir a su destitución.

Vargas Landeros había presentado una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas en contra de la declaratoria de procedencia extendida el 2 de mayo por el Congreso del Estado.

El juez entonces resolvió el 29 de julio conceder la suspensión definitiva de las normas reclamadas, y en consecuencia sea restituido por las autoridades responsables al cargo de presidente Municipal para el cual fue electo. El documento fue entregado a los regidores de Ahome el 30 de julio y fue enviado por Vargas Landeros al Congreso del Estado.

La Junta de Coordinación Política del Congreso local emitió un posicionamiento sobre el caso que fue leído al iniciar la sesión del Pleno, la última del segundo periodo ordinario de sesiones.

En primer lugar, el Poder Legislativo señaló que no habían sido notificados formalmente de ninguna resolución. El documento sobre la resolución del juez, firmado por Vargas, fue entregado a la oficialía de partes del Congreso por un particular.

Le siguió la afirmación en letras mayúsculas que las declaratorias de procedencia, como la que se dio en el caso Ahome son irrecurribles, es decir, inimpugnables, según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, el juicio de amparo no procede por la autoridad soberana que tienen las legislaturas locales.

La Jucopo además planteó que el juez de Zacatecas se refirió a una medida cautelar que no entra al fondo del asunto, que está por desarrollarse en una audiencia constitucional que será el 8 de septiembre.

Los diputados señalaron además en el comunicado que sobre el caso Ahome y la declaratoria de procedencia se han interpuesto recursos de amparo en otros estados, solicitando la suspensión, y se han declarado improcedentes. Por tanto, es improcedente volver a conocer del mismo tema, según lo señala la Ley de Amparo en su artículo 145 que debe declararse sin materia el incidente de suspensión cuando ya hay una resolución que la niega.

Además, señalaron que la situación del quejoso, en este caso Gerardo Vargas Landeros, hoy es otra, al estar vinculado a proceso.

“Cualquier autoridad de amparo advertiría la imposibilidad jurídica de restitución en cualquier cargo que tenga fuero”, indicaron los legisladores.

“Estamos ante un acto de corrupción, toda vez que se invocó una supuesta orden de aprehensión en un estado diverso al hecho impugnado para tratar de forzar la competencia y la procedibilidad de la revisión de un acto jurídico que es constitucional y legal. La actuación del Congreso sobre el caso Ahome es constitucional y plenamente apegado a derecho”, recalcaron.

Un día después de la sesión, la presidenta de la Jucopo, Teresa Guerra Ochoa, adelantó que el Congreso del Estado de Sinaloa pudiese presentar una denuncia penal contra el juez federal de Zacatecas que concedió una suspensión al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros para que sea restituido en el cargo.

Si se presentara una queja contra el juez pudiese darse su destitución porque hay evidentemente muchas irregularidades en la resolución, manifestó.

La diputada señaló que el juez se está acogiendo a que ya va a terminar su periodo en el caso porque participó en el proceso de elección de jueces y no quedó.

Precisó que entre las evidentes irregularidades está el hecho de que la Ley de Amparo señala un término de 15 días, pero los hechos controvertido a que hace referencia son del día 2 de mayo.

Incluso la diputada, también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que había toda la evidencia, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, que en el Poder Judicial hay corrupción.

“Hay una situación de desespero, al tratar de vender una narrativa que evidentemente no tiene ningún sustento, pero realmente a quien puede afectar es al mismo juez, una vez que notifique al Congreso del Estado de Sinaloa”, advirtió.

Por unanimidad, el pasado 2 de mayo el Congreso del Estado retiró el fuero al entonces alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landero y al diputado Genaro García Castro. La solicitud había sido presentada ante el Poder Legislativo por presunto delito de ejercicio indebido de la función pública, al autorizar la renta de 126 patrullas por 171 millones de pesos sin mediar una licitación, como mandata el marco legal.

Para el 4 de junio, Vargas Landeros fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, expediente seguido por la Vicefiscalía Especializada en Combate de la Corrupción.

Artículo publicado el 3 de agosto de 2025 en la edición 1175 del semanario Ríodoce.