Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la constructora estatal Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) realizó tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la investigación, los movimientos financieros se realizaron entre el 4 y el 23 de abril de 2024, durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Los registros internos de Preecasin describen las operaciones únicamente como “pago de factura”, sin detallar el concepto del servicio o bien adquirido.

MCCI detalló que no existe evidencia pública de contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que respalden los pagos, ya que Ahavat Logistics Solution no aparece en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni en el sistema Compranet estatal, lo que impide rastrear formalmente la relación contractual entre la empresa y la constructora pública.

La investigación señaló además que Ahavat Logistics Solution es una empresa creada en 2017 en el Estado de México, con permisos para la comercialización de hidrocarburos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2020. En su objeto social contempla actividades de importación, exportación y comercialización de petrolíferos, diésel y otros energéticos.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Ahavat forma parte de una estructura empresarial vinculada al contrabando de combustible y al lavado de dinero del CJNG. Las autoridades estadounidenses también relacionan a la compañía con Jomadi Logistics & Cargo, otra firma señalada en la misma red, ambas asociadas al empresario J. Refugio Ruiz Villagómez, identificado como pieza clave de la operación.

El organismo recuerda que tanto Ahavat como Jomadi han sido investigadas por transacciones internacionales vinculadas al comercio ilegal de combustibles y por presuntos pagos a organizaciones criminales que controlan rutas y puntos fronterizos, de acuerdo con reportes de FinCEN.

El caso se enmarca en la administración de Rubén Rocha Moya, periodo en el que el propio gobierno estatal ha enfrentado cuestionamientos y señalamientos internacionales. En 2024, una acusación federal en Estados Unidos vinculó al mandatario con presuntas reuniones con integrantes de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa antes de su elección en 2021, así como con supuestos acuerdos para el nombramiento de funcionarios en áreas de seguridad, versiones que han sido rechazadas por el gobernador.

En paralelo, informes de seguridad en México han documentado la reconfiguración de alianzas entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, incluyendo la cooperación táctica entre el CJNG y facciones del Cártel de Sinaloa para disputar territorios, lo que ha incrementado la violencia en la región.

La investigación de MCCI coloca así bajo la lupa los vínculos contractuales de una empresa estatal con una firma señalada internacionalmente, en un contexto de alta tensión política y de seguridad en Sinaloa.