La síndica procuradora y dos regidoras del Ayuntamiento de Ahome, afines a Gerardo Vargas, son removidas de sus puestos

En el Ayuntamiento de Ahome el grupo de “gerardistas” se está reduciendo con la separación del cargo de dos regidoras afines al ex alcalde Gerardo Vargas Landeros y a la síndica procuradora, la única funcionaria de primer nivel que le quedaba.

Tras la salida de la alcaldía de Vargas Landeros en mayo, personas cercanas a él han dejado el Ayuntamiento y para mediados de junio los siete secretarios municipales que él había nombrado, ya había sido sustituidos.

El 28 de abril, Gerardo Vargas solicitó licencia provisional para separarse del cargo y el Cabildo nombró a Rosa Margarita Velázquez Valdez como alcaldesa provisional y el 1 de abril el Congreso del Estado aprobó el desafuero de Vargas Landeros para permitir que fuera llevado a proceso penal por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por el arrendamiento irregular de 135 patrullas por 161 millones de pesos.

El 2 de mayo, el Congreso nombró alcalde sustituto a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez e integrantes del gabinete de Vargas Landeros empezaron a dejar sus cargos en el Ayuntamiento.

Los primeros en presentar sus renuncias fueron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo Montoya; el secretario de Obras Públicas, Jaime Romero; y el director de Servicios Públicos Municipales, Bernardo Cárdenas.

Días después de rendir protesta, el alcalde sustituto dio a conocer que pediría las renuncias de todos los funcionarios de primer nivel.

De los funcionarios “gerardistas”, Menéndez de Llano Bermúdez solo ratificó a Juan Antonio Garibaldi Hernández como secretario del Ayuntamiento, pero en junio pasado presentó su renuncia.

La única funcionaria de primer nivel del grupo de Vargas Landeros que quedó fue la síndica procuradora, Cecilia Hernández Flores, quien permaneció en el puesto debido a que no puede ser removida por el presidente municipal; pero la semana pasada fue separada temporalmente del cargo por un juez.

El mismo juez separó también a las regidoras Judith Elena Luna Castro, coordinadora de la fracción morenista; y a Marysol Morales Valenzuela, ambas afines a Vargas Landeros.

Como regidores “gerardistas” quedaron el hermano del ex alcalde, Gabriel Vargas Landeros, Rosa Margarita Velázquez Valdez, Aurora López, Feliciano García Mendoza y José Trinidad Velázquez Chaparro.

Las dos regidoras removidas están vinculadas a proceso penal junto con Vargas Landeros y ex integrantes del Comité de Adquisiciones por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública presuntamente por aprobar sin licitación que se contratara el arrendamiento de patrullas.

La síndica procuradora y el ex alcalde están vinculados en otro proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos por negarse a proporcionar información cuando investigaba el arrendamiento de las patrullas.

La separación del cargo de las regidoras y la síndica procuradora ocurrió después de que el grupo afín a Vargas Landeros en el Cabildo, solicitó a la presidencia municipal fundamente la legalidad del nombramiento que hizo el Congreso del Estado de Bermúdez de Llano Menéndez como alcalde sustituto.

En el oficio los regidores y la síndica Procuradora aseguran que el nombramiento del Congreso contraviene la Constitución, ya que el cargo de presidente municipal no estaba vacante porque tras la salida de Vargas Landeros, el Cabildo ya había designado a Rosa Margarita Velázquez Valdez como alcaldesa provisional.

En una audiencia celebrada el martes 22 de julio, la Fiscalía General del Estado, solicitó al juez Carlos Alberto Herrera, separar del cargo a Judith Elena Luna y a Marysol Morales.

La Fiscal Liliana García dijo que la fiscalía no había pedido la separación del cargo porque confiaban de buena fe en que ellas lo harían o que se conducirían con probidad y sus actitudes serían en beneficio del municipio de Ahome.

Señaló que el oficio del 17 de julio en el que solicitan fundamentar la legalidad del nombramiento del alcalde sustituto demuestra que las regidoras están defendiendo los intereses personales de Vargas Landeros y no los del Ayuntamiento.

Mencionó que, además, confirma que tienen influencias en otros funcionarios del municipio, entre ellos la síndica procuradora, quien es testigo en la causa penal en la que están involucradas las regidoras.

El juez Carlos Alberto Herrera consideró que era procedente separarla temporalmente del cargo para proteger los intereses del ofendido que es el Ayuntamiento y evitar que puedan obstaculizar la investigación porque tienen acceso a documentos y a personal que pudiera ser llamado a declarar como testigo.

Mencionó que al mantenerse como regidoras se compromete la credibilidad del Ayuntamiento, aumenta la desconfianza en las instituciones, envían un mensaje de impunidad y desprestigian la función pública.

Un día después, el miércoles 23, el mismo juez separó del cargo temporalmente a la síndica procuradora, Cecilia Hernández Flores.

El fiscal, José Roberto Quiñónez, argumentó que era necesario separarla porque la Fiscalía pretende hacer investigaciones y entrevistar a personal a cargo de Hernández Flores.

Aseguró que si permanecía como síndica procuradora podría influir en los testigos para que actúen con reticencia o declaren falsedades.

El juez resolvió separarla por considerar que su permanencia como servidora pública puede influir de manera indebida en el desarrollo de la investigación y ocultar o modificar documentos o influir en los servidores públicos que declararán como testigos.

Artículo publicado el 27 de julio de 2025 en la edición 1174 del semanario Ríodoce