GERARDO VARGAS. Antes de entrar a la audiencia.
El alcalde desaforado de Ahome, quien llegó al poder bajo las siglas de Morena, fue detenido y llevado a una audiencia en Culiacán para enfrentar cargos por la presunta contratación irregular del arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos y por negarse a proporcionar información
Después de intentar justificar sus faltas a audiencias penales por supuestos problemas médicos, el ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue llevado por la fuerza ante el juez.
Al ex presidente municipal lo habían citado en tres ocasiones en el Centro de Justicia Penal en Culiacán y no acudió argumentando problemas de salud.
La última cita fue el 28 de mayo y no se presentó, y apenas concluyó la audiencia la Fiscalía General del Estado solicitó una orden de aprehensión para hacerlo comparecer por la fuerza.
La tarde del viernes fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión en su domicilio en Los Mochis y trasladado a Culiacán.
En un video del operativo se observa cuando al menos cuatro unidades oficiales de la Fiscalía le bloquean el paso a la camioneta en donde viajaba Gerardo Vargas, cuando este llegaba a su domicilio. Posteriormente el alcalde desaforado baja de la unidad, cruza la calle, se regresa. Luego de eso, se realizó la detención.
Alrededor de las 17:00 horas, y luego de una revisión médica en el Servicio Médico Forense, en Culiacán, Vargas Landeros entró a la sala de audiencias sonriendo y saludando a las personas que se encontraban en el público y a los medios de comunicación.
El ex alcalde tiene abierta una investigación por la presunta contratación irregular del arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos y otra más por negarse a proporcionar información a la Fiscalía para integrar la carpeta de investigación por el arrendamiento de las patrullas.
La orden de aprehensión fue para llevarlo a comparecer por la negativa a proporcionar información, acusado de los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.
La fiscal, Minerva Castro, dijo que el ex presidente municipal, intencional y maliciosamente obstruyó la justicia.
Manifestó que cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción integraba la carpeta de investigación por el arrendamiento de las patrullas pidió información al Ayuntamiento.
Detalló que el 18 de marzo y el 7 de abril de este año giraron oficios para que proporcionara copia del contrato, solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública del arrendamiento, acta de entrega recepción de los vehículos y comprobantes de las transferencias de pago.
Los oficios fueron respondidos por el director Jurídico del Ayuntamiento, Ricardo García, en los que señalaba que la información requerida eran datos personales y al darlos violaría la vida privada de la empresa y que era ocioso entregarla porque la Fiscalía ya la tenía.
La Ministerio Público dijo que los argumentos eran infundados e inoperantes con la intención de retardar la justicia.
Mencionó que, además, el 24 de abril citaron a declarar a dos trabajadores del Ayuntamiento en calidad de testigos y acudieron a la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, pero también llegaron los abogados Dalvingh Iturrios y José Ortega que les pidieron no declarar.
Manifestó que uno de los testigos insistió en que quería declarar porque si no lo hacía la Fiscalía lo iba a multar y Dalvingh le dijo que si declaraba se iba a meter en problemas con el Ayuntamiento y que el municipio pagaría la multa.
Los dos testigos se retiraron de la Vicefiscalía sin declarar.
La fiscal aseguró que Vargas Landeros se aprovechó de su cargo de presidente municipal para entorpecer la justicia.
“Entorpeció intencional y maliciosamente la justicia para la integración de la carpeta de investigación por el delito de desempeño irregular de la función pública”, dijo.
Vargas Landeros se reservó su derecho a declarar, solo cuando el juez le preguntó si había entendido la imputación contestó: “entendí perfectamente más no estoy de acuerdo”.
Los abogados del ex alcalde pidieron al juez un plazo de 144 horas para presentar datos de prueba, por lo que el próximo 4 de junio volverá a la sala de audiencias para que el juzgador resuelva si dicta auto de vinculación o no vinculación a proceso.
Durante la audiencia, Luis Fernando Gómez, abogado del ex alcalde, afirmó que la detención era ilegal porque Vargas Landeros tenía una suspensión contra orden de aprehensión concedida en un juicio de amparo y no podía ser detenido.
Pidió al juez suspender la audiencia y programar una nueva para que el ex alcalde se presentara de manera voluntaria.
