Son 116 mil las mujeres sinaloenses que quieren un trabajo, pero ya no han presentado solicitudes porque repetidamente no encuentran oportunidades por sus circunstancias de vida como sus horarios, ya que tienen que cuidar y alimentar hijos, familiares, enfermos; o por riesgos de seguridad pública al andar solas o con niños en ciudades tan peligrosas como las nuestras, entre otras causas.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nos dice que el 16 por ciento de las mujeres está en esta condición de disponibilidad, pero sin oportunidades mientras que en los hombres es solo el 7 por ciento.

Hay más barreras para las mujeres que para los hombres para encontrar un empleo.

Tampoco hay equidad en los ingresos que obtienen de su trabajo. Volvemos a la encuesta del INEGI del cuarto trimestre de 2024.

El 3.3 por ciento de las sinaloenses que trabajan lo hacen sin recibir un sueldo. Esto solo sucede en el 1.4 de los sinaloenses. Son quienes trabajan en los negocios de familiares o amigos a cambio de comida y/o habitación o por su pertenencia a la familia.

El 34 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen por menos de un salario mínimo. Esto solo sucede en el 17 por ciento de los hombres.

En cuanto a los ingresos más altos, entre quienes tienen ingresos de entre 5 y 10 salarios mínimos está el 1.7 por ciento de los sinaloenses y solo el 0.8 por ciento de las sinaloenses.

Que ganan más de 10 salarios mínimos hay mil 587 hombres y solo 168 mujeres.

Si cruzamos las variables de edad y formalidad laboral encontramos que, en seis de los ocho grupos, los varones tienen un promedio de ingresos mayor que ellas.

Por ejemplo: el ingreso promedio de los sinaloenses de entre 30 y 64 años que trabajan en el sector formal es de 15 mil 730, mientras que el de las sinaloenses es de 11 mil 743. A su vez, el ingreso promedio de los mayores de 65 años que están en la informalidad es de 6 mil 526, mientras que el de ellas es de 3 mil 894.

La explicación de la diferencia de ingresos no es la diferencia de educación. Ellas tienen más escolaridad.

El 34 por ciento de las sinaloenses que trabajan tienen estudios universitarios y, los sinaloenses, el 28 por ciento.

En los niveles más bajos de instrucción, el 16 por ciento de las mujeres con empleo tienen sólo primaria o menos y, los hombres, el 23 por ciento.

La tasa de participación laboral femenina en el estado bajó de 49.9 por ciento a 47.3 entre la medición de diciembre de 2023 y la de diciembre de 2024.

Este porcentaje está muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 67.  De seguir con las mismas estrategias y las mismas políticas sobre la incorporación de mujeres de este gobierno estatal, a Sinaloa le tomaría 265 años alcanzar la tasa de participación económica que hoy tienen las naciones desarrolladas.

Como en muchos otros aspectos fundamentales de la economía, vamos dando pasos hacia atrás, a empequeñecer.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que, para 2035, el PIB del estado podría ser 5 por ciento mayor si el gobierno y el sector privado implementan acciones para sumar a más mujeres a la economía en los próximos 10 años.

La meta estatal sería incorporar a 530 mil mujeres a la economía en los siguientes 10 años.

La cantidad de mujeres no es limitante, ahorita ya hay 692 mil en edad de trabajar que no están económicamente activas por diferentes razones y en el último año 60 mil cumplieron los años mínimos necesarios.

El IMCO plantea propuestas muy concretas:

Desde el sector público. El gobierno debe construir un Sistema Nacional de Cuidados que garantice los servicios y derechos a todas las trabajadoras, incluyendo aquellas que se emplean en la informalidad. Esto implica ampliar el acceso a servicios de salud, cuidado infantil y educación.

Asimismo, es necesario promover la corresponsabilidad de cuidados a través de la aprobación de licencias de paternidad obligatorias que permitan a los padres destinar tiempo a las responsabilidades del hogar y construir un piso parejo de prestaciones que no dependan de género.

Desde el sector privado. Las empresas podrían desarrollar estrategias de flexibilidad laboral y políticas de cuidados.

De igual manera, grupos de empresas pueden implementar estancias de cuidado infantil en los centros de trabajo. Actualmente, las reglas de operación de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permiten a las empresas ser corresponsables en la operación de estancias exclusivas para sus trabajadores. Esta modalidad será renovada bajo el nuevo formato de Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Localmente se deben diseñar las políticas y programas de seguridad pública específicas para la condición de mujer trabajadora que realizan diferentes trayectos hacia su centro laboral, hacia las escuelas, hacia los centros de salud, etcétera, en horarios y condiciones de transporte que requieren de una atención especial.

La recuperación económica tiene una amplia oportunidad si aprovecha debidamente el talento de las sinaloenses.

Parte del plan para no seguir empequeñeciendo.