Van contra gobierno de Gerardo Vargas por arrendamiento de 126 patrullas

Van contra gobierno de Gerardo Vargas por arrendamiento de 126 patrullas

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una investigación por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública contra quien o quienes resulten responsables en el servicio público del Ayuntamiento de Ahome por el contrato de renta de las unidades para seguridad pública en 2021

 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación por el delito de desempeño irregular de la función pública contra quien o quienes resulten responsables en el servicio público del Ayuntamiento de Ahome por el arrendamiento de 126 patrullas con un costo de 171 millones 451 mil 932.40 pesos a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, el 10 de diciembre de 2021.

La denuncia de hechos fue presentada el 28 de junio de 2024 por Octavio Ramón Acedo Quezada, director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego que en la revisión de la cuenta pública de 2021 del municipio de Ahome, que inició el 31 de marzo y concluyó el 9 de agosto de 2022, se determinó que el proceso para el arrendamiento de las patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, debió realizarse mediante licitación pública y no por adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores.

La ASE señaló que, derivado de la auditoría, emitieron el resultado número 65 con observación, al detectar pólizas de diario en las que el Ayuntamiento de Ahome registró pasivos ejercidos con recursos públicos del gasto corriente con el proveedor Grinleasing, SAPI de CV, por 5 millones 634 mil 231.20 pesos por concepto de pago de anticipo y primera mensualidad del servicio de arrendamiento puro de 126 unidades para la SSPyTM, de acuerdo al contrato DA-Arrendamiento-018-2021, por 171 millones 451 mil 932.40 pesos, el cual tiene fecha de vigencia del 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2024.

“Observándose que la contratación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores, debiendo haber sido por el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, lo cual vuelve ilegal la contratación de dicho arrendamiento”, señaló la Auditoría.

En 2021, se estipulaba que un contrato debía licitarse a través de convocatoria pública, cuando el monto superara los 3 millones 455 mil 600.01 pesos.

En la denuncia de hechos la ASE señaló que el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome aprobó la contratación por adjudicación directa de las patrullas, como un caso de excepción a la licitación pública, sin justificar el por qué dicho proceso pondría en riesgo la seguridad pública, “máxime si se advierte de la cotización de la empresa a la que se le adjudicó, que algunos vehículos estarían listos hasta el mes de abril del año subsiguiente, es decir abril de 2022, siendo que la dictaminación de las patrullas se dictaminó desde el mes de noviembre de 2021, y tampoco se encuentra acreditada la necesidad de adquisición o arrendamiento de bienes de una marca o proveedor determinado”.

Añadió que quienes intervinieron en el proceso, violaron la normatividad que encuadra en el delito penal de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado por el artículo 300, fracción IV del Código Penal del Estado de Sinaloa, que señala que se impondrá prisión de seis meses a tres años y de 30 a 180 días de multa al servidor público que ilegalmente realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamiento, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

Cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados, exceda de mil veces el salario mínimo, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de 180 a 500 días de multa, esto independientemente de que durante la conformación de la carpeta de investigación se pudiese realizar el hallazgo de más conductas penalizables.

En la denuncia presentada por la ASE se incluyó toda la documentación del expediente entregado por el Ayuntamiento de Ahome, como son los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet impresos, autorización de pago, orden de compra, anexo técnico, propuesta económica, propuesta técnica, contrato de prestación de servicios, acta ordinaria número 21 del Comité de Adquisiciones de fecha 9 de diciembre de 2021 y acta de entrega recepción de las patrullas, entre las que se encuentran motocicletas, cuatrimotos, camionetas tipo pick up y automóviles.

Ríodoce publicó en 2022 que, para exceptuar el procedimiento de licitación pública, el entonces tesorero Antonio Vega Arellano, argumentó que era urgente realizar la compra debido a que el 70 por ciento del parque vehicular heredado estaba muy deteriorado y no era viable repararlo, y que Grinleasing era la mejor cotización y la única empresa que podría abastecer la cantidad de vehículos solicitados debido a una escasez mundial de microchips que usan los vehículos modernos.

La empresa ganadora es la misma a la que el entonces alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, le rentó 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos. La ASE encontró que esta no contaba con las unidades, sino que a su vez las rentó a otra empresa de nombre Casanova Vallejo, lo que incrementó los costos. Por ello presentó una denuncia contra el presidente municipal, quien finalmente fue defenestrado.

El inicio de la investigación; síndica niega entrega de información

El 28 de junio de 2024, el mismo día que la ASE presentó la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del delito de desempeño irregular de la función pública cometidos en contra del servicio público respecto al Ayuntamiento de Ahome.

 

En la carpeta de investigación se incluyeron como base de pruebas seis notas periodísticas sobre las irregularidades en el proceso de contratación de las patrullas, cuatro de ellas publicadas por Ríodoce en 2022.

