Gobierno repite vicios sexenales: criminólogos
Rosario Valenzuela tiene tendido en un ataúd a su tío Rosario Blanco en Juan José Ríos, pero ella está en Los Mochis, a unos 25 kilómetros de distancia, justo enfrente de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte de Sinaloa.
Ella tiene un reclamo: Justicia para su tío y a la vez padrino, asesinado a golpes la noche del 13 al 14 de julio. Él era un individuo de la comunidad LGBTIQ+ y le conocían como Charis.
Rosario fue también la que encontró el cuerpo, tras horas de no saber nada de él y porque no contestaba llamadas telefónicas ni mensajes de texto, aunque sí los recibía.
Por esa ausencia, la sobrina decidió buscarlo en su casa. La encontró cerrada. Llamó a un cerrajero y cuando este abrió la puerta, lo que observó la aterró. Su tío yacía en el piso, inmóvil, quieto. A gritos pidió ayuda y luego denunció el caso ante la policía, que en instantes llenó el lugar de patrulleros.
Unos días después, ella recibió el cuerpo y se preparó a velarlo. Un duelo que brevemente interrumpió por su exigencia de justicia.
“Justicia, se merecen todas las personas que como a mi padrino les quitan la vida de forma violenta y con odio. Es una muerte que no puede quedar impune. Exijo que se investigue en lo más profundo para que den con el o los culpables. Lo que tenga que pasar”.
“(Fiscalía) Le están poniendo empeño, están haciendo su trabajo. No nos dan avance, es parte de su trabajo, no decir nada para tener las pruebas. Tengo fe… de la espera de día y noche, va avanzar y va ser de provecho y será positivo… tienen que dar con la persona responsable”, dice mientras se aferra a un retrato que lleva entre sus brazos. Sus palabras se cortan y las lágrimas la ahogan.
Justo a su lado, en esa noche calurosa de verano en donde el aroma a sudor se confunde con el plástico del banner y de unas veladoras que se acomodan para formar la palabra paz en el suelo, está también un joven trans que lleva un banner con una clara exigencia de “Justicia para Vale”, un adolescente residente del ejido 5 de Mayo, cuyo cadáver fue localizado el 28 de junio (2025) a cielo abierto en una parcela.
Su familia lo identificó como Ricardo Valentín “N”, pero sus amigas de comunidad lo llaman Vale.
Él pasó varios días desaparecido, hasta que fue encontrado en notorio avance de descomposición. Muestras genéticas confirmaron la identidad.
“La callaron por una homofobia, porque apenas estaba en su transición. La transfobia existe y en Los Mochis ya se está reflejando, por eso reclamamos justicia para que se detengan. No somos un bicho raro, somos igual que el resto, que todos los demás. No podemos quedarnos calladas con lo que está sucediendo”, arenga con voz pausada Ashli Chanel Gómez Cortez, un adulto joven que se define como sujeto trans de la comunidad LGTBIQ+.
“No dejen pasar el maltrato…, hablemos, denunciemos porque estas personas ya no están más con nosotras…”
Allí también están deudos de Juventino, Juve o Violeta, la ex reina de la diversidad 2023 de San Miguel Zapotitlán y cuyo cadáver fue encontrado en su casa posterior a su coronación.
La familia ahora está más tranquila y aunque dice que todavía confían en la capacidad de la Fiscalía para esclarecer el caso, reconocen que no tienen avances, y que ellos, como familia, ignoran más de lo que saben.
Aseguran que su reclamo de justicia no terminará y que asistirán a todas las convocatorias para reclamarla.
Erika Acosta, una activista pro LGBTIQ+, asegura que los ataques a los miembros de la comunidad son incontables e imparables, cotidianos.
En dos años han sucedido muchos ataques y han asesinado a Juventino, Alma, Román, Vale, Charis, ejemplifica.
Reconoce que la forma de reivindicar esas vidas perdidas es escuchar a las familias, acompañarlas en el reclamo, aunque en este se reviva ese sentimiento, que quiebra.
“Hay voto de confianza a la fiscalía, veo su trabajo, creciendo en expedientes, no creo que pierdan el tiempo. Todo el tiempo llega”, opina.
Para el fundador del Colegio de Criminólogos del Noroeste, Leonel Valenzuela, los hechos cotidianos en Sinaloa hablan de una descomposición del gobierno, así como de la inutilidad de las políticas públicas de prevención del delito atendiendo las causas, el combate a los hechos y la aplicación de sanciones a los responsables.
Los hechos de delincuencia común y circunstancial también revelan improvisación, reacción, pero no planeación ni ciencia, ejemplificando que lo más reciente es el incremento de penas a delitos diversos y la creación de otros.
“Durante décadas se ha probado que aumentar las penas no detiene los delitos, pero lo siguen haciendo. Eso es mero trámite político sin efecto social”, dice.
Valenzuela asegura que los gobiernos y los políticos en general deben de escuchar y actuar con base a la ciencia y no a la improvisación porque Sinaloa y México avanzan hacia la constitución de un país deplorable, una realidad que está a la vuelta de la esquina.
Artículo publicado el 3 de agosto de 2025 en la edición 1175 del semanario Ríodoce
