García Castro, ex secretario del Ayuntamiento; y Romanillo Montoya, ex secretario de Seguridad Pública, se deslindan de Vargas Landeros en audiencia

Mientras ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome se niegan a declarar contra su ex jefe, el ex alcalde Gerardo Vargas Landeros, en la investigación por la renta de patrullas a sobre costo, dos involucrados en la contratación se deslindan de él.

De acuerdo con documentos judiciales, la Fiscalía multó al ex director de Tránsito Municipal, José Alfredo Gutiérrez Rivera; al ex director de Egresos, Anselmo Acosta Bojórquez; a la ex auxiliar de la Dirección de Egresos, Analy Angulo Castro; y al ex director de área, Aldo Aníbal González Sandoval, por negarse a declarar, pero ellos aseguran que sí quisieron hacerlo acompañados de un abogado y la Fiscalía los rechazó.

En una audiencia celebrada la semana pasada, dos de los funcionarios involucrados en la contratación del arrendamiento, el ex secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; y el ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Romanillo Montoya, se deslindaron del alcalde y ambos aseguran que ellos no participaron en la contratación.

Para integrar la carpeta de investigación por el arrendamiento irregular, la Fiscalía llamó a declarar como testigos a José Alfredo Gutiérrez Rivera, Anselmo Acosta Bojórquez, Analy Angulo Castro y Aldo Aníbal González Sandoval.

Los ex funcionarios fueron citados dos veces en el mes de abril, primero en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Culiacán; y después en la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, en Los Mochis.

Según la Fiscalía en ambas ocasiones se negaron a rendir su declaración en calidad de testigos y les impusieron una multa de 22 mil 628 pesos.

Los ex servidores aseguran que sí se presentaron en ambas ocasiones con la intención de dar su declaración, pero querían hacerlo acompañados de un abogado y los fiscales no se lo permitieron.

Los ex funcionarios promovieron amparos contra la multa que les impuso el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Marco Antonio Álvarez Armenta y aún sigue en trámite.

En el caso del ex director de Tránsito Municipal, José Alfredo Gutiérrez Rivera, la Fiscalía señala que él estuvo presente en la sesión del Comité de Adquisiciones en la que se aprobó la contratación sin licitación para hablar sobre los requerimientos que tenía la policía vial de patrullas.

La FGE quería la declaración como parte de la investigación del arrendamiento de 135 patrullas por 161 millones de pesos que tuvo un sobre costo de 42 millones.

Las patrullas fueron rentadas a la empresa Grinleasing, pero realmente fue un subarrendamiento, ya que ésta no tenía vehículos y los rentaba a Casanova Vallejo.

Según la Fiscalía, Casanova Vallejo rentaba las patrullas a Grinleasing en 2 millones 924 mil 583 pesos mensuales; y Grinleasing las subarrendaba al Ayuntamiento en 4 millones 739 mil 536 pesos.

Por la contratación del arrendamiento, la semana pasada se llevó la audiencia inicial contra el ex alcalde y los ex funcionarios Héctor Adonai Beltrán Moreno, Fausto Ibarra Celis, Julio César Romanillo Montoya, Genaro García Castro, Judith Luna, Marisol Morales, Gerardo Iván Hervás Quindos y Antonio Humberto Vega Arellano.

Durante la audiencia, García Castro, ex secretario del Ayuntamiento; y Romanillo Montoya, ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se deslindaron de Vargas Landeros.

Luis Antonio Sánchez, defensor de Vargas Landeros, dijo que el alcalde solicitó la contratación del arrendamiento para dar cumplimiento a un oficio que envió Romanillo Montoya, en el que le señala la necesidad de nuevas patrullas debido a que el parque vehicular estaba deteriorado.

Aseguró que de no haber dado cumplimiento a la solicitud, el alcalde habría caído en la omisión de no dar seguridad pública al municipio.

El abogado de Romanillo Montoya, Sergio Avendaño, respondió que su defendido sí envió el oficio, pero no pidió que el contrato se adjudicara sin licitación.

Aseguró que tampoco participó en el proceso de contratación porque no es parte del Comité de Adquisiciones ni estuvo en la reunión en la que se aprobó exceptuar la licitación.

Mencionó que el contrato fue firmado por Vargas Landeros y Raúl Hernández, apoderado de Grinleasing; y la firma de Romanillo aparece como “corresponsable”, figura jurídica que no existe por lo tanto tiene la misma validez que la de un testigo.

Aseguró que el funcionario tampoco intervino en la modificación que hicieron al contrato meses después de firmado; y se enteró que habían hecho modificaciones cuando la Fiscalía le entregó la copia de la carpeta de investigación.

Manifestó que la modificación al contrato la hizo Vargas Landeros con el representante de la empresa.

Eduardo Armenta, abogado de Genaro García Castro, dijo que su defendido tampoco participó en la contratación porque el secretario del Ayuntamiento no tiene facultades para contratar y tampoco forma parte del Comité de Adquisiciones.

Detalló que García Castro firmó el contrato de arrendamiento porque el reglamento municipal establece que debe firmar para dar fe de los actos en los que participa el alcalde.

El juez consideró que Vargas Landeros, García Castro, Romanillo Montoya; y el resto de los funcionarios presumiblemente actuaron con dolo al adjudicar el contrato sin licitación porque sabían que debía hacerse por licitación pública.

El juez dictó auto de vinculación a proceso contra todos los ex funcionarios y concedió a la Fiscalía un plazo de seis meses para terminar la investigación.

Artículo publicado el 13 de julio de 2025 en la edición 1172 del semanario Ríodoce.