Mayos yoremes esperan visita de la secretaria de Semarnat

Usando tecnología disponible, plataformas digitales y sentido común, dos activistas de Sinaloa Despierta, organismo ciudadano de defensa ambiental, demostraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, en alianza con el gigante mundial del amoniaco Proman, truquearon procedimientos mexicanos y pasaron por encima de autorizaciones, para asentar su planta de producción de agroquímicos peligrosos en un predio prohibido, que es defendido como territorio sagrado por indígenas mayos yoremes.

La investigación de los ambientalistas suplió las deficiencias y omisiones de los inspectores de la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente (Profepa), quienes en visitas sucesivas no habían detectado anormalidad en las obras con los permisos aprobados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y forzó una indagatoria más profunda hasta encontrar las anomalías en la tenencia de la tierra y en los procedimientos sucesivos.

Esa investigación y la inspección de Profepa en el territorio señalado, motivó una embestida legal por el comisariado ejidal del predio Rosendo G. Castro y un particular, quienes habían vendido a GPO los terrenos para asentarse. Ambos sujetos se ampararon para evitar que Profepa continue indagando la base legal de cómo se escrituraron los terrenos y la ubicación misma.

Y es que las investigaciones de los activistas demostraron que, en realidad, la planta de amoniaco se construye en zona inundable considerada como área marítima, sin posibilidad de escriturarse por ser zona de reproducción natural del humedal y base del ecosistema marino de la bahía de Ohuira Topolobampo Santa María.

José Luis Luna Bojórquez, un profesionista de tecnologías de la información con 35 años de experiencia y estudiante de doctorado, y Enrique Ayala Carrejo, fundador de Sinaloa Despierta, y ambos activistas ambientalistas, documentaron en una investigación personal lo que los empresarios estaban realizando en el polígono que el gobierno del priista, Francisco Labastida Ochoa (1987-1992) proyectó para Topolobampo y que ha sido ejecutado meticulosamente por los subsecuentes mandatarios.

De acuerdo con la investigación de los activistas que se tradujeron en dos denuncias ante Profepa, la primera presentada 14 de septiembre del 2023 y archivada durante dos años, y la segunda el 22 de diciembre del 2023, mismas que al ser integradas en un solo expediente, la dependencia propuso desecharlas y archivarlas por no haberse encontrado irregularidades ni anomalías en los procedimientos y obras realizadas en la zona.

Dentro del plazo de inconformidad que Profepa dio a los denunciantes, el 31 de enero del 2024, los activistas interpusieron un escrito ampliando sus denuncias, pero esta vez, anexaron gráficos, coordenadas, trazos, levantamientos aéreos con dron, comparativas del impacto del polígono antes de las obras, durante estas y posterior a estas en fechas precisas obtenidas de plataformas internacionales cruzadas con la información que contenían las Manifestaciones de Impacto Ambiental con coordenadas, escrituras del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, presentadas por particulares.

“Cruzamos todos los datos que tenemos y nos dio un resultado: es un cochinero, una simulación las normas, un beneficio político al capital que pagarán las comunidades de los alrededores, funcionarios comparsas que se hacen de la vista gorda, gobiernos cómplices para su beneficio particular a costillas de la vida de sus gobernados, empresarios que son funcionarios y que van por las tierras de otras personas pero despojándolas, usando instrumentos jurídicos que ya fueron aprobados por ellos mismos”, sostuvo Ayala carrejo.

Mientras que Luna Bojórquez, estudiante de doctorado en sistemas computacionales e investigador de información geográfica a través de inteligencia artificial, dijo que la base de su investigación fueron la concesión del 26 de noviembre del 2008 aprobada a María Cecilia González, SEMARNAT No. 1718/10 dgzf1288/08 del 31 de agosto de 2010; Manifestación de Impacto Ambiental de GPO25SI201310017 del 19 de diciembre del 2013, resolutivo No. SGPA/DGRA/DG03576 del 21 de abril del 2014; imagen de Google Earth que muestra carretera terminada y relleno de área de planta en proceso 22 de febrero del 2015, resolución 1020/17 DGZF-1288/08 del 29 de agosto del 2017 y segunda concesión de uso de Protección 118/17 el 31 de mayo del 2017.

Así como los permisos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Sinaloa SMARN/DNA/DIRAA/018/2018 carretera de acceso, del 22 de enero del 2018, y los juicios de amparo 528/2018-7B del Juzgado Sexto de Distrito Los Mochis, el 28 de septiembre del 2018; sentencia de amparo 528/2018-7B donde invalida la resolución del 2014 No. SGPA/DGIRA/DG/03576 el 23 de febrero del 2021; reemplazo de concesión SRA/DGIRA/DG-05042-22 para la planta de amoniaco del 19 de septiembre del 2022.

Luna sostiene que la empresa contó con favores políticos y omisiones deliberadas del gobierno federal y estatal para asentarse, pues en el 2017, GPO ya había concluido la carretera de acceso al polígono sin tener los permisos, los cuales se le dieron en 2018.

La empresa rellenó humedales, alteró corrientes y modificó cuerpos de agua dentro de la zona Federal Marítimo Terrestre amparándose en escrituras privadas de una zona federal, lo que es una ilegalidad manifiesta como lo denunció el 17 de noviembre del 2021 la cooperativa pesquera Eustaquio Buelna, que además comprobó que estaban dentro de playas marítimas adyacentes.

