Por negar información y obstruir la justicia, alega la fiscalía; “confío en que será un proceso justo”, responde el ex alcalde

El primer proceso penal contra el ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, inició la semana pasada y este miércoles 12 iniciará el segundo.

Vargas Landeros tiene abiertas dos investigaciones, una por presunta corrupción en la contratación del arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos, y otra por obstaculizar la investigación de la contratación.

El 4 de junio fue vinculado a proceso penal por la presunta obstaculización. La Fiscalía acusa que en dos ocasiones pidió al Ayuntamiento de Ahome el expediente de la contratación y no lo entregaron.

Durante la audiencia, el defensor del ex presidente municipal, Luis Antonio Sánchez Sánchez, aseguró que Vargas Landeros sí proporcionó la información que la Fiscalía solicitó.

Detalló que el 18 de marzo pasado, el entonces presidente municipal recibió el documento en el que la FGE solicita la información y al día siguiente giró un oficio al director Jurídico del Ayuntamiento, Ricardo García Limón, para que entregara lo que la Fiscalía estaba pidiendo.

El 7 de abril, abundó, recibió otro documento de la FGE solicitando la misma información para que la entregara en un plazo de 72 horas y el mismo día, Vargas Landeros mandó otro oficio a García Limón para que respondiera a la FGE.

El abogado llevó a la sala un documento fechado el 14 de abril, en el que, según él, Vargas Landeros hace llegar a la Fiscalía la información que estaban solicitando.

Con este documento se desprende que la entrega de la información sí se llevó a cabo, expresó.

Mencionó que nunca hubo una orden directa del alcalde de no responder, sino al contrario, existen oficios en los que exhorta al director Jurídico a dar contestación a la FGE de manera inmediata.

“No hubo malicia cuando tuvo la intención de que se contestara, de ninguna manera retardó la contestación, él mismo dio instrucciones a los funcionarios de que dieran la información”, señaló.

El abogado manifestó que no debía ser vinculado a proceso ya que la Fiscalía no presentó datos de prueba que acrediten de qué manera intervino para impedir la entrega de la información.

Comentó que, si otros funcionarios no cumplieron con entregar la información, la conducta no es atribuible a Vargas Landeros.

El fiscal, Roberto Quiñónez Coronado, respondió que el 14 de abril sí entregaron información como señaló el abogado, pero estaba incompleta.

Además, indicó, la proporcionaron después de que la Fiscalía multó a Vargas Landeros y ya había iniciado la carpeta de investigación por negarse a entregar el expediente que le estaban solicitando.

“La entrega de la información fue consecuencia de un medio de apremio y después de que se dio vista para iniciar la carpeta por los delitos que nos ocupan. Atendió el requerimiento hasta una tercera solicitud”, indicó.

El juez, Carlos Alberto Herrera, resolvió que sí había datos de prueba para presumir que Vargas Landeros cometió los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.

“Como servidor público entorpeció la procuración de justicia al no entregar la información requerida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, expresó.

Como presidente municipal, abundó, estaba obligado a proporcionar la información, pero arbitraria y maliciosamente generó un retraso en la administración de justicia al impedir el desarrollo de una investigación criminal.

Como medida cautelar, el ex alcalde debe presentarse cada mes a firmar y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial.

Al salir de la sala de audiencias, Vargas Landeros dijo confiar en la justicia y en que será un proceso transparente.

“Confío en que será un proceso justo, transparente, estoy convencido de que la ley es la que va a imperar”, indicó.

El expresidente municipal aseguró que tiene el respaldo de la ciudadanía y eso lo fortalece.

“Después de mi familia, la ciudadanía me ha dado mucho valor, mucha fortaleza, acompañamiento y eso es lo más valioso. La ciudadanía me conoce, sabe quién soy, son 43 años en la administración y jamás nunca había tenido una situación de estas”, afirmó.

—¿Es persecución política todo esto?

—Me reservo— contestó.

Horas después, emitió un comunicado en el que reconoció que el proceso penal es un intento por sacarlo de la política.

“Es evidente que detrás de este proceso judicial hay motivaciones que van más allá del ámbito legal; se trata de un claro intento por sacarme de la vida política de nuestro estado, utilizando los tribunales como herramienta política. Hoy intentan apartarme con estrategias ajenas al juego limpio democrático”, señaló.

Vargas Landeros aseguró que recurren a estrategias poco éticas para tratar de deslegitimar un proyecto que ha demostrado resultados, cercanía con la gente y un compromiso firme con el desarrollo de Ahome y Sinaloa.

“No me voy a doblegar, tengo la frente en alto y la conciencia tranquila, he trabajado siempre con honestidad, transparencia y entrega al servicio público”.

El miércoles 11 de junio, Vargas Landeros volverá a la sala de audiencias para enfrentar la imputación por presunta corrupción en la contratación del arrendamiento de las patrullas.

Artículo publicado el 08 de junio de 2025 en la edición 1167 del semanario Ríodoce.