Como parte de la investigación, el 17 y 24 de febrero la Fiscalía giró oficios a la síndica procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Cecilia Hernández Flores, para que entregara los expedientes laborales, incluida identificación con fotografía, nombramiento, puesto desempeñado y sueldo nominal de Dalvingh Iturrios Corrales (entonces director de Asuntos Jurídicos), Antonio Humberto Vega Arellano (Tesorero), Héctor Adonai Beltrán Moreno (director de Egresos), Julio César Romanillo Montoya (secretario de Seguridad Pública) y Genaro García Castro (secretario del Ayuntamiento).

Además, se le solicitó copia del expediente que se generó con motivo del contrato del arrendamiento de las patrullas, el informe sobre el uso y lugar donde se encuentran concentradas y/o asignadas las unidades, si la empresa Grinleasing se encuentra dada de alta en el padrón de proveedores, copias de las facturas de las unidades, copia certificada del padrón vehicular de la SSPyTM en noviembre de 2021 y hasta antes del inicio del contrato DA-Arrendamiento-018-2021.

Al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, le solicitó copia certificada de la Constancia de Mayoría de Validez de la elección que acredite a Gerardo Octavio Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2024. El IEES entregó el documento el 26 de febrero de 2025.

A diferencia de la prontitud para responder por parte del IEES, la Síndica Procuradora no atendió la petición, y el 3 de marzo la Fiscalía le dio un plazo de cinco días hábiles para hacerlo, de lo contrario se haría acreedora a una multa de 11 mil 314 pesos, y se daría vista a la agencia del Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación en su contra por la probable comisión del delito de obstrucción a la justicia.

En oficios similares fechados el mismo día, se pidió también información sobre los integrantes del Comité de Adquisiciones que validó la compra de las patrullas, especificando el nombre y cargo de cada uno y si tenía voz y voto, la cuenta bancaria de la cual se realizaron los pagos, el nombre del fondo o partida de donde provinieron los recursos, copia certificada de las pólizas de diario, comprobante de transferencia, estados de cuenta, facturas y toda la información contable de los pagos a Grinleasing, copia certificada de la opinión emitida por el Órgano Interno del Control, en los que se basó para determinar que efectivamente el 70 por ciento del parque vehicular de la SSP de Ahome necesitaba reemplazo, dando cinco días hábiles para hacerlo.

El 10 de marzo, se recibió en la Fiscalía la respuesta de la Síndica Procuradora. En ella argumentó que aun cuando funge como representante legal del Ayuntamiento de Ahome, esto es solo “en los litigios que forme parte”, es decir que carece de facultades y proporcionó copias de los oficios en los que solicitó la información a la Dirección de Egresos y al Departamento de Recursos Humanos, cuyo titulares se negaron a entregar la información señalando que se viola la protección de datos personales de los trabajadores y de la empresa y/o en el caso del contrato o documentos relacionados a pagos, que es información reservada.

El Ministerio Público consideró que debido a que el Ayuntamiento de Ahome forma parte del litigio, la Síndica Procuradora como representante legal del mismo está facultada para solicitar y entregar la información requerida, por lo que ante el desacato le aplicó una multa de 22 mil 628 pesos.

“Al no haber remitido la información que le fue solicitada, y no existir una causa que justifique el incumplimiento de la remisión de dicha información, sino por el contrario, existen actos que indican evasivas a remitir la información y con fines dilatorios, es que se hacen efectivos los dos apercibimientos… ya que la Síndico Procuradura del municipio de Ahome ha sido omisa en remitir la información solicitada”.

El Ministerio Público le envió nuevos oficios el 10 de marzo ahora pidiendo el estado que guarda el parque vehicular de la SSPyTM de 2019, 2020 y 2021, si se adquirieron las patrullas al finalizar el contrato de arrendamiento, y en caso afirmativo señalar qué vehículos se compraron, cuánto se pagó por cada unidad y de qué recursos se erogó el pago, el lugar donde se encuentran concentradas o asignadas las patrullas, entre otra información. Tampoco se obtuvo respuesta y el 12 de marzo le dio un plazo de 48 horas para atender las solicitudes.

El 14 de marzo, cuando venció el nuevo plazo, la síndica entregó copias certificadas de los oficios girados a las diversas áreas y las respuestas en las que persiste la negativa a entregar la información, por lo que dijo que daría vista al Órgano Interno de Control en los casos que correspondiera. De nueva cuenta la Fiscalía le pidió atender las peticiones, ahora en un lapso de 24 horas.

Dichos documentos, son los últimos que integran la carpeta de investigación que tiene abierta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de desempeño irregular de la función pública contra quien o quienes resulten responsables en el servicio público del Ayuntamiento de Ahome por el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones 451 mil 932.40 pesos, y cuyo contrato fue firmado el 10 de diciembre de 2021 por el alcalde Gerardo Vargas Landeros; Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento, Julio César Romanillo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Antonio Humberto Vega Arellano, tesorero y Dalvingh Iturrios Corrales, director de Asuntos Jurídicos.

Artículo publicado el 06 de abril de 2025 en la edición 1158 del semanario Ríodoce.

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