Luna Bojórquez comprobó con sus estudios que la empresa GPO sobrepasó los polígonos de la MIA rellenando playas y mar, dañando los ecosistemas marinos y terrestres, lo que debe motivar la cancelación de las concesiones y la rehabilitación del sitio impactado, sin embargo, la respuesta de Profepa ha sido recurrente: no encuentran cambio en el uso de suelo o afectación a vegetación al ecosistema costero o a la zona federal marítimo terrestre.

Tras los nuevos datos, Profepa retomó la investigación, pero omitió deliberadamente informarlo a los quejosos. Luna Bojórquez y Ayala Carrejo, señalaron que, aunque visitaron a los jefes de oficina de Los Mochis y Culiacán, hasta en cuatro ocasiones, ninguno les informó que dos particulares se habían amparado para frenar la indagatoria.

“Nosotros somos terceros interesados, y no nos informó ni el juez ni Profepa ni nadie, pero sí lo hicieron a la empresa GPO, así es que nos dejaban en estado de indefensión. Pero al final, eso nos da un argumento legal para intentar otra causa”.

El amparo

De acuerdo a los datos de los activistas, el caso se trata del juicio de amparo 454/2024 promovido por el comisariado ejidal del ejido Rosendo G. Castro el 24 de junio del 2024 en contra de la emisión del acta de inspección de 18 de junio del 2024 y otros invocando violación a los artículos constitucionales 1, 14, 16, 17, 22 y 27.

El mismo día, el tribunal otorgó la suspensión de plano del acta de inspección, al día siguiente, el 25 de junio otorga la suspensión provisional y el 26 de junio detiene cualquier acto de desposesión de los terrenos inspeccionados y el 18 de julio del 2024 da la suspensión definitiva.

El 29 de julio del 2024, la Dirección General de Zona Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat aportó periciales de topográficos y/o agrimensura, sin que el tribunal acuerde lo conducente hasta el 18 de agosto.

El 3 de diciembre del 2024, el juzgado acepta al perito de la Semarnat, el 26 de febrero del 2025 el ejido da su dictamen particular topográfico, sin embargo, el 7 de abril, el tribunal recibe una notificación de que la FGR delegación Sinaloa no cuenta con perito topográfico por lo que el magistrado recurre a la UAS, al ITLM y a la UAdeO para que definan un perito.

El 13 de mayo del 2025, el juzgado accede a su perito, y el 21 de mayo difiere la audiencia constitucional para el 18 de junio.

El 27 de mayo, el tercer perito pide al tribunal se le reenvíen los cuestionamientos que habrá de resolver la prueba a su cargo.

Y hasta allí quedó la cosa legal.

Un encuentro ríspido… un silencio forzado, por los maestros

La mañana del 24 de mayo, el Juez Séptimo de Distrito, José Francisco Pérez, llegó al auditorio de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) para participar en un encuentro con los estudiantes. Era, además, parte de su campaña de acercamiento social para ser electo para continuar como magistrado dentro de la supuesta renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en el sitio había tres estudiantes mayos yoremes que le resultarían particularmente incómodos: Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira; Claudia Susana Quintero Sandoval, fiestera tradicional y Melina Sandoval, pescadora tradicional de Lázaro Cárdenas.

Estaban, también, revueltos entre el público, pescadores de Lázaro Cárdenas. Todos pensaban que tenían cuentas pendientes con el juez, pues este era quien les había negado el acceso a la justicia por favorecer a la planta de amoniaco de GPO.

El encuentro fue ríspido, accidentado, de reclamos firmes y de respuestas vagas, evasivas, distanciadas. Antes el juez había pregonado que el desarrollo económico estaba sobre los pueblos y defender la inversión privada que se apega a la norma jurídica sobre intereses particulares de pueblos o comunidades, era una obligación de los tribunales.

Claudia tomó el pasillo y el micrófono y lanzó su primer dardo: ¿Cómo puede usted disponer de la vida de nosotros? ¿Por qué para usted vale más el dinero que la vida de los pueblos originarios? ¿Usted permitió que una industria altamente peligrosa se instale en nuestros territorios? El juez dio monosílabos como respuesta, dio traspiés, retó, pero no respondió. ¡Es mi conferencia, no suya! Terminó justificando su negativa a la confrontación.

Fue necesario que los docentes le quitaran el derecho de hablar a los estudiantes mayos-yoremes. Y así, terminó el suceso.

Sin fecha para la visita de Semarnat

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador Tradicional de Ohuira, y quien ha estado esperando la visita de la secretaria de medio ambiente, Alicia Bárcenas, aseguró que, al menos ahora, hay una esperanza de que recorrerán las comunidades mayos-yoremes, que se oponen a que la planta de amoniaco se construya en sus territorios ancestrales y termine matándolos por la contaminación que producirán en sus mares, de donde sacan el marisco con que se alimentan, tierras agrícolas, en donde cosechan vegetales, y del aire que respiran.

“No tenemos fecha, pero sí esperanza. Al menos lo prometió que estaría aquí con Julio Hernández, el periodista de Astillero. Esperemos cumpla. Nosotros nos preparamos para fundamentar el diálogo, ya no con argumentos tribales, sino con la ley en la mano, con investigación de lo que hicieron, cómo fueron favorecidos, cómo cambiaron los permisos. Vamos a documentar todo. Esa industria es ilegal, y no debe estar aquí, aunque los gobiernos la defiendan”.

Artículo publicado el 08 de junio de 2025 en la edición 1167 del semanario Ríodoce.