El fiscal Roberto Quiñónez señaló que la suspensión no aplicaba porque cuando fue concedida, la orden de aprehensión todavía no existía.
El juez Carlos Alberto Herrera mencionó que no había ningún impedimento para ejecutar la orden de aprehensión porque esta no existía cuando Vargas Landeros promovió el amparo.
El ex alcalde fue puesto en libertad y el juez advirtió que, de no presentarse el 4 de junio, será declarado sustraído de la justicia y de nueva cuenta será llevado con orden de aprehensión.
La orden de aprehensión ejecutada el viernes fue librada después de que Vargas Landeros no acudió en tres ocasiones.
El ex alcalde fue citado al Centro de Justicia Penal de Culiacán por primera vez el 5 de mayo para que enfrentara la acusación por el arrendamiento de las patrullas.
A la misma audiencia fueron convocados los ex integrantes de su Comité de Adquisiciones Gerardo Iván Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano, Fausto Ibarra Celis, Julio César Romanillo Montoya, Genaro García Castro, Judith Luna y Marisol Morales.
Solo Romanillo Montoya e Ibarra Celis atendieron el citatorio y Vargas Landeros envió un justificante médico, por lo que la audiencia fue programada para el 12 junio.
Por la causa penal por abuso de autoridad fue llamado a presentarse el 9 de mayo y tampoco asistió porque se había caído en el baño y tenía problemas de la columna y fue citado para el 28 de mayo y tampoco acudió.
El 28 de mayo Vargas Landeros mandó un escrito en el que señalaba que se le reactivó un problema intestinal por el que fue operado hace 14 años.
El juez Carlos Alberto Herrera puso en duda la veracidad de los problemas de salud y advirtió que para la próxima tendría que acudir a sala de audiencias un experto que explicara los padecimientos del alcalde y de qué forma éstos le impedían presentarse.
Mencionó que, de acuerdo con el documento que envió el ex alcalde, los problemas intestinales por los que fue intervenido quirúrgicamente hace 14 años se le reactivaron horas antes de la audiencia.
Con el documento, detalló, no se justifica que el padecimiento le impida trasladarse al Centro de Justicia y afecte su capacidad para entender lo que se diga en la audiencia.
El juez programó la audiencia para el 11 de junio, pero horas después la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión para llevarlo a comparecer por la fuerza y fue ejecutada el viernes 30.
Las acusaciones
Gerardo Vargas y su comité de compras están señalados de haber adjudicado de manera irregular un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, que se amplió a 135, por 171 millones de pesos a la empresa Grinleasing, SAPI, de CV el 10 de diciembre de 2021, cuando por el monto debió realizarse mediante licitación pública.
La Auditoría Superior del Estado determinó que no se justificaron los argumentos utilizados para exceptuar la litación, como fue que se pondría en riesgo la seguridad pública y por urgencia, ya que el 70 por ciento del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública se encontraba en condiciones deplorables, y por sus condiciones físicas y mecánicas resultaba inoperante repararlo y prevenir el delito.
Además se encontró que Grinleasing subarrendó las unidades a Casanova Vallejo, SA de CV, por lo que la ASE señaló que la empresa beneficiada “no tenía la capacidad para cumplir con el objeto del contrato de arrendamiento y tuvo que valerse de otro proveedor para cumplir con su obligación, situación que resulta en perjuicio del patrimonio de la administración pública del municipio de Ahome, ya que todo subarrendamiento genera el aumento del costo en cuanto a precio y financiamiento del referido contrato”.
Ante las irregularidades, la ASE presentó una denuncia ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE, la cual abrió la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública en contra de Vargas Landeros.
“Así las cosas, tenemos que el procedimiento de adjudicación directa autorizado por los integrantes del comité de adquisiciones del municipio de Ahome, Sinaloa y el contrato de arrendamiento celebrado y firmado por el C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, fue deficiente, limitativo y, en consecuencia, irregular, motivo por el cual la renta en total de 135 unidades motrices mediante adjudicación directa, recae en una contratación y pago ilegal”, se señala en la denuncia.
Artículo publicado el 01 de junio de 2025 en la edición 1166 del semanario Ríodoce.
gerardo vargas-detencion en ahome. LA DETENCIÓN. Operativo espectacular en Los Mochis.
